Asamblea duda sobre ingresos por monetización de activos

Los legisladores elaboraron un informe sobre la Proforma Presupuestaria de 2020. Realizaron 17 recomendaciones, entre ellas, que el Ejecutivo presente un “plan de contingencia” por si no se recauda lo esperado por la monetización de activos del Estado.

La Comisión de Desarrollo Económico, que analiza la Proforma Presupuestaria 2020, es poco optimista de que el gobierno reciba los USD 2.000 millones que prevé por monetización de activos del Estado.

El programa de concesión de activos del Estado está contemplado en la Proforma Presupuestaria del siguiente año y busca recaudar dinero para reducir el desequilibrio fiscal.

El Ejecutivo aseguró que hay tres activos cerca ya de la concesión:

Hidroeléctrica Sopladora: USD 963 millones.
Banco del Pacífico: USD 800 millones.
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT): USD 400 millones.

En la lista hay otros activos de los sectores estratégicos, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y el campo petrolero Sacha.

La monetización de activos es un objetivo planteado en el pasado. En la Proforma 2019 el gobierno incluyó USD 1.000 millones por ese concepto. Pero hasta octubre apenas ingresaron USD 64.237, según el Ministerio de Finanzas. Apenas el 0,006% de los USD 1.000 millones previstos.

Con ese antecedente, la Comisión de Desarrollo Económico duda de que el Estado reciba USD 2.000 millones por concesiones el próximo año y pide al Ministerio de Finanzas que presente un “plan B”, en caso de que esta expectativa no se cumpla.

¿Cuál es el problema? El vicepresidente de la Comisión e integrante de CREO, Homero Castanier, afirma que el déficit fiscal alcanzaría los USD 3.384 millones en 2020, incluyendo esos USD 2.000 millones por monetización de activos.

En caso de que no se concrete, el déficit subiría a unos USD 5.384 millones, dijo Castanier. “Solicitamos un ‘plan B’ en caso de no concretar la monetización de activos”, agregó.

La legisladora correísta, Doris Soliz, dice que esa expectativa del gobierno es difícil de cumplir porque el proceso de concesión recién empieza.

Soliz recuerda que el Ejecutivo está obligado por ley a sustentar las fuentes de financiamiento y la monetización de activos debería tener una alternativa económica, por si no se logra el objetivo.

Esa alternativa, dice Castanier, sería que Ecuador se endeude una vez más.

El informe de la Comisión recomienda que el plan de contingencia debería incluir -también- alternativas respecto a los saldos no ejecutados en 2019 y a los riegos por la volatilidad del precio del petróleo.

Otra observación es que los ingresos por monetización de activos no deben estar clasificados como ingresos permanentes, sino como ingresos no permanentes.

También les preocupa el bajo nivel de ejecución de los presupuestos por parte de las instituciones del Estado.

Los legisladores buscan que el Ministerio de Finanzas responda: ¿Qué pasará el siguiente año con los presupuestos no ejecutados? ¿Se volverán a ejecutar? y ¿Constan para los saldos no ejecutados?

Parte de esas interrogantes ya fueron respondidas por el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, durante su comparecencia el 18 de noviembre. Él afirmó que los presupuestos no fueron ejecutados por falta de liquidez.

La volatilidad del precio del barril de crudo también preocupa a la Comisión de Desarrollo Económico.

En el proyecto de ley de Crecimiento Económico, que fue archivado el 17 de noviembre con el respaldo de 70 asambleístas, el Ejecutivo planteaba un seguro petrolero para protegerse frente a las fluctuaciones del precio internacional del crudo.

Piden garantías para entrega de plata

Al ser una Proforma conservadora, los asambleístas solicitan al Ministerio de Finanzas que garantice los recursos necesarios para sectores sensibles en 2020.

En esa lista se destaca la entrega de “recursos necesarios” para la Defensoría del Pueblo, institución que garantiza, dice el informe, el respecto a los derechos humanos.

Pero hay otros:

Recursos para garantizar los servicios previstos en la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Que los ministerios de Finanzas y de Trabajo informen, de manera trimestral, sobre los pagos de los haberes pendientes a los jubilados.
El Ministerio de Finanzas realice asignaciones de recursos para reparar, terminar y habilitar la infraestructura educativa que se encuentra deteriorada a escala nacional.
El Ministerio de Finanzas debe destinar los “recursos necesarios” para el tratamiento de adicciones y la atención a los problemas de salud mental por parte del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Finanzas debe asignar recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de manera oportuna.
El Ministerio de Finanzas debe implementar mecanismos legales para que se transfiera, en forma automática, los recursos correspondientes a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Solca.
El Ministerio de Finanzas debe asignar los recursos necesarios al Ministerio de Agricultura para que fortalezca la producción agrícola, de bienes y servicios.
El Ejecutivo debe reasignar recursos fiscales por concepto de gratuidad o apoyar con acceso a créditos a favor de las instituciones de educación superior.

El legislador de Suma e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Guillermo Celi, asegura que las recomendaciones tienen que ver con una supuesta reducción de presupuesto.

Por ejemplo, expuso que las universidades tendrán una reducción de USD 37 millones para 2020. Según él, las más afectadas serían la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad de Loja.

Atribuciones de la Asamblea

El margen para modificar la Proforma Presupuestaria es casi nulo por parte de la Asamblea. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico realizó 17 recomendaciones al Ministerio de Finanzas.

El artículo 295 de la Constitución establece que en caso de que la Asamblea haga observaciones a la proforma presupuestaria, el Ejecutivo puede aceptarlas y enviar una nueva propuesta en un plazo de 10 días o, también, ratificarse en su propuesta original.

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