El jefe de Operaciones de Hanrine, Favio Ocampo, dice a PRIMICIAS que el Gobierno es responsable de la remediación ambiental en la zona devastada.
La empresa minera Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la australiana Hancock Prospecting, es dueña de la concesión Imba 2, un de las zonas del país más destruidas por actividades de minería ilegal de oro.
La empresa no se hará cargo de los pasivos ambientales en Imba 2, según el jefe de Operaciones de Hanrine en Ecuador, Favio Ocampo.
En una entrevista con PRIMICIAS, Ocampo dice que detrás de las actividades ilegales hay intereses políticos, y responsabiliza a la Policía Nacional por la falta de control en la zona.
¿Dónde opera Hanrine en Ecuador?
Hanrine no solo está en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.
También tiene seis concesiones otorgadas legalmente por el Estado que abarcan alrededor de 23.000 hectáreas en alrededor de cuatro cantones de las provincias de Imbabura y de Carchi.
Pero los problemas de minería ilegal se registran en la parroquia La Merced de Buenos Aires. En esa zona las operaciones de la empresa están suspendidas desde julio de 2019.
En el resto de las concesiones Hanrine está trabajando en la fase de exploración desde finales de 2017.
¿Cuándo empezaron los problemas en Imba 2?
Hanrine alertó de la presencia de mineros ilegales en el último trimestre de 2017. En enero y febrero de 2018 presentamos las primeras denuncias al Gobierno que, lamentablemente, no hizo nada.
Solicitamos amparos administrativos para las concesiones Imba 1 e Imba 2, y después de mucho tiempo, cuando ya existía minería ilegal, se nos otorgó el recurso y las minas en la concesión Imba 2 fueron suspendidas.
Es decir, ni nosotros ni los mineros ilegales podíamos realizar actividades allí.
¿Qué pasó luego del estado de excepción declarado en julio de 2019?
Luego del desalojo de casi 10.000 personas de las minas Nueva, Vieja y El Olivo (todas en Imba 2), Hanrine retomó las actividades en la concesión Imba 1 en junio de 2020.
Entramos sin novedad, pero en agosto empezaron nuevamente los problemas.
Hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminado con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero.
Varios carteles en contra de la minería están colocados en las calles de La Merced de Buenos Aires, el 10 de marzo de 2021. Primicias.
Este grupo se ha tomado la entrada a La Merced de Buenos Aires, aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales en contra por minería ilegal.
¿En qué fase estaban cuando sucedió la invasión de mineros ilegales?
Hanrine estaba y sigue en la fase de exploración en las concesiones. Seguimos buscando qué recursos podría haber en la zona, enfocados en cobre.
¿Quiénes se oponen a la actividad minera de Hanrine?
Al momento tenemos peleas legales no solo con los mineros ilegales sino con algunas autoridades locales.
Hace unos meses, incluso, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Urcuquí prohibió la actividad minera en la zona.
Luego se desechó la medida porque ellos no tienen la competencia en materia minera.
Hanrine ha intentado ingresar a la concesión Imba 1, donde no hay prohibición de realizar actividades, pero nuestros intentos han sido bloqueados por estas personas que se han tomado el ingreso de la parroquia La Merced de Buenos Aires, a vista y paciencia de la Policía.
Todas las personas que están a favor nuestro y que trabajan con nosotros o que nos prestan alguna clase de servicios, han sido golpeadas, amedrentadas y amenazadas.
El último intento fallido por ingresar a la concesión Imba 1 ocurrió el lunes 8 de marzo. Habíamos coordinado el resguardo con militares porque con la Policía no obtuvimos respuesta.
Las personas comenzaron a agredirnos con piedras y palos y recién el martes 9 de marzo pudimos salir de la zona con la ayuda de los militares.
Es complicado trabajar en estas condiciones, sin el apoyo de la Policía y de las autoridades.
Todas las personas que trabajan con nosotros o que nos prestan servicios han sido golpeadas, amedrentadas y amenazadas.
