Las mineras esperan normas para las consultas populares que tienen el potencial para detener los proyectos de interés nacional. El gobierno aspira a que en 2021 la minería represente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y que las exportaciones en ese segmento alcancen los USD 3.660 millones entre 2019 y 2021, si los proyectos estratégicos y de pequeña minería se desarrollan sin cortapisas legales.
Las consultas populares y las acciones judiciales impulsadas por organizaciones sociales y líderes provinciales contra varios proyectos mineros en Ecuador han provocado un ambiente de inseguridad, lo reconoció el propio presidente Lenín Moreno durante su Informe a la Nación.
“Quiero hacer un llamado especial a propósito de este tema, como Estado, tenemos compromisos adquiridos para el desarrollo minero. Y hay voces que sugieren revisarlos y renunciar a ellos”.
Se refiere a los USD 3.800 millones que el gobierno espera en inversión minera en 2021 y a los USD 2.000 millones que se han invertido hasta ahora.
El Presidente invitó a la Corte Constitucional para que “considere todos los aspectos”, pues este es el organismo que dice la última palabra sobre la constitucionalidad de los pedidos de consulta popular, esto en referencia a posibles arbitrajes resultantes del incumplimiento de los contratos con los inversionistas.
“Si autoriza cualquier mecanismo que implique un incumplimiento que, tarde o temprano, nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán esos recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar”, agregó Moreno.
“El gobierno ha hecho esfuerzos para convertir al país en una jurisdicción minera atractiva, entre ellos la eliminación del impuesto a las ganancias extraordinarias; las empresas mineras quieren seguir adelante, pero es necesario que haya claridad jurídica respecto a las consultas populares sobre proyectos extractivos que afectan al país en general y no solo a las comunidades donde se asientan estos proyectos”, dice Andrés Ycaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador.
“Hay inseguridad, preocupación y contracción de recursos para exploración”, de acuerdo con Ycaza.
El triunfo en las elecciones seccionales del 24 de marzo de líderes de organizaciones sociales opuestas a la minería, así como el triunfo del No en la consulta popular que afecta al proyecto minero Loma Larga (Azuay), pueden ralentizar el desempeño de la industria en el país.
En 2018 Ecuador registró un récord en inversión extranjera directa: USD 1.400 millones. De este rubro, 52% fue aporte de las compañías mineras que operan en el país.
El gobierno de Lenín Moreno aspira que en 2021 esta actividad represente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al estimado de 1,61% en 2018.
Según datos del viceministerio de Minería, la inversión comprometida entre 2019 y 2021 asciende a un total de USD 2.252 millones, de los cuales casi la mitad, USD 1.168 millones, corresponde a cinco proyectos estratégicos:
- Fruta del Norte (oro y plata)
- Mirador (cobre)
- Río Blanco (oro y plata)
- Loma Larga (oro y plata)
- San Carlos Panantza (cobre)
Los demás son proyectos mineros de segunda generación y de pequeña minería y minería artesanal.
Seis proyectos son considerados de segunda generación:
- Llurimagua (Imbabura), operado por la chilena Codelco y la ecuatoriana Enami
- Cascabel (Imbabura), operado por la australiana SoldGold PLC
- La Plata (Cotopaxi), a cargo de la canadiense Toachi Mining Inc
- Curipamba (Bolívar), de la canadiense Salazar Resources Limited
- Ruta del Cobre (Azuay), de Grupo México
- Cangrejos (El Oro), de la canadiense Lumina Gold Corp
Ecuador espera que las exportaciones mineras llegen a los USD 3.660 millones o el 3.6% del PIB entre 2019 y 2021, si los proyectos estratégicos y de pequeña minería se desarrollan sin contratiempos.
Yaku Pérez, prefecto de Azuay; Cléver Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe y Rafael Antuni, de Morona Santiago, están entre los líderes opositores a la actividad minera industrial.
Pérez ha amenazado con realizar consultas populares para frenar todos los proyectos mineros de la provincia de Azuay.
Mientras que Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga, San Carlos Panantza y Ruta del Cobre se asientan en jurisdicciones en las que los prefectos son contrarios a la minería.
Los cinco proyectos estratégicos
Mina a cielo abierto. La producción debería iniciar en el cuarto trimestre de 2019. El total de la inversión estimada es de USD 2.015 millones. El tiempo de vida del proyecto es de 27 a 30 años.
Mina subterránea. El inicio de producción previsto para el cuarto trimestre de 2019. La vida tendría una vida de 15 años. La inversión es de USD 1.340 millones.
Mina subterránea. Producción prevista para 11 años. El inicio de la producción dependerá del levantamiento de la suspensión de ctividades decretada por una sentencia judicial. La inversión total es de USD 89 millones.
Mina subterránea con 12 años de producción estimada. Inicio de la producción sería en el primer trimestre de 2021 y el total de inversión alcanza los USD 432 millones.
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