Corte Constitucional dispone pago de utilidades a exempleados de Cervecería

El caso de los exempleados en contra de la empresa Cervecería Nacional arrancó al menos en 2011.

En ese año, la Corte de Justicia del Guayas ordenó el pago de USD 91 millones, por el concepto de utilidades a los extrabajadores, entre el periodo de 1990 y 2005.

Pero, los abogados de la empresa interpusieron una acción de protección en contra de la sentencia en 2014.

Ahora, según un dictamen de auto verificación de la Corte Constitucional del 8 de junio de 2023, la querella legal está a punto de llegar a su fin.

En un documento de auto verificación, la Corte dispone que la empresa cancele el monto global de las utilidades, consideradas por el Ministerio de Trabajo.

La consignación de las utilidades a los trabajadores se hará en un plazo máximo de 90 días, luego de la publicación de la sentencia.

Se estima que 2.608 exempleados serían beneficiados con la medida, incluyendo los herederos de 200 colaboradores que fallecieron durante el proceso legal.

El pago no será inmediato 

El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte, con los ocho votos a favor de los jueces, en una sesión del 7 de junio.

Según el abogado del frente de extrabajadores, Washington Andrade, la Corte ha dispuesto un nuevo cronograma de pagos a la empresa, y el cual "es inapelable y de cumplimiento inmediato".

Andrade explicó que primero se concede un plazo de 60 días al Ministerio de Trabajo, para que designe un perito y establece el monto a pagar.

Luego, una vez conocido el monto total, Cervecería Nacional tiene 30 días más para consignar el dinero en la cuenta bancaria del Ministerio.

"Si Cervecería no lo hace, se puede iniciar un juicio de coactiva por incumplimiento de las decisiones", agregó Andrade.

Finalmente, la Corte también ordenó que un Tribunal Contencioso Administrativo en Guayaquil conozca la sentencia y el cronograma de pago.

Y será este Tribunal el que entregue el dinero a cada uno de los extrabajadores.

Este fin de semana, los exempleados realizarán una Asamblea para conocer la decisión.

Aunque el trámite para el pago de obligaciones aún es largo, reconoció Andrade, la diferencia es que ahora el Ministerio de Trabajo "no tiene excusa para hacer cumplir a la empresa".