Salud y seguridad encabezan la lista de auditorías de la Contraloría

Las compras públicas en Ecuador, especialmente durante la emergencia sanitaria, siguen bajo sospecha por posibles irregularidades.

La Contraloría General del Estado, que vigila el uso correcto del dinero público, realizará al menos 123 acciones de control a contratos celebrados en 2020, especialmente durante la emergencia sanitaria que fue declarada ante la aparición del Covid-19.

Las acciones de control se desprenden de las alertas notificadas a Contraloría por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que detectó irregularidades durante los procesos contractuales.

La mayoría de irregularidades ocurrió en los contratos firmados por el sector de la salud, especialmente en lo que respecta a la compra de insumos y medicinas para hospitales y centros médicos.

Según la Contraloría, hay 22 contratos de salud con anomalías. También fueron detectadas 22 irregularidades en la contratación de bienes y servicios en el sector de seguridad.

En esa lista sobresalen las supuestas irregularidades en el contrato de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para el servicio de seguridad para los activos incautados en casos de corrupción.

Las irregularidades sobresalen también en los contratos de los gobiernos seccionales. Según la Contraloría, 40 contratos tienen anomalías. De ese total, 30 en los municipios, nueve en las juntas parroquiales y uno en las prefecturas.

La Contraloría también realizará auditorías de control a 29 contratos firmados por las entidades del Gobierno Central.

Los procesos de auditoría (o exámenes especiales) realizados por la Contraloría pueden tardar hasta seis meses en arrojar los resultados definitivos.

Tras esos exámenes especiales, la Contraloría podría determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales en caso de encontrar anomalías en el uso de los recursos públicos.

FMI pide transparencia

En el acuerdo del recientemente firmado programa de crédito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6.500 millones, se incluye el compromiso del Gobierno de aprobar una ley anticorrupción hasta finales de año.

La aprobación de la nueva ley en la Asamblea es uno de los requisitos que el país debe cumplir para recibir un segundo desembolso del FMI por USD 2.000 millones en diciembre.

Según el artículo IV del acuerdo con el FMI, la adopción de una legislación anticorrupción "serviría para proteger los recursos públicos" del país.

Además, el Gobierno busca incluir dentro del proyecto de ley reformas a la Ley General de Contratación Pública.

En ese sentido, Ecuador se comprometió a establecer mecanismos para aumentar la transparencia en los procesos de contratación pública y garantizar una mejor gobernanza de los fondos públicos.

Según el FMI, es necesario "incrementar la transparencia para luchar e impedir sobreprecios en medicamentos e insumos médicos y para disminuir los precios mediante un proceso de compras consolidado para establecimientos de salud y hospitales públicos".

Ecuador también se comprometió con el FMI a publicar la información sobre los contratos públicos y a realizar una auditoría -independiente- sobre los gastos durante la emergencia sanitaria de 2020.

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