10% cayó el gasto en salarios tras cinco años de ajuste

El gobierno busca recortar aún más las transferencias para pago de nómina estatal, que representa el 30% del total del gasto del Estado.

Para ello, mediante decreto 457 del 20 de junio de 2022, el presidente Guillermo Lasso ordenó eliminar vacantes y recortar horas extra y contratos ocasionales.

Se trata de una actualización del decreto ejecutivo 135, emitido en 2017, también conocido como decreto de austeridad, con el que el Estado arrancó una política de ajuste a los salarios.

Es, además, uno de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una de sus estrategias para estabilizar las finanzas públicas.

Los egresos en personal del sector público pasaron de USD 9.134 millones en 2017 a USD 8.215 millones en 2021, esto es, una caída de 10%.

Desde 2020, el recorte comenzó a ser más fuerte. En ese año, por la pandemia de Covid-19, se implementaron medidas como la reducción temporal de la jornada laboral y, con ello, del salario.

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, dice que si bien las transferencias para la burocracia se han reducido desde 2017, todavía hay espacio de optimización.

"Hay que hacer una reingeniería de salarios, porque existe personal que gana sueldos demasiado altos, pero su contribución para el país es poca", dice.

Más orden en las cuentas

En 2022, el Ministerio de Finanzas pagará en nómina USD 9.146 millones.

La cifra es 11% mayor frente a las transferencias de 2021, que fueron de USD 8.215 millones, pero eso no significa que existen más empleados públicos o que su salario se incrementó.

El incremento obedece, según el Ministerio de Finanzas, a un reordenamiento de las cuentas fiscales, pues en 2022 la nómina incluye a los funcionarios que, por años, estaban clasificados dentro de los pagos para inversión.

Eso ocurría pese a que las remuneraciones son egresos permanentes y solo de manera excepcional pueden cubrirse con recursos que, en realidad, deben ir a inversión pública.

Si se tiene en cuenta esta variable, en realidad las asignaciones para salarios del sector público bajarán 2% en 2022.

Menos honorarios y contratos

Una de las medidas que ha permitido reducir la masa salarial es la eliminación de la remuneración variable por eficiencia, dispuesta desde 2017.

Se trataba de una especie de bono para el empleado, que se pagaba de acuerdo con la consecución de metas y objetivos. Fue establecido en 2016.

En 2017 el gobierno destinó USD 287 millones por este beneficio, pero desde 2018 se eliminó.

Los honorarios y contratos por servicios personales también se redujeron. Estos rubros se pagan al personal sin relación de dependencia, es decir, que facturan por servicios profesionales.

En 2017, los honorarios pasaron de USD 2.484 millones a USD 1.296 millones en 2021.

Para 2022, el presupuesto del gobierno para honorarios es solo USD 36 millones.

Los contratos por servicios personales pasaron de USD 902 millones en 2017 a USD 447 millones en 2021.

En 2022, el presupuesto para estos contratos es de USD 285 millones.

Horas extra caen

Las asignaciones del Presupuesto General del Estado para el pago de horas extra y suplementarias ha caído desde 2017. Este gasto sumó USD 39 millones en ese año, pero para 2021 cayó a USD 32 millones.

Para 2022, el gobierno presupuestó USD 28 millones para cubrir este rubro. Pero ahora podría ser menos, pues el nuevo decreto dispone que los servidores públicos que están bajo la Ley Orgánica de Servicio Público no podrán exceder las 20 horas suplementarias y extraordinarias al mes.

Nuevas presiones

El Gobierno deberá hallar financiamiento en 2022 para cubrir el alza del salario para los maestros del sector público, que asciende a USD 450 millones al año.

Ese incremento salarial nace de una reforma aprobada por la Asamblea, en abril de 2021 y que entró en vigencia luego de obtener en mayo de 2022 el pronunciamiento a favor de la Corte Constitucional.

La reforma da un plazo de tres meses para concretar la revisión a las remuneraciones.

El presidente Lasso se comprometió a buscar un financiamiento “legal y sostenible” para cumplir con los profesores.