Algunos de los casos que destaparon la corrupción en los hospitales públicos y del IESS del país al inicio de la pandemia, han cerrado su etapa de investigación y están a la espera de audiencia para conocer si los responsables van a juicio.
Eran los últimos días de marzo. Guayaquil atravesaba la época más dramática de la pandemia de Covid-19, la gente que no hallaba atención ni medicinas, y mientras tanto al interior de los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS la corrupción prosperaba y se extendía rápidamente por el sistema.
No se había cumplido un mes del estado de excepción decretado por el Ejecutivo, que permitía compras ágiles por la emergencia, cuando se conoció el primer caso de corrupción.
El Hospital Teodoro Maldonado del IESS había comprado insumos médicos con sobreprecio. En un contrato por USD 10 millones, constaban mascarillas N95 a USD 12 cuando su precio en el mercado era de máximo USD 3.
Después fue el Hospital del IESS de los Ceibos. Allí se conoció de un contrato de compra de 4.000 bolsas de cadáveres, con el que se pretendía pagar USD 148 por cada una, cuando su precio comercial no superaba los USD 12.
Las denuncias señalaron también al Hospital de la Policía, al del Guasmo Sur y al Hospital General de Machala. Así, la lista de irregularidades se empezó a extender no solo en casas de salud, sino en ministerios, municipios, prefecturas y a salpicar a funcionarios de alto rango.
La Fiscalía General del Estado investiga 157 casos de corrupción en el contexto de la pandemia. Una cifra que cambia regularmente por la aparición de nuevas denuncias.
De los primeros casos de corrupción que se conocieron al inicio de la pandemia, como el caso de las bolsas de cadáveres, ya concluyó la etapa de investigación previa. A inicios de diciembre será la audiencia donde el juez determinará si llama a juicio a los responsables.
En esa misma fase se encuentra el caso por el presunto delito de peculado que ocurrió en el Hospital Teodoro Maldonado del IESS, donde se procesan a 22 personas, entre esos al exdirector Luis Jairala Zunino.
Una Fuerza de Tarea para investigar
Como una olla a presión, los casos de corrupción desbordaban al sistema judicial. Es así que la Fiscalía decidió crear a finales de mayo la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria.
El objetivo era fortalecer las capacidades técnicas investigativas y operativas de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Tener a un equipo concentrado en estas denuncias que llegaban a diario y de los que conocería directamente la Fiscal General del Estado.
Ocho fiscales especializados son parte del equipo, un número que quedó corto, para los 157 casos que están investigando en 18 provincias del país.
Hasta septiembre se habían realizado 1.607 diligencias, de las cuales 154 fueron allanamientos. Además, 654 personas son procesadas y de ellas 55 guardan prisión. preventiva.
El denominador común de la corrupción
Hay elementos similares que ha encontrado la Fiscalía en los delitos que investiga.
Un ejemplo es la contratación de proveedores que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, pero que sirven como instrumento para beneficiar a estas estructuras delictivas.
Este patrón fue denunciado en noviembre de 2019 por la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura su representante, Germán Rodas.
“Es una estructura delincuencial enquistada en toda la red de salud pública, por lo menos en la última década” y detonó en medio de la pandemia por la indignación de la gente para acceder a la atención médica, dice.
“Estos grupos se vuelven beneficiarios de los contratos o de convenios de pagos. Todo funciona a través del sistema de contratación pública que se convierte en un mecanismo de asalto”, apunta Rodas.
El Servicio de Contratación Pública (Sercop) ha sido uno de los obstáculos para las investigaciones de la Fiscalía, refiere un informe de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Dentro de los procesos, el Sercop ha enviado información incompleta o en otros casos, no la ha entregado. Ha sucedido algo similar con instituciones adscritas al Ministerio de Salud Pública.
Otros de los problemas recurrentes para investigar la corrupción en el país es que los jueces tardan entre tres y cinco horas en autorizar los actos urgentes y que las medidas preventivas que han aplicado ha resultado en alto porcentaje de fuga.
Es un sistema que “colabora” con la impunidad, explica Rodas, incluso muchos acusados “han intentado ser candidatos para evadir la justicia”.
Se refiere a Daniel Salcedo Bonilla que quiso participar para asambleísta nacional por el partido FE, de la familia Bucaram.
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