Al menos 100 militares custodian 14.000 hectáreas de área minera todos los días, mientras los mineros ilegales buscan formas de llegar hasta el material abandonado. La remediación ambiental también sigue pendiente.
En la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, se juega ‘al gato y el ratón’ entre militares y mineros ilegales. Ambos grupos buscan el control de la zona, que fue base de la extracción ilegal de oro entre diciembre de 2017 y junio de 2019.
La concesión Imba 2 fue la zona más afectada y contaminada por las actividades de minería ilegal de oro. Esta concesión pertenece a la empresa Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting.
Además en el sitio existían tres minas ilegales: mina vieja, mina nueva y mina El Olivo.
Estas minas tenían un nombre: ‘ciudad de plástico’, debido a los toldos fabricados con plástico negro que usaban los mineros para armar sus campamentos.
Tras un mega operativo en junio de 2019, alrededor de 5.000 mineros ilegales fueron desalojados de la zona. Hasta la fecha, no han podido retomar sus actividades de explotación.
Los intentos de los mineros ilegales por llegar a la zona han sido impedidos por la presencia permanente de, al menos, 100 militares de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Pero esta cantidad de militares resulta insuficiente para controlar alrededor de 14.000 hectáreas de área minera todos los días. Solo la concesión Imba 2 tiene una extensión de 4.810 hectáreas.
El comandante del grupo de caballería Yaguachi, Samer Pulles, confirma a PRIMICIAS que si bien no hay actividad extractiva ilícita en la zona, los mineros ilegales buscan llegar hasta la concesión Imba 2.
Y durante horas de la noche y de la madrugada, los mineros pugnan por recuperar los cientos de sacos de material mineralizado abandonados en la zona.
Según cifras de las Fuerzas Armadas, en estos dos meses de 2021 hubo 20 detenidos en delito flagrante. Es decir, fueron capturados mientras movían el material desde las minas hasta los diferentes puntos de la vía Panamericana Norte.
Militares, en puntos clave
El resguardo del área minera se realiza con patrullas militares y móviles, con drones y con grupos de inteligencia.
Luego del masivo desalojo a los mineros ilegales en Imba 2, los militares se ubicaron en puntos clave de la “ciudad del plástico”.
Por ejemplo, están en el sector ‘La Visera’, uno de los centros de acopio del material minero extraído de las tres minas. Allí, los militares adecuaron el lugar para un campamento provisional (centro de patrullas).
Mientras que ‘La Feria’, otro lugar de acopio del material mineralizado, fue convertido en un espacio de patrullaje de la Policía y como centro de mando.
No hay quien mueva el material
El comandante Pulles de la caballería Yaguachi explica que una vez hallado un nuevo material minero, el producto es georeferenciado.
Aunque se conoce la ubicación, el material no ha podido ser movido de la concesión debido a las condiciones geográficas de la zona y porque no existe el contingente humano para mover el mineral.
En esas circunstancias, los mineros ilegales retiran el material de manera clandestina.
“Tenemos que proteger casi 14.000 hectáreas de área minera y no podemos estar en un solo sector”, dice Pulles.
Según el ejército, la Agencia de Regulación del Ministerio de Energía es la entidad encargada de trasladar el material minero, pero hasta el momento no lo ha logrado.
“No podemos hacernos cargo del material minero porque nuestra misión es que en la zona no proliferen, una vez más, los mineros ilegales”, añade Pulles.
Pero no es la única acción para detener toda actividad minera en la zona. También se necesita cerrar las bocaminas.
El coordinador zonal norte del Ministerio de Energía, Mauricio Almeida, indica que el martes 16 de marzo de 2021 solicitará al Ministerio del Ambiente y a las Fuerzas Armadas las acciones para cerrar las bocaminas en Imba 2.
Estos lugares se han convertido en una “puerta abierta” para que los mineros ilegales retiren el material suelto dentro de estas estructuras.
Reparación ambiental
Luego de casi dos años del cese de la actividad minera ilegal, aún existe grandes extensiones de tierra destruidas por la actividad extractiva.
Además, en la zona hay herramientas de trabajo abandonadas, cambuches destruidos (viviendas de plástico), plantas eléctricas y una cantidad incalculable de plásticos, cables, botellas de vidrio, ropa y colchones.
El personal militar durante un operativo de control en la concesión Imba 2, en Imbabura, el 10 de marzo de 2021. PRIMICIAS
El jefe de Operaciones de Hanrine, Favio Ocampo, dice a PRIMICIAS que la minera espera que el Ministerio del Ambiente realice el estudio para conocer los daños ambientales.
“El desastre ambiental es terrible y lo que pasó en La Merced de Buenos Aires no es de responsabilidad de Hanrine. El Gobierno debe hacerse cargo del daño ambiental en Imba 2″, expresa Ocampo.
Por su parte Almeida, coordinador zonal del Ministerio de Energía, afirma que la ley determina que la Cartera del Ambiente se encargue de la remediación ambiental en la concesión Imba 2.
Debido a esto se ha solicitado desde 2020 que Ambiente haga la evaluación de los pasivos ambientales. Para este análisis se necesita una inversión de USD 200.000, “pero no hay los recursos”, dice Almeida.
PRIMICIAS buscó una versión al Ministerio del Ambiente, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo una respuesta.
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