Los impactos ambientales y sociales de la minería informal en el cantón Ponce Enríquez, o el desastre de la Josefina, ocurrido en 1993 por la explotación de áridos, alimentan la oposición. El cuidado de las fuentes de agua es otro discurso como poca oposición en Azuay.
Azuay, una de las provincias con mayor historia minera del país, ha puesto en aprietos al desarrollo de esta industria que los dos últimos gobiernos han impulsado.
La aprobación de una consulta popular para limitar la minería en cinco zonas de recarga hídrica de Cuenca se suma a una serie de iniciativas que en las dos últimas décadas han intentado frenar esta actividad.
En 1999, cuando la empresa canadiense I am Gold adquirió concesiones en el sur de Cuenca, en una zona que ya había sido explorada 20 años atrás, los habitantes de Victoria del Portete y Tarqui (de donde es el actual prefecto Yaku Pérez), empezaron a organizarse.
En estas parroquias rurales de Cuenca -coinciden los activistas- nació el principal foco de resistencia a la minería a gran escala que hay en Azuay.
Paralelamente, a 160 kilómetros de ahí otro territorio azuayo, el cantón Camilo Ponce Enríquez, se convertía en un nuevo distrito minero, impulsado por el alza de los precios internacionales del oro y por la crisis del agro que dejó el fenómeno de El Niño en 1983.
Vista de una instalación de trabajo de la Asociación Minera 12 de Octubre, en Ponce Enríquez, en septiembre de 2020. Cortesía
Aún no eran tiempos de gran minería, pero sí de una creciente industria azuaya que aprovechaba los otros recursos minerales: fábricas de cerámica, cemento, metalmecánica, entre otras.
Por todo ese pasado, el sociólogo Pablo Osorio califica a Azuay como una provincia con vocación minera. “Esa es una tensión que no podemos desconocer, en cualquier familia cuencana, alguien ha tenido relación con la minería”.
Osorio considera que por esa razón, más que una resistencia a la actividad extractiva, lo que es visible en la población azuaya es la preocupación por la conservación del agua. “Ahí sí hay un gran consenso, pero en el tema de la minería no hay tanto acuerdo como se piensa”, sostiene.
El alcalde Pedro Palacios, quien lideró el pedido de consulta popular, admite que no está en contra de la minería. “Para nosotros es fundamental esta lucha por preservar y conservar nuestras fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica”, argumentó.
Antes de enviar la propuesta de consulta, Palacios cuestionó el proyecto que recibió del Cabildo por el Agua porque solo incluía a la gran minería y su propuesta era más amplia.
Tras una asesoría jurídica, el consenso fue plantear una pregunta específica para que esta vez no sea rechazada por la Corte Constitucional.
El alcalde de Cuenca sostiene que la conservación del agua solo puede ser posible si las acciones en adelante también limitan la minería informal y la expansión de la frontera agrícola.
En Azuay están dos de los primeros cinco proyectos mineros estratégicos del país:
- Loma Larga: localizado en tres cantones, Girón, San Fernando y Cuenca
- Río Blanco: en la parroquia Molleturo, de Cuenca.
Los dos son cercanos al Parque Nacional Cajas, lo que agudiza el conflicto ambiental y refuerza la resistencia a las actividades extractivistas.
“El momento que alguien dice que nuestro suplemento de agua puede ser afectado, ese rato despertamos”, sostiene el biólogo Gustavo Morejón, quien ha seguido de cerca el tema minero.
Él concuerda con la necesidad de poner el ojo en los otros problemas que amenazan el agua y los ecosistemas del cantón. "Todas las cuencas que, de una u otra forma nos proveen agua, tienen presencia de actividad minera, pero no solo metálica", explica Morejón.
El experto añade que, de hecho, una razón que alimentó la resistencia al extractivismo es la minería “no regulada y muy peligrosa” que ha existido en la provincia.
Pone como ejemplo los impactos ambientales de la minería informal en Ponce Enríquez o el desastre de la Josefina, ocurrido en 1993, que fue causado por malas prácticas en la extracción de áridos.
Autoridades recorren la zona donde colapsó un muro de contención de una relavera en Ponce Enríquez, el 3 de julio del 2020. Cortesía Municipio de Ponce Enríquez.
“Hemos tenido que pasar por estos desastres naturales y ecológicos para aprender que las actividades mineras deben ser reguladas y que hay una forma correcta de hacer minería y una forma incorrecta”, sostiene.
El activismo se fortaleció la última década
Desde que el gobierno de Rafael Correa empezó a sentar las bases para el desarrollo de la industria minera, la oposición a esta actividad fue por dos caminos: los grupos activistas y campesinos que pedían una consulta popular; y la acción de las autoridades políticas.
En el 2011, el entonces prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, rompió su alianza con el Gobierno Central e inició una batalla contra la minería.
Nosotros en el 2012 hicimos una caminata por la defensa del agua, con la participación de 35 mil personas. #AjíRadio pic.twitter.com/3xsGpgc66q
— Paul Ernesto Carrasco (@PaulCarrascoC) September 26, 2015
Presentó una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera que empezaba a regir en el país. Su postura no era directamente en contra de la minería, su pedido era más bien que la competencia de entregar concesiones mineras sea de los gobiernos provinciales.
Carrasco también apeló a la necesidad de garantizar que los dos proyectos mineros ubicados en Azuay -que el Gobierno consideró estratégicos para el país- no pondrían en riesgo el agua para Cuenca.
Mientras el tema se discutía en el ámbito legal, las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui, territorio del actual prefecto, Yaku Pérez, quien presidía la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, planificaban su primer intento de consulta popular.
Esos esfuerzos no prosperaron. La resistencia a la minería se alimentó con nuevos grupos ambientalistas, como Yasunidos, y un mayor interés de las autoridades locales por el tema ambiental.
En enero del 2017, el Concejo Cantonal de Cuenca presidido por el exalcalde Marcelo Cabrera, declaró al cantón libre de minería metálica. La resolución estuvo enfocada en los páramos y ecosistemas que se encuentran en el Macizo del Cajas.
Aunque, en la práctica, la declaratoria no tuvo mayor efectividad.
Un año después, el Gobierno de Lenín Moreno, tras gestiones de las autoridades cuencanas, incluyó en la consulta popular de febrero del 2018 una pregunta para prohibir la minería metálica en Ecuador, en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
Esa pregunta tampoco significó un avance en los intentos de frenar la minería. En ese entonces, la Constitución ya prohibía la actividad extractiva de recursos no renovables en esas zonas. Solo se amplió a centros urbanos.
Pero el 24 de marzo del 2019, en una nueva consulta popular, Azuay le dio un golpe a la industria minera.
La población de Girón, uno de los cantones donde se ubican las concesiones del proyecto Loma Larga le dijo que no a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?
Aunque ninguno de estos recursos ha frenado totalmente la actividad de los proyectos mineros estratégicos, sí han ralentizado el ritmo al que las empresas tenían previsto avanzar en la explotación de los recursos.
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