El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Minería de Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción expresaron malestar por un nuevo pedido de consulta popular que puede paralizar a varios de los proyectos mineros más importantes del país y llamaron a la Corte Constitucional para que aclare que es el Gobierno Central quien tiene la potestad exclusiva sobre los recursos no renovables.
Un expolicía dado de baja por cohecho ha puesto en jaque a la industria minera en Ecuador y ha provocado una fuerte reacción de parte los principales líderes gremiales del país, que piden seriedad y seguridad jurídica.
Se trata de Wilmer Meneses Ibarra, quien en junio de 2009 intentó sobornar a otros policías para que lo dejaran enviar un camión cargado con 20 tanques de gasolina desde Lita, en Imbabura, hacia San Lorenzo, en Esmeraldas.
Meneses Ibarra también ha sido identificado por las autoridades como uno de los líderes de los mineros ilegales que asolan la provincia de Imbabura y, en especial, a la pequeña población de La Merced de Buenos Aires, de acuerdo con documentos oficiales a los que PRIMICIAS tuvo acceso.
Esta es la persona que elevó el 21 de mayo una petición ante la Corte Constitucional a nombre de un grupo de comuneros pertenecientes a las parroquias de Lita y Carolina (Imbabura) y de Goaltal y Jijón y Camaño (Carchi) para que se consulte a esas comunidades si están de acuerdo con la minería.
Curiosamente, en su petición no incluyó a la parroquia de La Merced de Buenos Aires.
El mercado está inquieto
“No es posible que un grupo de personas que se dedican a la actividad minera ilegal o un grupo de delincuentes pueda hacer un llamado a una consulta popular“, reclamó el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón.
El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Minería de Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción expresaron su apoyo a las empresas mineras legales y pidieron al Gobierno de Lenín Moreno que ofrezca certezas a los inversionistas.
Los gremios también hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que actúe con responsabilidad, la misma petición que el presidente Lenín Moreno había pronunciado en su Informe a la Nación el pasado 24 de mayo, cuando se celebraron los dos primeros años de su gobierno.
Si se da paso a esta consulta, varias empresas internacionales podrían ver afectadas sus actividades en el país, como las australianas SoldGold, Newcrest Mining y BHP Billiton; las canadienses Cornerstone Capital e INV Metals, la chilena Corporación Nacional de Cobre (Codelco) y la empresa estatal ecuatoriana Enami EP.
Las concesiones de estas empresas en Imbabura y Carchi representan proyectos mineros considerados clave para el desarrollo del país a largo plazo.
La noticia de este nuevo intento de llamar a consulta trascendió internacionalmente y afectó los precios de las acciones en bolsa de empresas como SolGold, que es la titular del proyecto de cobre Cascabel, considerado de talla mundial.
La empresa se vio obligada a emitir un comunicado para tranquilizar a los inversionistas acerca del futuro de Cascabel.
“El proyecto Cascabel es clave para el desarrollo de la industria minera en Ecuador y uno de los motores críticos para el futuro de la economía ecuatoriana. SolGold sigue recibiendo el apoyo total del gobierno Ecuatoriano”, dice la empresa en el comunicado.
Dentro del proceso desatado por Meneses, se espera la realización de una audiencia pública el 5 de junio en la que las partes expondrán sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la pregunta.
Si la Corte falla favorablemente, el siguiente paso sería que el Consejo Nacional Electoral CNE apruebe las firmas que respaldan la pregunta y convoque a una consulta popular.
SolGold dice que no espera que la consulta sea aprobada por la Corte y agrega que confía en el fuerte apoyo del gobierno, de la comunidad minera internacional que opera en Ecuador y de las comunidades locales.
Los gremios han pedido a la Corte Constitucional que establezca claramente que es el Gobierno Central el que tiene la competencia exclusiva sobre la explotación de los recursos naturales del país y no los líderes de comunidades o los gobiernos seccionales.
De acuerdo con datos oficiales hasta 2021 Ecuador recibiría USD 3.800 millones en inversión minera, la minería podría representar USD 3.200 millones en exportaciones y pagaría USD 3.200 millones en impuestos.
Ofensiva de mineros ilegales
Meneses también fue parte de Ecuamineros, una agrupación de mineros informales de todo el país, entre ellos de Zaruma, Portovelo y San Lorenzo, que son polos tradicionales de minería ilegal.
Desde 2018, Ecuamineros ha promovido la regularización de los mineros ilegales en La Merced de Buenos Aires. En esta zona la empresa Hanrine, subsidiaria de la australiana Hancock, tiene las concesiones IMBA01, IMBA02, IMBA03, IMBA05 e IMBA06.
Los mineros ilegales se han concentrado en IMBA02, donde está ubicada La Merced de Buenos Aires y donde explotan una veta de oro desde finales de 2017.
En agosto de 2018, en la Unidad Judicial de Otavalo se inició una causa contra Meneses y otras cinco personas por el delito de actividad ilícita de recursos mineros; en dicha ocasión las autoridades les incautaron material aurífero y dos vehículos.
Pero en octubre de 2018 una jueza de la misma unidad decidió no procesarlos al considerar que no existían pruebas suficientes.
En enero de 2019 el Tribunal de Garantías Penales de Ibarra llamó a juicio a Meneses y en la audiencia éste admitió que transportaba el material aurífero por pedido de Beatriz Vega, que se dedica a la extracción de oro en una mina legal artesanal en la provincia de Imbabura.
El presidente de la Federación de Cámaras y Producción, Pablo Zambrano, reclamó más seguridad jurídica para que no ocurran más casos como el de La Merced de Buenos Aires “donde hay una explotación ilegal de minerales y una situación social muy grave“.
Los gremios también advirtieron del peligro de que este tipo de consultas derive en un fortalecimiento de la minería ilegal, que causa daños al Fisco, al medio ambiente y a la Economía.
Por su parte, el nuevo prefecto de Azuay, Yaku Pérez, anunció que planea llamar a una consulta popular para frenar los proyectos mineros en su provincia.
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