Para gremio minero, "calificar a ciertas zonas como territorios de 'interés nacional' no tiene efecto legal ni práctico alguno".
La Cámara de Minería del Ecuador (CME) se manifestó el 15 de enero del 2024 en contra de la propuesta del Gobierno de declarar zonas de interés nacional, al argumentar que esta medida no evitará las actividades ilícitas.
Esta propuesta es parte del segundo grupo de preguntas del Gobierno del presidente Daniel Noboa para las reformas que busca impulsar mediante un plebiscito y que están pendientes de revisión por parte de la Corte Constitucional.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, aseguró en declaraciones a EFE que revocar las concesiones puede causar incluso el efecto contrario.
"Generarían mayores incentivos para que la minería ilegal se propague, pues se dejaría de contar con el apoyo de los concesionarios legales que, pese a tener pocas herramientas para defender sus concesiones, tienen el incentivo de cuidar sus recursos geológicos", apuntó Silva.
"La mejor forma de obtener la explotación responsable de esos recursos es a través de un concesionario. No es revocándole a la industria responsable la concesión y que el Estado luego resuelva qué hacer con ese espacio", agregó.
La presidenta del gremio de la industria minera ecuatoriana remarcó que "la causa de que haya actividades ilícitas de extracción no radica en que se hayan otorgado concesiones en el pasado, sino en la existencia de grupos delictivos que encontraron en la minería ilegal un medio adicional para financiar y lavar dinero de sus operaciones ilícitas".
"Si analizamos a continuación los términos de la pregunta, podemos decir que, en primer lugar, no se comprende la idea de declarar a ciertas zonas y provincias como 'territorios de interés nacional'", aseveró Silva.
"Este concepto no existe en el derecho constitucional ni se lo comprende en el lenguaje cotidiano. Se entiende que todo el territorio del Ecuador es de interés nacional. Por lo tanto, calificar a ciertas zonas con dicha categoría no tiene efecto legal ni práctico alguno", añadió.
Asimismo, recordó que "el Estado siempre tiene la facultad de evaluar la terminación de una concesión (no solo una vez) siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución y la ley de la materia".
También destacó que la eventual “revocatoria” de una concesión generaría una seria responsabilidad al Estado por los daños y perjuicios que le generaría al concesionario, que en caso de ser extranjero podría devenir en un arbitraje internacional con posibles multas millonarias.
Silva explicó que, en la mayoría de los casos, la minería ilegal se realiza sin la autorización de los concesionarios, quienes no pueden realizar actividades mineras porque sus concesiones se encuentran invadidas, y señaló que la Ley de Minería ya establece la causal de caducidad como una sanción al concesionario minero que tolere la minería ilegal.
En cambio, la CME expresó su respaldo a otra de las preguntas presentadas por el Ejecutivo para la consulta popular, referente al aumento de penas para varios delitos, entre ellos por el de extracción ilícita de minerales.
Entre las otras preguntas presentadas por el Gobierno a la Corte Constitucional destaca una dirigida a proporcionar un blindaje legal a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía en situaciones que requieran su actuación con el objetivo de garantizar el control de la seguridad interna.
Otras preguntas plantean la posibilidad de permitir la extradición de ecuatorianos y la expropiación de bienes de origen ilícito o injustificado a delincuentes y restituir los juegos de azar y casinos en el país.
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