El empleo ha mejorado sustancialmente en Ecuador tras seis meses de destrucción sistemática de puestos de trabajo por la pandemia, asegura el ministro Andrés Isch, que sin embargo, no ve otra posibilidad que realizar reformas estructurales para garantizar su sostenibilidad.
En una entrevista con Efe, el ministro de Trabajo afirmó que “la pandemia ha evidenciado los problemas estructurales” del mercado ecuatoriano desde hace años, lo que “brinda una oportunidad para hacer las correcciones” pertinentes a través de un “diálogo” desde la sociedad que dé “legitimidad” a las reformas.
La situación laboral en Ecuador se deterioró considerablemente desde marzo, cuando el confinamiento por el coronavirus disparó el índice de desempleo de menos del 4% hasta el 13,3 %, habiendo regresado desde junio a parámetros en torno al 6,6 %.
“Nos golpeó muy duro a nosotros y a toda la región, eso es evidente. Las cifras eran alarmantes y siguen siendo complejas”, valoró el ministro.
Y es que si bien en la primera dimensión se han concretado avances importantes para evitar “la destrucción de empleo”, en la segunda, se revelan los verdaderos problemas estructurales del país y la sociedad.
La pandemia encontró al país en una severa crisis económica y una titánica falta de liquidez, que hacían imposible extender una red de apoyo al sector empresarial como ocurrió en otros países.
El inicio de la recuperación laboral ha sido posible a través de la llamada Ley de Apoyo Humanitario que ha flexibilizado condiciones de empleo y contratación, y generado protestas de sindicatos que la ven como una regresión de derechos de los trabajadores.
Y también porque, desde hace dos años, el Gobierno inició una exigida política de recortes del gasto público que incluyó la desvinculación de miles de funcionarios públicos a través de varias fórmulas: despidos, jubilaciones y supresión de plazas temporales.
Solo en 2020 se espera hasta diciembre la supresión de 12.000 plazas de un total de 420.000 que había en mayo, para generar un ahorro de USD 50 millones, aunque ya en 2018 y 2019 hubo otras 20.000.
“El Gobierno central llegó a tener más de 450.000 funcionarios”, dijo Isch al referirse a los tiempos de bonanza petrolera.
Sin menospreciar la protesta social de octubre de 2019 contra los recortes, y otras que se han sucedido en el tiempo, Isch apunta la necesidad de reestructurar el mercado laboral para ofrecer soluciones a largo plazo por encima de elecciones, gobiernos y políticas puntuales.
Se refiere a aquellos que ni siquiera aparecen en las estadísticas de empleo, los “informales”, ese 47% de mano de obra ecuatoriana que apenas subsiste entre acuerdos verbales con su empleador en el emprendimiento privado no regulado, en los cruces de las calles.
“La Ley Humanitaria es una ley que busca evitar que en una condición de crisis como la que vivimos se destruyan plazas de trabajo, pero no es una reforma estructural”, asegura.
Lamenta que “no hemos logrado generar como país las condiciones adecuadas para que la formalidad sea mejor negocio que la informalidad”.
Insta además al establecimiento de un diálogo social bajo el manto del Gobierno en el que se preserve el delicado “equilibrio” de “garantía de derechos, trabajo adecuado, condiciones dignas y, por otro lado, la generación de oportunidades que permita a todas estas personas incorporarse en el mercado formal”.
Una anomalía que se observa claramente en Ecuador en el indicador del “salario promedio”, por debajo del “salario básico”, ahora de USD 400. “Ese es un indicador clarísimo de cómo no hemos logrado crear las condiciones para el crecimiento de los trabajadores”, aduce.
Otras de las reformas requeridas, indica el ministro, es buscar soluciones a la mejora de las condiciones de empleo de mujeres y jóvenes, los más castigados por la pandemia; reducir el “subempleo”; o alentar a la formación.
“Hacen falta reformas estructurales”
“Tenemos mucho que hacer en reformas estructurales que no necesariamente implican una regresión de derechos, sino generar oportunidades para generar plazas que permitan un crecimiento adecuado”, aclara.
Medidas que han sido censuradas por los sindicatos y la oposición como un retroceso para beneficiar a empleadores y grandes grupos empresariales, y satisfacer presuntas demandas del FMI a la hora de abrir sus líneas de crédito al país.
Al hilo de las críticas, Isch considera “sumamente importante salir de las discusiones dogmáticas y entrar en los hechos”, porque los recientes créditos de USD 6.500 millones de dólares no se han concedido sobre “demandas”, sino con “propuestas” de Ecuador.
Con unas reformas aún en proceso de ratificación legal y criticadas socialmente, Isch espera que un “dialogo amplio y franco” sirva para sortear la brecha antes de que concluyan las funciones del actual Gobierno en mayo de 2021.
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