El Sercop notificó a la Contraloría de irregularidades cometidas en los procesos de compras públicas, la mayoría detectadas en municipios, gobiernos locales y hospitales públicos.
Las compras públicas parecen ser un escenario expuesto a los actos de corrupción. Al menos eso es lo que ha evidenciado la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 que se declaró en marzo pasado y permitió contrataciones de emergencia.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ratificó esa vulnerabilidad al notificar a la Contraloría sobre supuestas irregularidades en 271 contratos celebrados en el contexto de la emergencia sanitaria.
En el informe consta, por ejemplo, la compra de insumos y medicinas para hospitales y centros médicos. Además de anomalías en la contratación de bienes y servicios en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El Sercop detectó estas irregularidades entre enero y octubre de 2020. El 74,5% de esas contrataciones -es decir 202 contratos- ocurrieron desde que empezó en marzo la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Precisamente por la declaratoria de emergencia, las titulares de distintas dependencias del Estado tienen la facultad de acortar los procesos de contratación, con el objetivo de que la emergencia se pueda enfrentar eficientemente.
El artículo 57 de la Ley de Contratación Pública establece que “la entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios (…) que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia”.
El subdirector del Sercop, Gustavo Araujo, dijo a PRIMICIAS que la institución advierte diariamente a la Contraloría General sobre errores insubsanables que cometen las entidades contratantes.
El informe del Sercop señala que del total de las contrataciones notificadas, 136 procesos se registraron en los gobiernos seccionales y 31 contrataciones con irregularidades ocurrieron en hospitales y centros médicos del Estado.
Tres de esas contrataciones con supuestas anomalías se registraron en el Hospital General de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.
Los procesos tienen que ver con la adquisición de pruebas Covid-19, además de la compra de gel antiséptico y otros insumos para atender la emergencia sanitaria.
Sercop también se fijó en el proceso de abastecimiento de gases medicinales para solventar la emergencia sanitaria en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, en la provincia de Santa Elena.
Otra contratación notificada a la Contraloría fue por la adquisición de medicamentos para enfrentar el coronavirus en el Hospital General de Ambato.
Una vez que las notificaciones son remitidas por el Sercop, la Contraloría tiene la facultad de establecer acciones de control y sirven como insumo para las auditorías que lleva adelante la institución.
Tras esos exámenes especiales, la Contraloría podría determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales en el caso de encontrar anomalías en el uso de los recursos públicos.
Hasta el momento, se desconoce los resultados de esos informes del Sercop, pues los informes finales de los exámenes especiales de la Contraloría pueden tardar hasta seis meses.
32.000 personas se encargan de las contrataciones
Eduardo Araujo, subdirector de Sercop, dijo que unos 32.000 funcionarios se dedican a la contratación pública en unas 3.200 entidades del Estado. Durante el Gobierno de Lenín Moreno solo 8.000 recibieron capacitación de manera presencial en compras públicas.
La pandemia del coronavirus provocó que las capacitaciones se detengan, ocasionando “un problema” al momento de ejecutar correctamente los procesos de licitación.
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