Las exportaciones mineras ascendieron a USD 410 millones entre enero y agosto de 2020, pese al impacto del coronavirus, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Pero ahora esta actividad industrial está amenazada por los pedidos de consulta popular y la falta de una ley.
Ecuador tiene solo dos minas a gran escala en producción en Zamora Chinchipe: Mirador, de cobre y Fruta del Norte de oro y tiene otros 24 proyectos mineros que están en pleno desarrollo.
Pero, al menos 12 proyectos mineros están en riesgo de paralizarse por varios motivos, entre ellos por temas legales y por el rechazo ciudadano.
De ese total, ocho están en exploración avanzada y cuatro proyectos son estratégicos. En este grupo están Loma Larga, Río Blanco, Panantza-San Carlos y Fruta del Norte.
Esta última mina, Fruta del Norte, tiene oposición de varias comunidades de Zamora Chinchipe.
Conozca en el siguiente mapa los principales proyectos mineros del país y los problemas que enfrentan.
Adicional al rechazo de ciertos sectores, los representantes del sector minero y autoridades nacionales aseguran que la industria tiene cuatro desafíos por superar:
- El pedido de consulta popular a la Corte Constitucional (CC) por parte del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
- La CC deberá sentar un precedente -en las próximas semanas- sobre la posibilidad de realizar las actividades mineras en bosques protectores.
- La aprobación de una Ley Orgánica para regular la Consulta Previa, Libre e Informada antes de ejecutar las actividades extractivas.
- Un plebiscito en Cuenca que pone en riesgos otros tres grandes proyectos mineros.
Exportaciones mineras en auge
Los problemas en la industria ocurren mientras la minería busca un espacio para reactivar la economía de Ecuador. Es así que entre enero y agosto de 2020, el Banco Central registró exportaciones mineras por USD 410 millones.
Eso significa un incremento del 54,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron exportaciones por USD 185 millones, especialmente de pequeña minería.
Además, las inversiones mineras ascendieron a USD 2.747 millones entre 2015 y 2019, según cifras del Ministerio de Energía.
A continuación un desglose de las principales amenazas que afronta la industria minera en el país:
Primera amenaza: consulta popular de Nebot
En septiembre de 2020, varias organizaciones sociales presentaron ante la Corte Constitucional (CC), la propuesta de Consulta Popular con 11 preguntas que había planteado el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en julio pasado.
Dentro de ese paquete de preguntas existe una interrogante sobre las actividades extractivas. La pregunta se refiere a la explotación de recursos naturales y cuidado del medio ambiente:
¿Está usted de acuerdo que -como una forma de protección al ambiente– sea el requisito indispensable la utilización de las mejores tecnologías y técnicas disponibles para autorizar y desarrollar nuevos proyectos hidrocarburíferos y mineros, de conformidad con la reforma legal que constan en el anexo 8?
El síndico de la Cámara de la Minería, Andrés Ycaza, indica que la pregunta es demasiado abierta porque no se deja claro "cuáles son las mejores tecnologías y técnicas disponibles".
Mientras que el exviceministro de Minas, Fernando Benalcazar, dice que está de acuerdo con la propuesta de Nebot, siempre y cuando se especifique que la actividad minera deberá desarrollarse con las mejores tecnologías avaladas por organismos internacionales.
La jueza de la CC, Carmen Corral, será la encargada de sustanciar el proceso y posteriormente, el Pleno de la Corte emitirá un fallo.
Segunda amenaza: minería en bosques protectores
La fase de exploración en el proyecto minero Río Magdalena podría detenerse, de manera definitiva, si se ratifica un fallo judicial en la Corte Constitucional. Este complejo minero se ubica en el bosque protector Los Cedros del cantón Cotacachi, en Imbabura.
Cerca de 9.909 hectáreas de ese bosque están concesionadas a la Empresa Nacional Minera (Enami) y a su socio estratégico de Canadá, Cornerstone Ecuador S.A.
El fallo judicial de la Corte Provincial de Imbabura exigía la revocatoria del registro ambiental a Enami, un procedimiento legal clave para ejecutar actividades mineras. También determinó que hubo violación del derecho a la consulta previa en esa zona.
