Pese a la iliquidez en las cuentas del IESS, el Biess ya ha comprado USD 1.627 millones en bonos del Estado en lo que va de 2023.
La falta de liquidez en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se agrava, mientras el Ministerio de Finanzas dejó de transferir su aporte para el pago de pensiones de los jubilados desde febrero de 2023.
Frente a esa situación, el Consejo Directivo del IESS advirtió al Ministerio de Finanzas el "alto riesgo de incumplir con el pago a los jubilados y pensionistas".
Lo hizo mediante un oficio del 10 de agosto de 2023, dirigido al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena.
En el documento, el Consejo Directivo del IESS advierte que el Ministerio de Finanzas se comprometió a pagar USD 2.186 millones en 2023 para cubrir su aporte del 40% para las pensiones de los jubilados.
Pero, de esa cifra, Finanzas solo transfirió USD 338 millones, por los meses de enero y febrero.
El atraso con el IESS sumaba USD 892 millones hasta julio, pero siguió aumentando y para septiembre ya era de USD 1.250 millones.
IESS toma ahorros y debilita su fondo
Debido a que Finanzas dejó de hacer transferencias, el IESS atraviesa por una "situación de iliquidez" dice el Consejo Directivo.
Y, frente a eso, el IESS se vio obligado a "desinvertir" los ahorros que administra a través de su banco, el Biess.
Hasta junio había tomado USD 100 millones de sus ahorros, pero no fue suficiente. Y ya para septiembre había desinvertido USD 480 millones del Biess para cubrir el pago de pensiones y la decimocuarta pensión a los jubilados de la Sierra y Amazonía.
De continuar con el incumplimiento en el pago de Finanzas, el Consejo Directivo advirtió, en su oficio, que tendrá que desinvertir otros USD 880 millones hasta finales de 2023.
Es decir, el impacto total de disminución de las reservas o ahorros del fondo de pensiones sería de USD 1.511 millones en 2023.
Lo anterior, advierte el Consejo Directivo, "causaría una grave afectación, debido a que se va en contra de la sostenibilidad" del Fondo de Pensiones.
El Consejo Directivo consideró que, de seguir la situación de no pago, el Fondo de Pensiones continuaría descapitalizándose. Y, le recordó al Ministerio de Finanzas que las reservas del Fondo ya fueron duramente afectadas durante el gobierno de Rafael Correa.
Una de las causas fue la eliminación del aporte estatal del 40%. Se lo hizo mediante la Ley de Justicia Laboral aprobada en la Asamblea Nacional en 2015, con el voto mayoritario del entonces movimiento oficialista Alianza País.
La Corte Constitucional dispuso al Estado restituir la contribución estatal al IESS, pero recién a partir de 2019.
Por las decisiones correístas, según los datos del IESS, entre 2015 y 2018 el Fondo de Pensiones perdió USD 8.927 millones.
Biess compra bonos
Pese al escenario de iliquidez, el Biess optó por comprar bonos del Estado que ya suman USD 1.627 millones.
Lo advierte la vocal de los empleadores al Consejo Directivo, María de los Ángeles Rodríguez, en un oficio remitido también al Ministerio de Finanzas y al que accedió PRIMICIAS a través de las cámaras productivas.
En el documento, Rodríguez dice que "mientras el Ministerio de Finanzas a su cargo, ha dejado de transferir al IESS, en lo que va de 2023, unos USD 1.250 millones por concepto del aporte del 40% y otros rubros de pensiones, el Biess ha invertido en el mismo período en bonos del Estado ecuatoriano unos USD 1.627 millones".
Es decir, "el IESS ha financiado el Presupuesto General del Estado, por un valor cercano a los USD 2.877 millones, con recursos de los afiliados, jubilados y beneficios del IESS".
Eso es liquidez para el Estado, pero problemas de iliquidez para el Biess, en momentos en que el IESS requiere de más dinero para pagar pensiones.
Por otro lado, si el Biess tiene menos recursos líquidos tiene menos capacidad para otorgar créditos a los afiliados y jubilados, inversiones que le dejan intereses a favor.
Una deuda de USD 12.518 millones
En total, el IESS reclama una deuda histórica de USD 12.518 millones al Estado, con corte a junio de 2023.
La mayor parte de esa deuda, o USD 7.505 millones, corresponde a la contribución para la atención de salud de jubilados y afiliados con enfermedades catastróficas.
Por Ley, el Estado debe cubrir a partir de 2001 el pago de atención de salud a jubilados, pero ha venido acumulando una deuda histórica. Recién en 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso reconoció y pagó un parte pequeña de estas obligaciones.
El Ministerio de Finanzas argumenta que esos valores deben ser auditados, antes de ser reconocidos por el Estado.
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