El Sercop solicitó que se revoque una decisión judicial que le impide ejercer controles sobre el proceso de contratación de una póliza de seguros para los activos de Petroecuador.
La contratación de una póliza de seguros para cubrir los activos de la petrolera estatal Petroecuador sigue dando de qué hablar.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) presentó el 9 de noviembre un pedido de revocatoria ante la decisión judicial que le impide emitir actos administrativos contra el cuestionado proceso de contratación de la póliza de Petroecuador.
En el pedido, el Sercop argumenta que hizo un control al proceso precontractual “en apego al ordenamiento jurídico” del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Pero el 4 de noviembre, el juez del cantón Pedro Carbo (Guayas), Hans Kelsen Jiménez, dejó sin efecto las observaciones que el Sercop hizo al proceso de licitación y, con ello, detuvo la acción de control del Sercop en este caso en particular.
El subdirector del Sercop, Gustavo Araujo, dice a PRIMICIAS que esta decisión judicial sienta un mal precedente porque, en adelante, las entidades del Estado acudirán a los tribunales para evadir los controles del supervisor de la contratación pública, que es el Sercop.
“Esta decisión atenta contra la Ley de Contratación Pública, que establece que el Sercop puede supervisar los contratos ya sea por petición de parte o de oficio”, agrega Araujo.
De no revocarse la medida judicial, según Araujo, se estaría atentando contra los principios de la contratación pública, como el trato justo, la legalidad, la concurrencia, la participación y la “correcta utilización de los fondos públicos por parte de 3.200 entidades del Estado”.
El Sercop insiste en que, pese a la medida cautelar, Petroecuador está obligada a detener el proceso de licitación debido a que “existe norma previa, clara y pública que dicta que ante una supervisión o acción de control no podrá realizar más actuaciones”.
Las críticas también recaen sobre el propio sistema de justicia.
Araujo argumenta que la medida cautelar que dejó al Sercop maniatado fue resuelta en dos días; mientras que la audiencia para tratar la revocatoria de la decisión judicial fue agendada recién para el 25 de noviembre.
Uno de los riesgos es que para el 25 de noviembre Petroecuador ya haya adjudicado la póliza de seguros por USD 54,9 millones. La petrolera estatal tiene bienes asegurables por USD 5.954 millones.
La póliza más codiciada
El contrato podría adjudicarse el jueves 12 de noviembre, cuando Petroecuador anuncie cuál de las tres aseguradoras que presentaron ofertas es la ganadora.
Las empresas privadas que participan son Hispana de Seguros y Latina de Seguros, además de la estatal Seguros Sucre, con la que Petroecuador ya ha renovado 17 veces su póliza por falta de una licitación.
La Comisión Técnica de Petroecuador recomendó la contratación de Hispana de Seguros porque presentó la propuesta más baja y sin errores, por USD 54,8 millones.
Un control “a medias”
Petroecuador pidió apoyo al contralor del Estado, Pablo Celi, para transparentar sus contrataciones por medio de la revisión del proceso precontractual en la adjudicación de póliza de multiriesgo.
Según Araujo, la auditoría por parte de la Contraloría no sería completa, en caso que la justicia no dé paso al pedido del Sercop para revocar la medida cautelar.
Esto, dice el funcionario, porque parte de la información con la que trabaja Contraloría proviene de los informes técnicos del propio Sercop.
Pero la medida cautelar dejó sin efecto el último informe del Sercop, por lo que esa información no serviría para futuros controles por parte de la Contraloría.
El informe en mención detectó tres posibles inconsistencias en la fase precontractual para la contratación del seguro de Petroecuador.
La primera es la falta de documentos que muestren el desglose de cada servicio amparado por el contrato, según el Sercop.
La segunda inconsistencia que advirtió el Sercop es que el Estudio de Presupuesto Referencial presentado por Petroecuador no incluye las propuestas de otras aseguradoras, esto con el objeto de tener referencias para saber si el valor del contrato referencial es el mejor.
Además, el Sercop detectó que dentro de los términos de referencia las multas previstas por el incumplimiento del contrato no se apegan a la Ley de Contratación Pública.
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