En entrevista con PRIMICIAS, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dice que ya está listo el reglamento para la consulta previa, libre e informada de las comunidades en el caso de las actividades mineras.
Solo falta el Decreto Ejecutivo del Presidente de la República, Lenín Moreno, para que entre en aplicación el nuevo reglamento.
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, explica que el nuevo reglamento busca que no haya “abusos ni vivezas de nadie” en el desarrollo de las actividades mineras.
Benalcázar admite que, pese a la nueva regulación, habrá personas que intenten detener la actividad minera en el país.
Con el reglamento, dijo, se evitarán problemas como el ocurrido en el proyecto Río Blanco, que fue paralizado en junio de 2018, bajo el argumento de que el Estado no hizo la consulta previa, libre e informada con las comunidades aledañas.
¿Quiénes pueden ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada?
El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución establece que se reconoce y se garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable.
La consulta es de responsabilidad del Estado y de nadie más. No se trata de que al señor Yaku Pérez (prefecto de Azuay, conocido por su activismo antiminero, ndr), que no tiene ninguna raíz ancestral se le ocurra hacer una consulta previa por su cuenta.
Con la consulta, el Estado informa a las comunidades sobre los impactos y los beneficios de la actividad minera. La idea es llegar a acuerdos con la comunidad.
La consulta que realicen las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. El reglamento busca sistematizar y racionalizar los procesos de consulta de acuerdo con la Constitución, para que no haya abusos ni vivezas de nadie.
¿Es vinculante la consulta? Es decir, ¿sus resultados son de obligatoria aplicación para el Estado?
No, no es vinculante. El mismo inciso 7 del artículo 57 de la Constitución señala que si no se obtuviera el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
Una comunidad no puede decir: aquí no habrá (minería). Eso no existe en ningún lado, ni en la constitución ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para la consulta previa, la información debe ser abierta y explícita, desde la concepción inicial de lo que sería una actividad minera hasta todas las fases siguientes para el desarrollo de los yacimientos.
Con el reglamento, hablamos abiertamente de lo que es la minería en todas sus fases, lo que permitirá que el proceso de consulta sea claro.
Pese al reglamento ¿cree que habrá sectores que intenten detener la actividad minera?
De hecho, seguirán existiendo oportunidades de levantar polvareda donde no se necesita, por medio de la Consulta Popular, que es diferente a la consulta previa, libre e informada a las comunidades.
La Consulta Popular es un derecho de todos los ecuatorianos para ejercer un cuestionamiento sobre si un proceso cumple o no cumple con la ley, y es la Corte Constitucional la que tiene la última palabra.
¿Qué hay en las disposiciones transitorias del reglamento?
A través de disposiciones transitorias buscamos que, en aquellas áreas donde hay concesiones otorgadas y que coinciden con los lugares donde habitan los pueblos sujetos a consulta, definir mecanismos sobre cómo -si cabe el término- cumplir con los parámetros constitucionales e internacionales. Y definimos la metodología para hacerlo.
En términos generales, esas disposiciones transitorias permitirán que las partes lleguemos a acuerdos y entendimientos.
¿El gobierno está pensando en una refinería de oro?
Es necesario generar valor agregado en lo que hacemos. Actualmente, el país es un exportador de concentrado de oro y barras doré.
En ese sentido, la refinería de oro busca entregar un producto con mayor valor, más procesado, para exportación y generar empleo a través de la inversión extranjera.
¿Dónde estaría ubicada la refinería?
En el gobierno anterior hubo una aproximación de dos empresas: una europea y otra del sur de África. Las dos presentaron propuestas para la refinería de oro, pero en su momento no estaban listos los proyectos de minería a gran escala. Sólo existían operaciones de pequeña minería.
En esa época se plantearon propuestas para hacer refinerías en El Oro y en Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Pero ahora hay otras zonas en consideración, como Zamora Chinchipe, donde están los dos proyectos más grandes de minería a gran escala (Mirador y Fruta del Norte) o en la provincia de El Oro, que también tiene mucho potencial minero.
¿Cuándo invitará Ecuador a los inversionistas extranjeros?
Para la construcción de la refinería, que ocuparía un espacio inferior a una hectárea, el Gobierno presentará las invitaciones de manera inmediata. En este momento estamos preparando las posibles cartas de invitación. Todavía no hay términos de referencia definidos.
La idea es despertar interés de los inversionistas y que sepan que Ecuador está en capacidad para que se construya una refinería porque tenemos grandes minas y una oferta de electricidad suficiente. El país incluso exporta electricidad a Colombia.
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