La Corte Constitucional deberá deliberar y dictar una sentencia en los próximos días.
Pero no es todo. La Corte escogió este caso para sentar precedente sobre los sitios donde se debe realizar actividad minera. Es decir, la sentencia servirá como base para resolver futuras controversias judiciales sobre actividades extractivas relacionadas con los siguientes temas:
- El contenido de los derechos de la naturaleza.
- Cómo se deben fijar los límites de las áreas declaradas como bosques protectores y vegetación protectora.
- Y dar un alcance de la responsabilidad de entidades estatales de monitorear y dar seguimiento a las concesiones mineras.
Según el catastro minero, alrededor de 540 concesiones están ubicadas en bosques protectores. Entre los proyectos mineros sobresalen la mina de cobre Mirador, en Zamora Chinchipe y Llurimagua, en Imbabura.
"La mayoría de los proyectos mineros importantes tienen dentro de sus concesiones bosques protectores y corren el riesgo de detenerse", explica el exviceministro del ramo Fernando Benalcázar. Añade que según la ley ecuatoriana, la actividad minera está prohibida en áreas protegidas, pero no en bosques protectores.
Tercera amenaza: falta una nueva ley
Antes de dejar el cargo, el exviceministro Benalcázar entregó al Ejecutivo un proyecto de Ley para regular la Consulta Previa, Libre e Informada que permita desarrollar los proyectos mineros.
Pero el Ejecutivo todavía no remitió el proyecto a la Asamblea. En el Legislativo poco o nada se ha hecho, pese a existir un proyecto calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en 2014.
La entonces legisladora Magali Orellana planteó el proyecto de Ley Orgánica de Consulta Previa a las Comunas, Comunidades y Nacionalidades. Sin embargo, el tratamiento de la norma no ha registrado avance.
La emisión de la ley es un pedido expreso de la Corte Constitucional, que en una sentencia -el 13 de diciembre de 2019- estableció que en un año, la Asamblea deberá aprobar una nueva norma legal.
Ese plazo vence el 13 de diciembre de 2020.
"La Corte Constitucional puede presentar un proyecto de ley en el caso que la Asamblea y el Ejecutivo no presenten un proyecto de ley orgánica", señala Benalcázar.
Tanto el exviceministro como la Cámara de Minería recuerdan que en los últimos casos de oposición a proyectos mineros se acusó a las empresas e incluso al Gobierno de no haber realizado la consulta previa a las comunidades.
"Los problemas en los proyectos mineros Río Blanco y Panantza-San Carlos surgen porque supuestamente no se hizo la consulta previa. Con la nueva ley, la minería responsable no debería tener más problemas de esa índole", dijo Benalcázar.
Cuarta amenaza: consulta popular en Cuenca
La Corte Constitucional (CC) dio paso al plebiscito que plantea que no se realice actividad extractiva metálica a mediana y gran escala en las zonas donde se originan cinco grandes ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.
La iniciativa, que fue planteada por el Concejo Cantonal de Cuenca, está conformada por cinco preguntas. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el plebiscito sería el 13 de diciembre de 2020.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios así como el síndico de la Cámara de la Minería, Andrés Ycaza, coincidieron en que la consulta popular busca paralizar tres proyectos mineros:
- Loma Larga, que está en fase de evaluación económica.
- Ruta del Cobre, que está en fase de exploración y evaluación económica.
- Río Blanco, que estaba en fase de explotación, pero una decisión judicial paralizó las operaciones en la mina.
Los mineros señalan que, en el caso de tener un revés en la consulta popular, se verán obligados a "bajar de categoría" a los mencionados proyectos extractivos.
Es decir, si los proyectos son de mediana o gran escala, la opción es convertirlos en pequeña minería, pese a los costos económicos.
Ycaza indica que el plebiscito vulnera la seguridad jurídica en el país, porque se está violentando los derechos que el Estado otorgó a las empresas para que realicen inversiones mineras en Cuenca.
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