El 28 de noviembre de 2019 el Ministerio de Finanzas remitió un oficio a las bolsas de valores de Quito y Guayaquil para anunciar la inscripción de un monto de deuda interna por USD 1.936 millones, que se emitirá gradualmente.
La inscripción se materializará en la emisión de Bonos del Estado en lo que queda de 2019 y, la mayor parte de estos papeles saldrá al mercado en 2020.
Esta emisión se realizará por partes, es decir, en tramos y cada uno de ellos tendrá tasas de interés, cronogramas de amortización de capital y vencimientos diferentes, dependiendo de las condiciones de mercado al momento de emitir cada tramo de la deuda.
El monto inscrito y su posterior lanzamiento al mercado en tramos tiene como objetivo "financiar parcialmente el Programa de Preservación de Capital Período Plurianual 2019-2020, y otros programas y proyectos de inversión durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020, que cumplan con la normativa legal vigente", sostiene una resolución de la Superintendencia de Compañías.
Esto quiere decir que el Estado utilizará parte de los recursos para financiar el plan de inversión en obras y programas públicos, para ayudar a dinamizar la economía en 2020, un año que se espera sea de muy bajo crecimiento.
Una vez que se emitan los Bonos del Estado, cuyo monto total puede ascender hasta USD 1.936 millones, estos tendrán un plazo de hasta 20 años y la tasa de interés estará especificada en "la Curva de Rendimiento aprobada por el Comité de Deuda y Financiamiento", según la resolución.
El ministerio aclaró que la naturaleza de la operación es de 'rollover' de obligaciones, es decir, que los bonos se irán emitiendo a medida que se vayan venciendo otras obligaciones del Estado y sea necesario renovarlas.
Lo que el documento describe como el traspaso de posiciones de un contrato que finaliza a otro que todavía tiene lejano su término. Por lo que no se trata de un incremento de la exposición en títulos, según el Ministerio de Finanzas.
"Las colocaciones (de Bonos del Estado) se harán en función de los vencimientos de inversiones pertenecientes a entidades públicas y privadas. Las entidades tenedoras de títulos -como la seguridad social- llegado el vencimiento demandan la renovación de su inversión", dijo Finanzas.
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