Proyectos mineros en Imbabura y Carchi, en riesgo por peticiones de más consultas populares

Economía

Autor:

Mercedes Alvaro

Actualizada:

29 May 2019 - 19:00

Portada mapa imbabura carchi - Foto: Arcom, Catastro Minero

Proyectos mineros en Imbabura y Carchi, en riesgo por peticiones de más consultas populares

Autor:

Mercedes Alvaro

Actualizada:

29 May 2019 - 19:17

Son concesiones consideradas clave por el Gobierno. Se conocen como proyectos mineros de segunda generación porque se trata de los más importantes después de los estratégicos, como Fruta del Norte y Mirador. El riesgo no solo está en la pérdida de recursos sino en la posibilidad de que las empresas mineras demanden al Estado ante tribunales internacionales si la Corte Constitucional da paso a una nueva consulta popular, para preguntar a los pobladores de varias parroquias de Imbabura y Carchi si están de acuerdo con la minería.

El representante de un grupo de comuneros pertenecientes a las parroquias de Lita y Carolina (Imbabura) y de Goaltal y Jijón y Camaño (Carchi), pidió a la Corte Constitucional la aprobación de una consulta popular para preguntar a los habitantes de estas parroquias si están de acuerdo con la actividad minera en esas zonas del país.

Según el vicepresidente de la Cámara de Minería, Andrés Ycaza, una potencial consulta popular en estas parroquias afectaría a importantes proyectos mineros concesionados a las empresas internacionales SoldGold, Newcrest Mining, Cornerstone Capital, Corporación Nacional de Cobre (Codelco) y a la empresa estatal ecuatoriana Enami EP.

Principales concesiones en Imbabura y Carchi

Estos son los bloques mineros ubicados en Imbabura y Carchi

Estos son los bloques mineros ubicados en Imbabura y Carchi Orfaith Rivera

PRIMICIAS tuvo acceso a un oficio del 27 de mayo de 2019, en que el juez Agustín Grijalva pide a la Corte Constitucional que emita un dictamen previo de constitucionalidad de la pregunta: “está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Camaño y Goaltal, presentada por Wilmer Manuel Meneses Ibarra, procurador común de comuneros”.

El oficio fue enviado por el juez el 27 de mayo de 2019 al ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez.

El juez Agustín Grijalva pide a la Corte dictamen previo de constitucionalidad.

El juez Agustín Grijalva pide a la Corte dictamen previo de constitucionalidad. 

Wilmer Meneses no pide, sin embargo, una consulta para la zona de La Merced de Buenos Aires, que desde diciembre de 2017 está tomada por mineros ilegales que explotan oro y grupos armados que los extorsionan.

En esa parroquia ha habido una explosión de delitos como el lavado de dinero, la prostitución y el tráfico de combustibles.

Cascabel, la joya amenazada

El proyecto más importante que podría verse afectado por una eventual consulta popular es Cascabel, que fue concesionado a la empresa canadiense SoldGold y que cuenta con reservas estimadas de más de 10,9 toneladas de cobre y 23,2 millones de onzas de oro.

La construcción de la mina en Cascabel, que es considerada como un distrito de cobre de talla mundial, debe empezar en 2021.

En el proyecto también participan las gigantes australianas Newcrest y BHP Billiton, además de la canadiense Cornerstone.

La Corte Constitucional llamó a audiencia el 5 de junio de 2019 a las partes involucradas: las empresas, a través de sus abogados, y los peticionarios.

Afecta a toda la industria minera

“Con esta potencial consulta están poniendo en riesgo no solo a los proyectos de segunda generación en Imbabura y Carchi; también están en riesgo los proyectos estratégicos, toda la industria minera. Existe el peligro de que se ‘viralicen’ en el país las consultas populares sobre proyectos claves para la economía”, dice Ycaza.

La Cámara de Minería anuncia que presentará un recurso de amicus curiae para tratar de frenar la posible consulta.

En su mensaje a la nación el 24 de mayo, el presidente Lenín Moreno invitó a la Corte Constitucional a que “considere todos los aspectos” en torno a los pedidos de consulta popular, pues estos llevan implícito el riesgo de posibles arbitrajes contra el país por el incumplimiento de contratos.

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