Dos especies de ranas en peligro, una controversia entre los socios de la concesión, la chilena Codelco y la ecuatoriana Enami EP, además de la oposición de 20 grupos amenazan al proyecto de cobre en Imbabura.
Nota actualizada el 27 de noviembre de 2020 con la respuesta de la organización Cedenma al ministerio de Energía.
Tres problemas ponen en riesgo el desarrollo del proyecto minero de cobre Llurimagua, ubicado en una superficie de 4.829 hectáreas en el cantón Cotacachi, en la provincia interandina de Imbabura.
Uno son las controversias entre la empresa estatal minera de Ecuador Enami EP y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), encargadas de desarrollar el proyecto cuprífero.
Dos, la oposición de ambientalistas que advierten sobre la falta de control de parte del Ministerio de Ambiente, y tres, la oposición de comuneros de la zona.
Codelco, que es la mayor productora mundial de cobre, pidió el 23 de noviembre a la Procuraduría de Ecuador que haga cumplir los acuerdos que Enami EP firmó con Codelco para el desarrollo de Llurimagua.
En noviembre de 2011, ambas empresas mineras estatales firmaron un convenio de exploración conjunta del proyecto.
Acordaron la creación de una sociedad empresarial en la que Enami EP tendría el 51% de las acciones y Codelco, el 49% restante.
Pero la creación de la sociedad anónima todavía no se ha concretado.
Codelco responsabiliza a Enami EP porque “no ha cumplido con los acuerdos de formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ha ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año”.
En un examen especial de marzo de 2019, la Contraloría ya había concluido que la constitución de una empresa de economía mixta era el requisito más importante para el desarrollo conjunto de Llurimagua.
Pese a la falta de la sociedad, el proyecto siguió ejecutándose en su fase de exploración.
Según el Ministerio de Energía, Enami EP y Codelco han invertido USD 47,6 millones, entre 2012 y 2019, en el proyecto.
En el plan de Negocios y Expansión 2020, Enami EP señaló que Codelco es la única empresa que ha corrido con la inversión para la exploración en Llurimagua.
Raúl Brito, quien se desempeñó como gerente de Enami EP entre el 14 de febrero y el 13 de diciembre de 2017, ha sido uno de los pocos funcionarios de Ecuador que justifica la demora en la concreción de la nueva sociedad.
Ante la Contraloría, Brito afirmó que la nueva sociedad anónima deberá concretarse cuando el proyecto minero esté en fase de evaluación económica. Al momento Llurimagua está en fase de exploración avanzada.
Las entidades del Estado todavía no se han pronunciado al respecto. PRIMICIAS solicitó una entrevista con el gerente de Enami EP, Hernán Roberto Guasumba. Hasta el cierre de la edición no obtuvo una respuesta.
El último pronunciamiento del Gobierno ocurrió el 23 de julio de 2020, cuando el Ministerio de Energía informó que “continuaba desarrollando los pasos necesarios para constituir una sociedad anónima” que permita la ejecución óptima del proyecto minero.
Esos “pasos” consistían, según el Ministerio de Energía, en el análisis de los instrumentos jurídicos, operativos y técnicos para la futura estructura de los estatutos de la mencionada sociedad.
Según el Ministerio de Energía, las inversiones proyectadas para el desarrollo de Llurimagua alcanzan los USD 3.000 millones a lo largo de la vida útil de la mina.
Ranas judiciales
El proyecto minero también enfrenta un problema legal que podría terminar con la reversión de la concesión.
La jueza Carmen Jaramillo Cevallos, de la Unidad Judicial de Cotacachi, en Imbabura, otorgó una medida cautelar a favor de la bióloga Andrea Terán.
Terán alega que hubo falta de control por parte del Ministerio del Ambiente (MAE) con respecto a las actividades mineras de Enami EP y Codelco.
En agosto de 2020, Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), explicó que la denuncia en contra del ministerio obedeció a una supuesta violación de los derechos a la naturaleza.
La demanda fue interpuesta en la Unidad Judicial de Cotacachi, en Imbabura.
Terán, quien ha realizado investigaciones de especies de ranas que se encuentran en peligro de extinción, acusó al ministerio de una “ausencia de control” en la protección de las Cascadas Gemelas en la zona de Íntag (en Cotacachi), tras las actividades de exploración avanzada realizadas por Enami EP y Codelco.
“La falta de control pone en riesgo la existencia de dos tipos de ranas (Nodriza Confusa y Arlequín Hocicuda), que se creían extintas”, dijo Greene.
La rana Arlequín Hocicuda habita en la zona de Intag, en Imbabura. Cortesía Centro Jambatu
La medida cautelar establece que, en tres meses (para enero de 2021), el Ministerio de Ambiente deberá garantizar la protección de la zona de Íntag, así como la vida de los dos tipos endémicos de ranas.
En caso contrario, la justicia dispondrá la terminación de la concesión minera de Llurimagua.
El ministerio apeló la decisión de la jueza de Cotacachi. Ahora la justicia deberá resolver la apelación de la sentencia en primera instancia.
- Codelco responde
Luego del reportaje de PRIMICIAS, la empresa Codelco asegura que las operaciones en el proyecto Llurimagua se han realizado “resguardando la protección del medioambiente” porque así lo exige la licencia ambiental emitida por el MAE.
Respecto a la situación de las cascadas Gemelas, Codelco informó que un estudio verificó que no existe contaminación alguna, sino que se trata de un efecto de sedimentación natural.
“(Con los estudios respectivos) se ha podido determinar que no existe la presencia de ranas en peligro de extinción”, dijo Codelco, al señalar que el proyecto Llurimagua “ha sido respetuoso de todos los procedimientos establecidos por la normativa legal y por la autoridad ambiental de Ecuador”.
Oposición combinada
El Ministerio de Energía reportó que, al menos, 20 grupos ambientalistas se oponen a las actividades extractivas en Imbabura, entre ellas el proyecto Llurimagua.
Mauricio Almeida, coordinador zonal norte del Ministerio de Minas, dijo que la mayoría de los 20 grupos ambientalistas tienen intereses electorales.
Un informe de Enami EP, al que accedió PRIMICIAS, evidencia que no solo grupos antimineros están en contra del desarrollo del proyecto Llurimagua.
También sobresalen varios ciudadanos de las comunidades Cerro Pelado y Barcelona, en la zona de Íntag, que supuestamente se quejan de la presencia de Codelco.
Ciudadanos de la zona de Intag rechazan la presencia de la empresa Codelco, en febrero de 2019. Cortesía Enami
Incluso, Enami EP informó en su Plan de Negocios y Expansión de 2020 que el nivel de aceptación del proyecto Llurimagua por parte de las comunidades cercanas podría caer por tres problemas:
- La falta de constitución del vehículo societario.
- La desvinculación laboral de aproximadamente el 60% de trabajadores en las áreas mineras.
- La reaparición de organizaciones antimineras.
“Los comuneros se quejan de que no hay socialización de la política pública minera en la zona de Íntag”, dijo Almeida.
Nota de la redacción. En una comunicación dirigida a PRIMICIAS, Natalia Greene, vicepresidenta Cedenma, respondió a las declaraciones de Mauricio Almedida, coordinador zonal norte del Ministerio de Minas. “Quienes estamos tras la demanda somos un grupo de ambientalistas, biólogos y abogados; en número de organizaciones somos solo dos, Cedenma y Decoin (no 20), dentro de un grupo que llamamos Intag Santuario de Vida y ninguna persona que forma parte de estas organizaciones está vinculada a un partido o movimiento político, o forma parte de alguna candidatura para las próximas elecciones de febrero de 2021”.
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