Ley de emprendimiento abre el camino a las empresas verdes

Economía

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

14 Jan 2020 - 0:01

Impaqto fue una de las primeras empresas en Ecuador en ser considerada de responsabilidad socioambiental. - Foto: Impaqto/Facebook

Ley de emprendimiento abre el camino a las empresas verdes

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

14 Jan 2020 - 0:01

Una vez que la ley sea aprobada por el Ejecutivo y publicada en el Registro Oficial, Ecuador se convertirá en el cuarto país del mundo en reconocer a las empresas con responsabilidad social y ambiental. Estados Unidos, Italia y Colombia ya lo han hecho.

El proyecto, aprobado el 7 de enero de 2020 por la Asamblea, aborda algunos temas, entre ellos el reconocimiento de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que son organizaciones que buscan contribuir a la resolución de problemas sociales y ambientales.

En la novena disposición transitoria de la Ley de Emprendimiento e Innovación se reconoce y se define a las BIC, es decir, se les da un marco legal a las empresas de triple impacto: social, ambiental y económico.

“La importancia de las empresas socialmente responsables se evidenció en las manifestaciones de octubre de 2019, que fueron motivadas por la desigualdad”, afirma José Ignacio Morejón, director ejecutivo y cofundador de Sistema B Ecuador, movimiento que impulsa la generación de corporaciones de beneficio y su respectiva certificación.

Morejón agrega que las millonarias pérdidas que dejaron las protestas hicieron que “algunos empresarios empezaran a cuestionar cómo tener un impacto positivo en la sociedad, más allá del pago de impuestos y de la generación de empleo”.

Ejemplo de la relevancia que ha cobrado el tema es que en diciembre de 2019 la Superintendencia de Compañías reconoció la creación de las Sociedades BIC.

“El objetivo de la Superintendencia es poner a Ecuador a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo“, sostiene Esteban Ortiz, intendente regional de Quito de la Superintendencia.

Ortiz agrega que, con la normativa, “Ecuador se convierte en el tercer país del mundo en cuanto a legislación y en el cuarto en materia de reconocimiento de conceptos para las BIC”.

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay también están discutiendo el tema. Nosotros nos adelantamos”, agrega.

¿Qué regula la ley?

La Ley de Emprendimiento e Innovación determina qué debe hacer una empresa para poder definirse públicamente como BIC.

Dice cuáles son sus derechos y obligaciones de administración e información ante los socios, los inversionistas y la comunidad.

Además, la norma permite exigir legalmente el cumplimiento del propósito declarado en los estatutos de la empresa, que deberá tener un impacto social definido por los propios miembros del negocio.

Para eso, las empresas tendrán que publicar una vez al año un reporte de sostenibilidad, en el que detallen los medios y el cumplimiento de sus objetivos sociales y ambientales.

Este informe deberá someterse a estándares internacionales, como:

  • La Certificación de sociedad Tipo B o B Corporation.
  • Los estándares GRI del Global Reporting Initiative.
  • La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for Standardization.
  • La guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de Accountability.

En Ecuador existen 17 empresas certificadas como corporaciones de beneficio.

Sistema B estima que con la aprobación de la ley entre 17 y 25 empresas se certificarán como corporaciones de beneficio en 2020.

Dos empresas grandes del sector alimenticio estarían interesadas en obtener la certificación.

Los beneficios de ser responsable

Además de su reconocimiento y diferenciación de otro tipo de empresas, las BIC esperan que los beneficios de ser responsables se materialicen.

“Con el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) estamos en conversaciones para que la subasta inversa no sea el único criterio que prime dentro de las compras públicas, sino que se tomen en cuenta otros factores como el triple impacto”, explica Morejón.

Otro ámbito en el que se está trabajando es en el tributario.

“Hemos hablado con ciertos gobiernos locales para que las tasas relacionadas al acceso a servicios públicos se reduzcan para las empresas que demuestren tener mecanismo efectivos de ahorro de recursos como el agua o la electricidad”, concluye Morejón.

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