Lasso anunciará reducciones al ISD e ICE para armas

La reducción de dos tributos, del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la importación de armas en 2023 son materia de análisis del Gobierno.

Tanto el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, como el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, confirmaron que el presidente Guillermo Lasso anunciará la decisión.

"Continuará la reducción cada trimestre. Dentro de las medidas que estamos analizando está el tema del ISD. Este año se continuará con ese compromiso que tiene el presidente de reducirlo, pero él tendrá la última palabra y el esquema para este año", explicó Briones en Ecuavisa.

Sobre el ICE para las armas, Briones señaló que el gabinete económico evalúa las políticas y decisiones. "Se evalúan distintos escenarios que están en análisis. En los próximos días, el presidente anunciará cualquier decisión en este sentido".

Arosemena, en cambio, recordó que el ISD le sacó a los contribuyentes USD 1.000 millones por año, pero que con la decisión del Ejecutivo de reducirlo del 5% al 4% en 2022, se logró mayor recaudación. De allí que la estrategia es mantenerlo reducido.

En cuanto al ICE a las armas, el ministro explicó que con ese tributo no se recauda "prácticamente nada". "Las empresas privadas formales no tienen acceso a renovar sus armas y se promueve el contrabando", dijo.

Controles a evasores

Briones se refirió también a los Planes de Control Rápido (PCR) para grandes evasores.

"Entre octubre y noviembre de 2022, hicimos un control de 65 perfiles de alto rango y de patrimonios altos, en la última semana de diciembre comenzamos el segundo control a 85 personas, eso durará hasta febrero", detalló.

El funcionario recalcó que el SRI realiza "controles contundentes" contra quienes no se acogieron a la regularización de activos en el exterior.

Según los resultados del acuerdo internacional con 149 países sobre intercambio de información, USD 2.000 millones de USD 5.000 millones regularizaron sus activos. Y anunció una investigación sobre los USD 3.000 millones pendientes.

El reporte no incluye información sobre activos en Estados Unidos.

También informó que trabaja en recopilar información solicitada por el Gobierno, sobre los patrimonios de cinco jueces.