Para afrontar crisis agravada por la pandemia de Covid-19, el sector empresarial ha optado por reducir compensaciones y personal antes que acogerse a las medidas laborales impulsadas por el Gobierno.
Ante la crisis económica por la pandemia de Covid-19 un 42% de 108 empresas encuestadas por la consultora Deloitte ha optado por modificar, reducir o eliminar horas extra, bonos o comisiones.
De las empresas que han hecho cambios en sus compensaciones, el 19%, disminuyó o dejó de pagar bonos mensuales.
Esto de acuerdo con el informe Estrategia empresarial al retorno de actividades, que incluye un sondeo realizado entre el 21 de agosto y el 15 de septiembre de 2020.
Según el estudio, el 71% de las empresas que fue parte de la encuesta reconoció haber disminuido su nómina.
Para afrontar la crisis sector empresarial ha optado por reducir compensaciones y personal, antes que por la adopción de las medidas impulsadas por el Gobierno.
Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Azuay (Cipem), dice que la flexibilización de las restricciones para evitar contagios, desde finales de mayo, es el factor que ha permitido reactivar la economía y sostener en algo el empleo.
“La flexibilización de las medidas ayudó mucho a que las empresas retomaran las ventas y pudieran tener recursos para pagar sueldos e impuestos, obligaciones que durante tres meses tuvieron que afrontar sin ingresos”, dice Robalino.
Poca acogida
Ante el choque económico que supuso la pandemia, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno decidieron impulsar medidas y modelos contractuales para evitar despidos.
Pese a ello, en un año el número de personas con un empleo adecuado cayó 6,4 puntos porcentuales, al pasar de 38,5% en septiembre de 2019 o el equivalente a 3,2 millones de trabajadores, a 32,1% en septiembre de 2020.
Esto quiere decir 2,5 millones de personas perdieron su empleo formal.
Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, el mercado laboral en Ecuador se ha recuperado un poco en los últimos tres meses por:
- La reactivación económica.
- La aplicación de la Ley Humanitaria, con la que se han firmado 200.000 contratos laborales desde el 22 de junio.
- La ampliación del llamado contrato por obra, que se aplica desde el 30 de julio de 2020.
Aunque, según Deloitte, menos de un tercio de las empresas se ha acogido a alguna de las medidas laborales establecidas en la norma o a alguno de los nuevos modelos contractuales.
Por ejemplo, el 31% de las compañías ha adoptado el contrato especial emergente, que fue creado por la Ley Humanitaria aprobada en junio de 2020.
Se trata de un contrato individual de trabajo que se puede aplicar por una serie de motivos, entre ellos la modificación del giro del negocio o una mayor demanda de producción.
Este modelo contractual establece que la jornada laboral ordinaria parcial o completa se podrá distribuir hasta en seis días a la semana, a diferencia de un contrato normal que contempla que las horas de trabajo se cumplen a lo largo de cinco días a la semana.
Manejo de las vacaciones
Una medida que ha sido más popular entre las empresas es la adopción de la notificación unilateral de vacaciones, que también se estableció en la Ley Humanitaria.
El artículo 21 de la norma sostiene que:
“Los empleadores, durante los dos años siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o, a su vez, establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas”.
El 59% de las compañías que fue parte del estudio afirmó que se ha acogido o piensa acogerse a esta medida.
Una ley urgente
Para el sector empresarial, si bien las medidas que ha tomado el Gobierno en el ámbito laboral han permitido que las empresas no quiebren, el Código de Trabajo necesita una reforma integral y profunda.
“La normativa laboral data de 1938, es completamente ajena a lo que vivimos en la actualidad, como el teletrabajo. Se han puesto parches a la ley para tratar de responder a la realidad actual”, explica Robalino, quien agrega que ahora muchos trabajos se pueden hacer de forma remota y por metas.
“Una de las responsabilidades del nuevo gobierno debe ser presentar una nueva ley laboral que sea aprobada con carácter económico-urgente. No podemos esperar uno o dos años”.
Andrés Robalino, director ejecutivo Cipem.
Y, así lo reconoció el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en una entrevista con PRIMICIAS el 26 de octubre de 2020.
“Uno no puede tener un régimen cambiario rígido, en el que no se puede devaluar la moneda para defendernos de choques externos, como la pandemia, si no tenemos un sector laboral mucho más moderno, por eso se aplicó la Ley Humanitaria, porque era imposible mantener la estructura vigente con una crisis como la que se nos vino encima”, dice Pozo.
El ministro de Finanzas agrega que “la reforma laboral es urgente y por eso también queremos dejar el camino avanzado en ese sentido” para que el próximo gobierno pueda aprobarla.
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