El Gobierno está despejando el camino para que las mineras puedan operar

Grupos de oposición que presentan acciones de protección ante las cortes para frenar los proyectos mineros, desafíos en materia de infraestructura y hasta mafias que invaden las concesiones legales son algunos de los problemas que el Gobierno está tratando de sortear.

La idea es que Ecuador pueda desarrollar todos sus proyectos de minería a gran escala.

Por el momento, las empresas privadas titulares de las concesiones mineras y el Gobierno están desarrollando infraestructura adicional para que los proyectos mineros puedan desarrollarse.

El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, explica que proyectos como Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro), en el suroriente del país, ya cuentan con casi toda la infraestructura para operar al 100%.

La empresa china Ecuacorriente que inició la extracción de cobre en la mina Mirador en julio de 2019, construyó junto con el Gobierno un puente sobre el río Zamora, la vía Chuchumbletza-Mirador y la línea de transmisión eléctrica Taday-Bomboiza.

Mirador está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe.

Mientras que la compañía canadiense Lundin Gold, que inició la producción de oro en la mina subterránea Fruta del Norte, también en la provincia de Zamora Chinchipe, hizo adecuaciones en vías y redes eléctricas.

La minera construye una carretera de 21 kilómetros y una línea de transmisión eléctrica de 42 kilómetros para conectar Fruta del Norte con el sistema nacional de carreteras y la Red Eléctrica de Ecuador.

En conjunto, según Gallegos, Ecuacorriente y Lundin Gold han reforzado 24 puentes y construido cuatro más para evacuar el material minero hacia los puertos de exportación de Guayaquil y Puerto Bolívar, este último ubicado en la provincia de El Oro.

En Puerto Bolívar ya comenzó a construirse un puerto especializado para la exportación de minerales. La inversión corre a cargo de las dos compañías mineras.

Gallegos considera que las empresas que tienen concesiones en el norte del país, como la australiana SolGold, dueña del proyecto de oro, cobre y plata Cascabel, enfrentan desafíos al futuro en materia de infraestructura.

Una vez que esas minas comiencen a producir, dice Gallegos, hay que analizar adecuaciones al puerto de Esmeraldas para el cabotaje de concentrados mineros.

Gallegos, quien asumió sus funciones en el viceministerio de Minas el 14 de enero de 2020, afirmó que no es un buen "negocio" construir una refinería de metales en Ecuador.

¿La razón? El país tiene poca carga de concentrado minero para procesar y el costo de una planta refinadora bordea los USD 1.400 millones. Además, para su operación se necesitaría unos 500 megavatios de electricidad.

Un nuevo problema

Pero existen problemas más allá de la construcción de puentes y la adecuación de puertos y tienen que ver con la oposición a las actividades mineras y la invasión de concesiones por parte de mineros ilegales.

La semana pasada, el consorcio chino Ecuagoldmining notificó a Ecuador sobre una “disputa internacional” por falta de garantías para operar el proyecto minero Río Blanco, del cual es titular.

Ahora representantes de ambas partes se sentarán para buscar una solución conjunta.

Esta notificación, según Gallegos, implica una negociación directa de al menos seis meses antes de llegar a un arbitraje por unos USD 480 millones.

Para evitar que los proyectos mineros tengan problemas legales y sociales, el Gobierno tiene listo el borrador de un reglamento para definir quienes son sujetos de consulta previa, libre e informada, antes de desarrollar los proyectos mineros.

En el reglamento se establece "el tipo de información que las empresas mineras deben indicar a las comunidades afectadas", dijo Gallegos.

El Gobierno también sigue de cerca la actividad minera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.

Esa parroquia fue polo de actividades ilegales lideradas por grupos armados y mineros irregulares, que invadieron una parte de las 14.255 hectáreas concesionadas a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting Pty.

Según Gallegos, la intención de la empresa concesionaria es llegar a un acuerdo con grupos organizados de mineros de la zona para que realicen actividades en la concesión Imba 2, la zona más afectada por las actividades ilegales.

Otra preocupación tiene que ver con las personas que salieron a la fuerza de La Merced de Buenos Aires, una parte de los mineros ilegales desalojados de esa zona se trasladó al proyecto Loma Larga (oro) en Azuay.

Gallegos admite que un grupo de "ciudadanos violentos" llegó al proyecto minero Loma Larga y "entraron a minar", es decir, a sacar el oro ilegalmente.

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