Este 5 de junio, la Corte Constitucional inició la audiencia pública para analizar la constitucionalidad de la petición realizada por Wilmer Meneses, un ciudadano oriundo de Carchi que, a través de una Consulta Popular, busca detener la minería legal en las parroquias Jijón y Camaño y Goaltal, en la provincia de Carchi, y Carolina y Lita, en la provincia de Imbabura.
El pasado 21 de mayo, Meneses, que dice representar a comuneros de las cuatro parroquias, pidió a la Corte Constitucional la aprobación de la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Camaño y Goaltal?
Su objetivo es frenar proyectos mineros ya concesionados por el Estado a empresa internacionales en esas jurisdicciones.
Durante la audiencia, Meneses dijo que se opone a todo tipo de minería, legal o ilegal; sin embargo, afirmó que son las empresas mineras grandes las que más contaminan.
Meneses también afirmó que fue nombrado representante de los comuneros por su lucha contra la minería ilegal.
Según documentos oficiales a los que accedió PRIMICIAS, Meneses ha estado vinculado a asociaciones que buscan legalizar la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura).
Su pedido de Consulta Popular desató una avalancha de amicus curiae (opiniones por escrito) a favor y en contra de la minería en los cantones Ibarra, Espejo y Mira, a los que pertenecen las cuatro parroquias.
Hasta el inicio de la audiencia, se habían registrado 66 amicus curiae.
El juez Agustín Grijalva, que presidió la audiencia, dijo que esos recursos se podrán presentar hasta el 7 de junio.
La Defensa del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables sostuvo que las consultas populares de carácter parroquial no pueden frenar la actividad minera pues para ello debería realizarse una enmienda constitucional.
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, mientras tanto, sostuvo que al tratar de impedir la actividad minera se atenta contra el bien común de los ecuatorianos.
El recurso de Meneses ha puesto en jaque a importantes empresas extranjeras que tienen concesiones en Ecuador. Uno de los principales proyectos que se vería afectado es Cascabel, considerado por expertos como un distrito de cobre de talla mundial y cuya concesionaria es la empresa australiana SoldGold.
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