El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, informó que solicitó las pericias a la UAFE y al SRI. También anunció la presentación de reformas legales para evitar el abuso de garantías penitenciarias.
El Gobierno solicitó que se investigue el patrimonio de cinco jueces que emitieron fallos a favor de "delincuentes". Así lo reveló el Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
"El presidente (Guillermo Lasso) ha hecho denuncias públicas de nombres de jueces que están actuando de manera incorrecta. Yo he enviado un pedido de investigación patrimonial a cinco jueces a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) y al SRI", dijo en entrevista con Ecuavisa.
Ordóñez lo había anunciado también en sus redes sociales. Se trata de los jueces Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. A ellos se suman Jhon Rodríguez y el exjuez Banny Molina.
Oña dejó en libertad a alias 'Gordo Luis', cabecilla de Los Lobos y sospechoso del asesinato de Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca.
El juez García concedió la excarcelación de Daniel Salcedo. Mientras que Curipallo dispuso la libertad del exvicepresidente Jorge Glas. Previamente, lo hizo el destituido juez Molina.
El magistrado Rodríguez ordenó el traslado de la cárcel conocida como La Roca hacia la de Santo Domingo, de Ángelo Achilie, alias ‘Negro Angelo’, y Kevin Manzaba, considerados por la Policía como brazos armados de la banda de los R7.
"Tenemos que tener una reacción frente a esta actitud de los jueces de favorecer a la delincuencia y crear ambiente de impunidad. Esto es parte de lo que se tiene que hacer, lo otro es denunciar ante la opinión pública", reiteró el funcionario.
Para Ordóñez, no hay injerencia en otra función del Estado.
"Aun cuando algunos crean que eso es interferencia en la función Judicial, desde el punto de vista del Gobierno, es poner en evidencia frente a la sociedad, a aquellos jueces que están atentando contra esta estrategia de seguridad", enfatizó.
El secretario también anunció que en enero de 2023, el Ejecutivo presentará reformas legales "para administrar de manera más racional y sensata las protecciones y garantías penitenciarias y reducciones de pena".
"Esto debe ser corregido desde la ley, que es la que está permitiendo eso, y los jueces y delincuentes están aprovechándose de estas ligerezas de la norma legal. Vamos a cambiar eso", concluyó.
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