Los mineros ilegales encontraron oro casi en la superficie y están acabando con la montaña. ¿Eso no les facilita a ustedes el camino para buscar el cobre que está debajo del yacimiento de oro?
Se dicen muchas cosas. Pero, en realidad, Hanrine busca cobre en esta etapa de exploración.
En esta fase, nosotros buscamos depósitos de cobre, que estarían muy por debajo de los depósitos de oro. Este último mineral está -literalmente- en la superficie.
Por eso, el oro es el objetivo de la minería ilegal y no el cobre.
Es probable que más abajo haya cobre, pero son modelos geológicos que tienen que probarse en campo y de lo que sabemos, hasta ahora, en La Merced de Buenos Aires hay oro en la parte superior.
Los estudios deben continuar para buscar oro, plata y depósitos de cobre de alta ley, sobre todo este último. Sin embargo, Hanrine no tiene mucho conocimiento de la zona porque hemos ingresado pocas veces y tenemos escasas muestras.
Por eso, no podemos definir qué tipo de depósito de cobre hay debajo de la tierra.
Una vez que concluya la fase de exploración avanzada, que podría durar hasta alrededor de 10 años, viene una fase de evaluación económica.
Los pasivos ambientales son elevados en La Merced de Buenos Aires. ¿Hanrine se hará cargo de la remediación?
El desastre ambiental que ha dejado la minería ilegal es terrible. Eso no se puede ocultar y fue denunciado por Hanrine en su momento.
El Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros no hemos recibido ningún informe de peritajes (del Gobierno) sobre el cálculo de los daños ambientales. No es responsabilidad de Hanrine.
Una vez que se haga el peritaje, el Gobierno debe identificar a los responsables. Ellos saben quiénes son, y deben juzgarlos, porque las personas que lucran de la minería ilegal siguen sueltas.
Posteriormente, el Gobierno debe empezar con la remediación ambiental de la zona.
¿Cuántas hectáreas tiene la zona afectada?
Los daños son grandes porque por esa zona pasa la cuenca del río Mira, pero además existen daños de deforestación del bosque, de destrucción del suelo y de contaminación de los ríos.
La destrucción alcanzaría, de manera indirecta, unas 15.000 hectáreas.
Los daños son grandes porque por esa zona pasa la cuenca del río Mira.
¿Han recibido alguna respuesta del Gobierno?
Ninguna, pese a que hemos mostrado evidencias de todo lo ocurrido allí, como el desastre ambiental, social y económico, que no fue de responsabilidad de Hanrine sino de los mineros ilegales.
¿Qué evidencias han entregado?
Muchas. Aparte del daño ambiental que se debe calcular, existe un daño social.
Cuando llegamos entramos tranquilamente a la zona y le explicamos a la población lo que íbamos a hacer, pero ahora no podemos hacer nada. El daño social ya es irreparable.
El daño social ya es irreparable.
En julio de 2020, Carlos Miguel De Miguel III, gerente general y accionista de Hanrine, fue detenido y luego liberado. ¿Qué pasó?
La detención de nuestro representante fue ilegal. La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, y todos los policías que se involucraron en la detención ilegal, han sido acusados penalmente por el gerente general.
Fue una detención ilegal y los responsables deben ser procesados.
¿Hay intereses políticos detrás de todo lo que sucedió en La Merced de Buenos Aires?
Obviamente. Es feo culpar a alguien sin muchas pruebas. Además es evidente que la Policía, por ejemplo, tiene que ver algo ahí.
Todos los pedidos de resguardo realizados a la Policía no han sido atendidos.
Me parece indignante que la Policía no sepa, con exactitud, qué está pasando en ese lugar.
¿Qué está sucediendo en las otras concesiones mineras?
Hanrine tiene dos puntos de interés en Imba 1 y para acceder a esos dos puntos necesitamos pasar por La Merced de Buenos Aires (Imba 2).
Estamos pidiendo todo tipo de resguardo para que dejen trabajar a la empresa y para que la población pueda transitar libremente, porque hay alrededor de 300 personas que han sido beneficiadas con trabajo, con proyectos sociales y que están de acuerdo con la minería legal.
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