La empresa pública no ha logrado cerrarse. Por el proceso han pasado tres liquidadores. Un informe de Contraloría señala que el proceso de liquidación de activos ha avanzado apenas un 27,8%.
La empresa pública Enfarma lleva más de 1.000 días sin poder liquidarse. Un informe de la Contraloría publicado en febrero de 2020 revela las demoras injustificadas para la eliminación de esta empresa, que lleva ya tres liquidadores.
La imposibilidad de terminar de liquidar esta empresa toma relevancia después de que el presidente Lenín Moreno decretara la eliminación de ocho empresas públicas. Estas se suman a Enfarma y dos más que ya están en proceso de liquidación: Cementera Nacional y Fabrec.
Los plazos establecidos en este año por el Ejecutivo apuntan a que Enfarma termine su liquidación en 30 días desde la emisión del decreto, es decir que debería estar cerrada para agosto de 2020. En ese tiempo, es necesario que se termine de conciliar sus cuentas.
Esto último es justamente lo que no se ha logrado con Enfarma en cuatro años. El informe de Contraloría revela la lentitud del proceso de liquidación, lleno de tropiezos, que viene desde 2016.
Una liquidación que comenzó en 2016
Enfarma se creó en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, en diciembre de 2009. Su objetivo era la producción, importación, comercialización y distribución de medicamentos, fármacos e insumos químicos.
Pero tras seis años, Correa decretó su liquidación. Moreno ratificó públicamente esta decisión en abril de 2018, y luego emitió un segundo decreto de extinción de la empresa el 9 de mayo de 2020.
El problema es que desde 2016 no se ha podido concretar el cierre. Según el informe de Contraloría, tres liquidadores han pasado por la empresa, y el avance está alrededor del 30%.
Hasta el cierre del informe de la Contraloría -marzo de 2019-, habían pasado 1.004 días. Y desde entonces, ha pasado un año más sin que se concrete el cierre de la empresa.
La demora, según las respuestas de los liquidadores a la Contraloría, se debe al desorden de la empresa pública.
Encontraron expedientes incompletos, servidores de otros períodos sin liquidar, contratos de compra y venta de medicamentos pendientes de regularizar, entregas de fármacos sin documentos de respaldo, e inventarios desactualizados.
Tres liquidadores para poco avance
Los tres liquidadores que ha tenido Enfarma y que fueron examinados por la Contraloría avanzaron muy poco en el proceso de extinción de la empresa:
- La liquidadora que trabajó entre julio y septiembre de 2016 logró avanzar con la liquidación del 6,26% de la cuenta de activos y 14,02% de la de pasivos.
- El liquidador que se encargó del proceso entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 avanzó 2,01% en activos y 8,45% en pasivos.
- La funcionaria que trabajó desde marzo de 2017 y marzo de 2019 logró un avance de 33,39% en la liquidación de activos y 49,8% en la de pasivos.
En total, el proceso de liquidación de la empresa pública lleva un avance de 27,85% en activos y 33,79% en pasivos. Pero por los problemas que hay con las cuentas, la Contraloría señala que no hay “la certeza de que los derechos cumplan las obligaciones de la empresa”.
Esto se debe a que dentro de la cuenta de los activos de Enfarma se contabilizan cuentas por cobrar que las instituciones públicas se niegan a pagar, además de inversiones que no se concretarán pues la empresa está en proceso de cierre.
El problema con la liquidación de Enfarma es que hasta 2019 se mantenían valores pendientes de depurar, recuperar y liquidar.
La empresa aún mantiene USD 21 millones en cuentas por cobrar, lo que incluye principalmente una deuda del IESS. Además, falta cobrar los anticipos (monetarios) que la empresa entregó a los propios liquidadores.
En cuanto a sus deudas, Enfarma ha logrado pagar al 81% de sus trabajadores, al 69% de entidades públicas con las que mantenía haberes, y no registra ningún tipo de pagos a proveedores.
La deuda del IESS con Enfarma
Una de las cuentas por cobrar que imposibilita la liquidación de Enfarma es la del Instituto de Seguridad Social (IESS). Esa entidad mantiene una deuda de USD 7,37 millones, que reniega de pagar, a pesar de que ambas instituciones ya firmaron el acta de entrega recepción definitiva.
Se trata de un contrato suscrito entre ambas entidades en 2014. En 2018, el IESS firmó el acta de entrega recepción y firmó la “conformidad y entera satisfacción”. Pero se niega a pagar pues argumenta que la documentación entregada no estaba completa.
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