Una fuente del Ministerio de Energía dijo a PRIMICIAS que la empresa New Stratus Energy no estaría en condiciones financieras para prestar el servicio que proporciona Repsol en Ecuador.
La empresa canadiense New Stratus Energy quiere adquirir una participación indirecta del 35% en los contratos en los Bloques 16 y 67 y la participación indirecta del 29,66% en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a Repsol. Por un monto de USD 5 millones, en efectivo.
La empresa canadiense se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos petroleros en Sudamérica.
La compra de los activos por parte de la empresa canadiense, ahora, depende de la autorización del Ministerio de Energía y de la autorización de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
El ministerio deberá corroborar que la nueva firma tenga igual o mayor capacidad técnica para operar los bloques y los activos mencionados.
Esa directriz está establecida en el Decreto Ejecutivo 1363, firmado por el entonces presidente de la República, Gustavo Noboa, en marzo de 2001.
En el documento se establece que, en ningún caso, la venta de los derechos y obligaciones de contrato podrán originar el deterioro financiero y la capacidad operativa de los servicios.
Pero ¿qué dicen las primeras evaluaciones de la propuesta de venta? Al interior del Ministerio de Energía aseguran que New Stratus Energy es una empresa más pequeña que Repsol, tanto a nivel financiero como a nivel operativo.
"Según los balances financieros, la empresa canadiense tiene USD 20.000 en caja y no tiene solidez financiera ni experiencia operativa", dijo una fuente del Ministerio de Energía a PRIMICIAS.
Por eso, aseguró la misma fuente del Ministerio de Energía, "es muy probable que la propuesta de venta se rechace porque no hay garantías de que New Stratus Energy vaya a cumplir con el mismo trabajo que venía desempeñando Repsol".
La situación económica de New Stratus Energy
Deloitte Canadá realizó una auditoria a los estados financieros de la empresa canadiense New Stratus Energy con corte a marzo de 2020.
Los resultados de la auditoría determinaron que la empresa incurrió en una pérdida neta de USD 1,6 millones canadienses (USD 1,2 millones) durante el año comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2020.
Durante ese mismo periodo se estableció que el pasivo circulante (o déficit) de la empresa excedió sus activos totales en USD 18,5 millones canadienses (USD 14 millones).
Otra de las conclusiones de la auditoría señala que "existe una incertidumbre material que puede arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha".
Según la auditora internacional, la compañía planea cumplir sus futuros gastos y obligaciones consiguiendo fondos a través de inversiones privadas, mientras controla los gastos de los próximos 12 meses.
Aunque el impacto de la pandemia podría arruinar los objetivos planteados en ese periodo de tiempo.
Los pendientes de Repsol
La propuesta económica planteada por New Stratus Energy por USD 5 millones es baja, aseguran en el Ministerio de Energía. Consideran que ese monto tiene ver con el alto riesgo que implica la compra de los activos en Ecuador por parte de New Stratus Energy a Repsol.
Si New Stratus Energy adquiere a la empresa española podría cobrar la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con Repsol, siempre y cuando haya un acuerdo de por medio.
La deuda del Estado ascendía a USD 105,6 millones hasta diciembre de 2019, según los estados financieros de la filial de Repsol en Ecuador, a los que PRIMICIAS tuvo acceso.
La deuda se origina por los contratos suscritos con Repsol bajo la figura "carry forward" para las operaciones de los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana. Los procesos contractuales vencen en diciembre de 2022.
El "carry forward" es una cláusula atada a la fluctuación del precio del crudo en el mercado internacional.
Si el precio del crudo cae por debajo del acordado en el contrato, el Gobierno empieza a acumular deudas con la empresa porque no le alcanza para cubrir el precio del barril pactado originalmente.
Pero, si el precio del petróleo alcanza el nivel fijado en los contratos, el Gobierno puede ir cubriendo su deuda.
Una fuente del Ministerio de Energía señaló que si Ecuador no logra pagar a Repsol hasta el final del contrato, la deuda se elimina. Esa es una de las condiciones de dichos contratos.
Incluso, en 2018, el Comité de Licitación de Hidrocarburos, que es la instancia que decide si extiende o no un contrato petrolero, recomendó que, cuando se extienda un acuerdo, la contratista debe olvidarse de cobrar el "carry forward".
"Las opciones para cobrar esa deuda son muy mínimas", dijo la misma fuente del Ministerio de Energía.
¿Extensión del contrato?
New Stratus Energy busca que Ecuador extienda los contratos, ya sea para la operación de dos bloques petroleros, como su participación indirecta en el OCP, concesión que termina en noviembre de 2023.
Pero, si no se extienden los contratos habrá varios efectos económicos para la empresa canadiense.
New Stratus Energy se vería obligado a pagar las indemnizaciones a los trabajadores y deberá invertir en la remediación ambiental en el bloque petrolero.
"Es una operación de casino y altamente especulativa la que lleva adelante la empresa canadiense", dijo la fuente del Ministerio de Energía.
En el caso que Ecuador le extienda los contratos, dijo la fuente del Ministerio de Energía, New Stratus Energy podría recuperar sus inversiones por USD 5 millones y generar millonarias ganancias con la operación de los bloques y su participación en el OCP.
Otras 'papas calientes' que tiene Repsol
Los estados financieros de Repsol, con corte al 31 de diciembre de 2019, establecen otras contingencias legales y administrativas, que en el caso de la venta, deberán ser asumidas por New Stratus Energy.
PRIMICIAS muestra las principales contingencias:
Convenio Shushufindi: Petroecuador emitió facturas por un monto de USD 3 millones e inició un proceso coactivo para el cobro.
Como respuesta, Repsol inició un "proceso de excepciones a la coactiva y actualmente, el caso está pendiente de resolución en la Corte Constitucional".
Proceso Auca, Yulebra y Culebra: Petroecuador reclamó -en la Corte Provincial de Pichincha- el pago de USD 1 millón por información provista a Repsol dentro de un fallido proceso de licitación.
Finalmente, la Corte Nacional de Justicia falló a favor de la empresa española y determinó la nulidad del proceso, por lo que el caso volvió a primera instancia, es decir, a la Corte Provincial.
Pero no es todo, la Contraloría también determinó responsabilidades administrativas a Repsol por sus actividades petroleras en la región amazónica.
Por ejemplo, en mayo de 2005, la Contraloría emitió una glosa por USD 2,5 millones por la compra y utilización de químicos reductores de fricción en el Bloque 16. De ese total, USD 902.514 corresponden a Repsol.
La empresa española presentó una demanda de impugnación y hasta la fecha Repsol sigue solicitando los documentos probatorios a la Contraloría.
La empresa española también fue glosada por Contraloría por USD 975.943 por supuestos perjuicios ocasionados por el deterioro de la calidad del crudo del Bloque 16. Repsol presentó una demanda de impugnación pero no prosperó y al momento se espera que se admita a trámite el recurso de casación.
Además, Repsol recibió dos demandas individuales de trabajo por un monto de USD 3,7 millones. Procesos que, con el apoyo de sus asesores legales, han sido estimados como contingencias posibles.
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