La firma, con participación venezolana y ecuatoriana, aparece como activa en la Superintendencia de Compañías pese a que públicamente se anunció su liquidación. La Contraloría encontró que incumplió las licencias ambientales y no presentó auditorías de sus informes de exploración.
La Gran Nacional Minera Mariscal terminó sus trabajos de exploración minera en 2018. Sin embargo, la falta de control sobre sus actividades de parte de las autoridades es una de las preocupaciones que la Contraloría revela en un informe sobre los proyectos mineros concesionados a esta empresa.
La firma fue creada en 2010 por iniciativa de los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez.
En 2018, la minera inició la fase de cierre y abandono de los proyectos mineros Mompiche y El Reventador. Las concesiones fueron entregadas por el estado ecuatoriano en 2012.
Sin embargo, dejó detrás de sus actividades varios incumplimientos y la Contraloría encontró que hubo falta de control de las autoridades sobre lo que la empresa hizo en las dos concesiones.
Además de no haber cumplido con sus metas de inversión, incumplió con las obligaciones previstas en la licencia ambiental y con la entrega de auditorías a los informes de exploración.
Según el informe de Contraloría, la Gran Minera Nacional falló en completar la revegetación de las plataformas y nunca obtuvo el registro de generador de residuos peligrosos.
Este segundo punto ocasionó que no haya un plan de minimización de desechos, y que los procesos de entrega y transporte de residuos peligrosos -como lodos de perforación- no hayan sido vigiladas por el Ministerio de Ambiente.
“No se ejecutaron los monitoreos de agua, suelo, ruido, flora, fauna e invertebrados terrestres en la cantidad y frecuencia establecidos en los planes de manejo ambiental”.
Informe de Contraloría sobre la Gran Nacional Minera
La empresa entregó los informes semestrales de monitoreo al Ministerio de Ambiente con más de dos años de retraso.
Según la respuesta entregada por la empresa a la Contraloría, las obligaciones ambientales no se cumplieron porque los representantes de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela no desembolsaron recursos suficientes. Pero, la firma recibió más de USD 14 millones del Fondo binacional.
Informes demorados
La Gran Nacional Minera no presentó ante el Ministerio -primero el de Recursos Naturales y luego el de Minas- las auditorías mineras a los informes de exploración anual de 2012 y 2013.
Los documentos que corresponden a 2014, 2016 y 2017 tuvieron un retraso en su entrega de entre 47 y 220 días.
Esto ocasionó, según la Contraloría, que las autoridades no puedan evaluar y comprobar a tiempo si las actividades mineras se ejecutaron en cumplimiento de la normativa.
Esto también permitió que se realizaran actividades de exploración avanzada sin permiso y sin los pagos adicionales.
Una empresa con solo cuatro funcionarios
La Gran Nacional Minera Mariscal es, a enero de 2020, una empresa activa. A pesar de que abandonó sus dos únicas concesiones mineras en Ecuador, en papeles, la empresa existe y funciona.
Es más, a noviembre de 2019 tenía cuatro empleados en nómina que le costaron al país al menos USD 153.156 en salarios anuales.
De 84 funcionarios en noviembre de 2013, la empresa pasó a tener 55 en el mismo mes de 2016, que cayeron a 43 a finales de 2017 y a 24 en noviembre de 2018.
La liquidación eterna
En julio de 2017, la Superintendencia de Compañías comenzó la liquidación de la Gran Nacional Minera. La empresa no había entregado documentos financieros de los dos últimos años, por lo que podía calificar como inactiva.
Pero más de un año después, en diciembre del 2018, la misma Superintendencia resolvió dejar sin efecto esa resolución. La razón: la empresa superó la causal que motivó la declaratoria de inactividad y se puso al día con sus obligaciones.
De hecho, en marzo de 2019 realizó dos contrataciones a través del portal de Compras Públicas. Contrató a un auditor para que revisara los informes de exploración de El Reventador y los del proyecto Mompiche.
En junio de 2019 la junta de accionistas designó a un nuevo presidente de la compañía, Giovanni Espinosa Velasco. El nombramiento fue inscrito en la Superintendencia.
Sin embargo, los últimos documentos financieros presentados son de 2017. Faltan los de 2018, y los de 2019, que pueden presentarse hasta abril.
De no entregar la información de estos dos años, la compañía entrará nuevamente en causal de liquidación.
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