"Nueva normalidad" inquieta a los transportistas y su modelo de negocio

Los transportistas se preguntan quién asumirá el costo económico que conllevará las medidas de bioseguridad en las unidades de transporte.

La tarea de los transportistas es compleja en medio de la pandemia. Al riesgo constante de contagio se suma la preocupación del gremio sobre las “nueva normalidad” que pronto iniciará en el país.

El lunes 4 de mayo arranca la fase que el Gobierno ha identificiado como distanciamiento social, que aplicará restricciones o permisos de movilidad mediante un sistema semáforo.

Así, los cantones que requieran medidas más estrictas, se quedarán en color rojo y quienes consideren que están listos para el distanciamiento, podrán elegir entre los colores naranja o verde.

Pero todos prevén un poco más de facilidades para el transporte comercial y de pasajeros. Aún con el color rojo, por ejemplo, el servicio de taxis será habilitado entre las 05:00 a las 22:00, según las disposiciones del COE nacional.

Cuando los cantones pasen al color naranja se autorizará el transporte urbano e interparroquial. La ocupación por unidad será máximo el 30%.

Y con el color verde se habilitará el transporte urbano, interparroquial e intercantonal. La ocupación por unidad, en esa etapa, será máximo del 50%.

El COE dispuso que, así como en la cuarentena, durante la fase de distanciamiento social queda prohibido el transporte interprovincial de pasajeros.

No así el el transporte institucional, pesado y taxis ha funcionado de manera intermitente durante la etapa de aislamiento.

PRIMICIAS dialogó con los presidentes de tres gremios de transportistas y ellos calcularon que las pérdidas ascienden a unos USD 500 millones.

Y las pérdidas no son solo económicas, sino también humanas. La Federación de Transporte Escolar e Institucional de Ecuador (Fenatei) ha registrado 21 chóferes fallecidos por coronavirus. De ese total, 16 son de Guayaquil y cinco de Manabí.

Por ejemplo, las Federaciones de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip), de Transporte Escolar e Institucional de Ecuador (Fenatei) y de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), instan al Gobierno para que se declare la “emergencia” en el sector.

Los problemas económicos

“Los transportistas vivimos del día a día“, afirma el presidente de los transportistas pesados, Luis Felipe Vizcaíno, quien señala que su gremio ha soportado una serie de dificultades.

De 175.000 camiones, solo 25.000 están activos, especialmente en el abastecimiento de productos de primera necesidad. Vizcaíno dice que un millón de familias dependen de manera directa e indirecta del transporte pesado.

Mientras que 6.000 buses interprovinciales de pasajeros están totalmente paralizados por la emergencia sanitaria, dice el titular de la Fenacotip, Abel Gómez.

Además, la paralización de la educación presencial ha afectado a 13.900 transportistas escolares en todo el país.

Los cálculos por vencimientos de las deudas de todo el sector durante el aislamiento, según los dirigentes, alcanzarían unos USD 1.000 millones. Estas deudas son con las empresas automotrices y con proveedores de insumos como aceites, llantas, filtros y repuestos.

Pero también hay atrasos en el pago de salarios para el personal administrativo y con los aportes a la Seguridad Social de los empleados de cada una de las empresas de transporte.

Ellos proponen alternativas al Gobierno para que “este sector siga siendo la columna vertebral de la reactivación productiva”:

El diferimiento y moratoria de pago de deudas
La novación de créditos
La creación de créditos de emergencia para el sector transportista

La polémica

Los representantes de la transportación se preguntan: ¿quién asumirá el costo económico que conllevan las medidas de bioseguridad (protocolos) dispuestas por el Estado para este sector?

Al dirigente Gómez le preocupa la reducción del aforo de las unidades de transporte público hasta la mitad de su capacidad al retornar hacia la nueva normalidad o distanciamiento social”.

Además, los kits de bioseguridad serán fundamentales para evitar el contagio del virus. Los dirigentes del transporte aseguran que pueden asumir esos gastos, siempre y cuando, el Gobierno les entregue incentivos.

“Imagínese, nosotros funcionaremos al 50% y además de eso, debemos pagar lo mismo por el diésel, accesorios y repuestos. Sí el gobierno quiere que asumamos los costos, no tenemos problema. Pero si queremos que por ejemplo, se revisen las tarifas de pasajes”.
Abel Gómez

Mientras se definen los protocolos, el Ministerio de Transporte entrega kits de bioseguridad a los conductores de transporte pesado que circulan por los 3.300 kilómetros, que conforman los corredores logísticos.

Cada unidad tiene su propio protocolo

La mayor preocupación de los transportistas es que no existen protocolos para la operación de las unidades y así evitar la propagación de este virus en este nuevo proceso de “distanciamiento social”.

Si bien, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito emitieron el 17 de marzo un protocolo de limpieza y desinfección de las unidades de transporte público y carga, no se ha dictaminado ninguna disposición adicional para este nuevo proceso de semaforización.

La disposición quedó en manos de los Municipios, quienes también dieron disposiciones generales sobre el uso de desinfectantes y mascarillas. Pero aún no queda claro cómo será la desinfección de andenes y terminales.

Oswaldo Guamán, titular de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional de Ecuador (Fenatei), reconoce que cada conductor implementa su propio protocolo sanitario.

Entre las medidas adoptadas destacan las siguientes:

El uso de mascarilla, gel desinfectante, alcohol antiséptico, gafas de protección por parte de conductores y usuarios.
Limpieza del automotor al menos dos veces por día.
Reducción al 50% de capacidad de buses y furgonetas institucionales.
El uso de pañuelos dentro de las unidades y fundas plásticas para desechar los mismos.
El conductor debe estar solo en la parte delantera de la unidad con su respectiva protección de bioseguridad.

Pero, los transportistas piden que las autoridades establezcan los equipos de bioseguridad que deberán usar los choferes y ayudantes como protectores de plástico que cubran la cabina del conductor.

También reiteran en la necesidad de los incentivos económicos del gobierno que les permitirá instalar arcos de desinfección para los usuarios y desinfectar permanente las unidades de transporte.

Un conductos de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador limpia su furgoneta, este 30 de abril de 2020. Fenatei

Conductores de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador con sus trajes de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, este 30 de abril de 2020. Fenatei

Personal de Celec fue trasladado a sus lugares de trabajo a través de buses de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador el pasado 29 de abril. Fenatei

Buses institucionales para los trabajadores

El “Plan para el retorno paulatino al Trabajo” aprobado por el COE Nacional el 28 de abril sugiere la adopción de corredores logísticos para facilitar la movilización del personal de las empresas y evitar aglomeraciones en el transporte público.

El plan insta para que las empresas puedan gestionar convenios con el transporte escolar y turístico para movilizar a su personal y evitar el uso del transporte público.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional de Ecuador (Fenatei), Oswaldo Guamán, busca que las alcaldías promuevan este tipo de acciones para activar al sector transportista.

Guamán cree que las empresas que tengan más de 10 trabajadores deberían contratar el transporte institucional para trasladar a los empleados hasta su lugar de trabajo.

Esa Federación tiene acercamientos con el Municipio de Quito para que los buses institucionales trasladen a los trabajadores cuando se retomen, de manera paulatina, las actividades laborales en el país.

En esta emergencia sanitaria existen unos 3.890 buses activos trasladando a trabajadores de las bananeras, camaroneras, tabacaleras, florícolas, de las cadenas de alimentos y las farmacias.

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