Industriales y agricultores, enfrentados por precios mínimos

La reforma al COIP (Código Orgánico Integral Penal) ratifica la pena de cárcel de uno a tres años para quien incumpla los precios mínimos de productos agrícolas y pecuarios. La Cámara de Industrias de Guayaquil asegura que ningún exportador debe ir a prisión por querer ser más competitivo.

La prohibición de la venta de suero de leche líquido no es el único punto que enfrenta a agricultores e industriales. En el artículo 71 de la reforma al COIP (Código Orgánico Integral Penal) se ratifica la sanción por el incumplimiento de los precios mínimos de sustentación de varios productos.

Además de la leche, estos precios mínimos abarcan otros producto como arroz, maíz, banano, soya y caña.

Por un lado, los productores aseguran que el precio mínimo, fijado por el Ministerio de Agricultura, los ayuda para equilibrar ganancias en tiempos de sequía y para enfrentar a los intermediarios.

“La medida incrementa la rentabilidad de los productores y evita que sufran abusos” .
Heitel Lozano, director del Centro de Investigación del Arroz.

Mientras que los industriales opinan que hay un subsidio engañoso y que los precios deberían formarse libremente en el mercado, bajo la dinámica de oferta y demanda.

Maíz y arroz, sensibles a los cambios del mercado

Los arroceros en Guayas han protagonizado varias protestas en 2019, porque según ellos las piladoras no respetan el precio fijado por el Gobierno.

Muchos arroceros, dice Lozano, dejaron el cultivo de arroz y, con ello, la oferta en el mercado se redujo. Así, un quintal, cuyo precio oficial es de USD 31, ahora se vende en el mercado a USD 33.

Al igual que los arroceros, los maiceros también han protestado por los precios bajos, que ahora se han elevado debido a la leyes de oferta y demanda.

Una mala cosecha por problemas del clima en la delta del Mississipi (Estados Unidos) ha aumentado los precios internacionales del maíz, lo que también influye en el nivel de precios en Ecuador.

“La reforma del COIP pretende llenar las cárceles de queseros y exportadores”
Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

Pese a ello, César Herrera, presidente honorario de Fenemaíz, dice que los precios de sustentación son necesarios y justifica la penalización de su incumplimiento.

“Si la industria fuera honesta no habría problema”, sostiene Herrera quien acusa a los intermediarios de ser cómplices de los compradores para mantener los precios bajos.

Industriales piden incentivos temporales

Caterina Acosta, titular de la Cámara de Industrias, expresa que los precios mínimos protegen demasiado a sectores como el maicero y arrocero. “No se esfuerzan para lograr eficiencia y competitividad”.

La dirigente asegura que el gremio de exportadores no se opone a los incentivos para el agro, siempre que sean “focalizados y temporales”.

Sobre el maíz, Acosta dice que el saco de 210 libras es 50% más barato en Colombia y Perú, porque en esos países se ha invertido en eficiencia y competitividad.

“Como todo es una cadena productiva, si el maíz es más caro, esto afecta al balanceado y al sector avícola. Al final son los consumidores quienes pagan el precio“, asegura Acosta.

En representación de los bananeros, Richard Salazar pide al Ejecutivo el mismo trato que otros sectores agroindustriales, como el camarón o cacao, cuyo precio se mueve según el mercado internacional.

“Exhortamos al gobierno a vetar la reforma del COIP y a buscar medidas enfocadas en la competitividad”, indica el empresario y presidente de Acorbanec (Asociación de Comercialización y Exportación de Banano).

La Cámara de Industrias se ha venido reunido con el Gobierno desde la semana pasada para demandar el veto a la norma.

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