Marco López: "pretenden decapitar la tarea de control a las empresas"

El Superintendente de Compañías, Marco López, advierte sobre la reforma legal que tramita la Asamblea y que plantea que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) participen en bolsa.

El proyecto de ley reformatoria a la Ley de Compañías para la optimización e impulso empresarial ha puesto en alerta a las autoridades de control.

En entrevista con PRIMICIAS, Marco López, superintendente de Compañías, advierte que la reforma, que ya pasó el primer debate en la Asamblea, debilita la función de control del organismo.

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Para López, es un riesgo permitir a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que son empresas que tienen requisitos para operar más laxos, que entren al mercado de valores, como plantea el proyecto de Ley.

Marco López, superintendente de Compañías, Seguros y Valores, en mayo de 2022. Archivo de la Superintendencia de Compañías

¿Por qué la reforma que discute la Asamblea limita el control de la Superintendencia de Compañías?

La parte más preocupante es que la reforma reduce el tiempo de control posterior que puede hacer la Superintendencia de Compañías a las empresas, las sociedades anónimas y las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Ahora el plazo para ejercer el control posterior es de siete años, pero la reforma lo restringe a un año.

Un año es insuficiente para evaluar a las más de 140.000 empresas que hay en el país. En ese contexto, la reforma podría abrir la puerta a un uso y abuso de la Ley, crear un festín o libertinaje societario.

Incluso podría haber gente que utilice estos vacíos de la reforma para crear un caos societario.

Un año es insuficiente para evaluar a las más de 140.000 empresas que hay en el país.

Con un plazo tan corto de control, el problema es que no se detecten a tiempo casos que supongan riesgos para el sector societario y que la Superintendencia no pueda dejar sin efecto esos actos contrarios a la Ley.

Además, es una propuesta discriminatoria, pues entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Contraloría tienen siete años de control posterior. ¿Por qué la Superintendencia de Compañías debería tener solo un año?

¿Qué otro aspecto preocupa de la reforma?

El proyecto de ley plantea que el control de la Superintendencia sea taxativo. Es decir, enumera los actos que, como Superintendencia, vamos a poder controlar.

Eso claramente inhabilita o limita observar otro tipo de actos que no estén previstos en la reforma, lo que significa que tendríamos una cancha mucho más pequeña que antes.

¿Qué implicaciones tiene esa limitante?

Es como si a un arquitecto le dijeran que solo puede inspeccionar cinco cosas de una casa: ventanas, puertas, chapas, muebles y pisos. Aun cuando halle daños estructurales en la vivienda, el arquitecto no puede hacer nada porque no está dentro de las cinco cosas que puede inspeccionar.

De igual modo, si la Superintendencia halla algo irregular en una empresa que no esté entre los puntos establecidos en la reforma, no puede ejercer control, incluso si eso representa riesgos para terceros, como los trabajadores, los proveedores y los inversionistas.

Están creando una especie de camisa de fuerza, que impide darle a la ciudadanía la seguridad jurídica que se merece.

Crea una especie de camisa de fuerza, que impide dar seguridad jurídica.

La reforma puede terminar en una inacción del organismo de control porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite.

¿De cuánto personal dispone la Superintendencia para ejercer estas tareas de control ahora?

Son apenas 64 funcionarios en el área de control a escala nacional. En este momento, que tenemos siete años para ejercer el control, no tenemos suficiente personal por falta de presupuesto.

Solo en los dos últimos años y medio se han creado más de 12.000 Sociedades por Acciones Simplificadas SAS. Controlar eso en un año, en caso de que se llegue a aprobar la reforma, es imposible.

Además, la ley permite ahora que las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada se conviertan en SAS.

Es decir, que las compañías grandes pasen a este régimen que fue creado para los emprendedores. Eso es algo que nunca debió haberse permitido.

¿Por qué?

Las SAS fueron creadas pensando en los emprendedores y por eso tienen beneficios. Entre ellos, no requieren de un auditor externo, no tienen capitales mínimos para abrir y los accionistas no responden ante perjuicios.

Pero lo que está sucediendo es que las empresas grandes quieren esos beneficios y se convierten en SAS.

¿Cuántas compañías se han convertido en SAS?

Cerca de 192. De aprobarse la reforma de la Asamblea, un año para ejercer el control a este segmento es insuficiente.

Ahora, la Ley prohíbe a una SAS salir al mercado de valores. Pero, en la reforma, la Asamblea plantea que esas SAS, que tienen requerimientos más laxos para constituirse y operar, salgan al mercado de valores.

Es decir, que salgan a jugar con la fe pública, a jugar con inversionistas que compran de buena fe títulos y que mañana pueden ser estafados en el mercado de valores.

La reforma plantea que las SAS, que tienen requisitos más laxos para operar, salgan a bolsa.

¿Qué efectos tiene esta regulación más laxa?

Un ejemplo es que si un accionista tiene una empresa con problemas, puede formar una SAS para que asuma todos esos problemas y, de esa manera, los accionistas se protegen ante responsabilidades con sus trabajadores, sus proveedores y sus inversionistas.

No es una crítica a las SAS. Lo que digo es que estamos preocupados por la cantidad de libertades adicionales que están pretendiendo darle a esta figura jurídica SAS.

Tras el escándalo bursátil del caso Isspol o de Ecuagran y Delcorp, se habló de fortalecer el control de la Superintendencia. ¿La reforma va en el camino contrario?

Significa prácticamente decapitar la capacidad de control de la Superintendencia, que es la base para precautelar a los trabajadores, los proveedores y los inversionistas de una empresa.