La presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, dice que la apertura del catastro minero es la mejor forma de frenar la narcominería en Ecuador.
El crecimiento de la narcominería o minería ilegal financiada por el narcotráfico es una de las principales preocupaciones para las empresas del sector minero formal, dice a PRIMICIAS la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva.
Según Silva, la demora de la apertura del catastro minero pone en riesgo el avance de los proyectos formales, retrasa inversiones y deja abierta la puerta para la minería ilegal.
Ante la amenaza de los movimientos indígenas de un paro para rechazar la minería formal, Silva dice que es urgente que el Gobierno declare a los proyectos mineros como Zonas Reservadas de Seguridad.
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara Nacional de Minería. Cortesía Cámara Nacional de Minería
¿Cómo cerraron las exportaciones del sector minero en 2022?
Pese a los desafíos que enfrentó la industria formal en 2022, aspiramos haber terminado el año con más de USD 2.800 millones en exportaciones mineras, comparadas con los USD 2.100 millones de 2021.
La perspectiva es que las ventas del sector minero igualen al banano en 2022.
También generamos 180.000 empleos y pagamos USD 590 millones en impuestos.
¿Qué perspectivas tiene el sector para 2023 y cuáles son las mayores preocupaciones de la industria?
Soy optimista, 2023 también será un buen año para las exportaciones mineras.
Sin embargo, por las elecciones (de autoridades locales en febrero, ndr) habrá una campaña política contra el sector, pero no podemos dejar que esto nos frene.
Hay temas que son más preocupantes, como la narcominería que está cada vez más fuerte.
El sur del país está tomado por la minería ilegal, incluso hay indicios de minería ilegal en zonas protegidas, como en el parque Podocarpus. Si hay alguien a quien le interesa que no avance la minería formal es a la narcominería.
Si hay alguien a quien le interesa que no avance la minería formal es a la narcominería.
En 2023 comienzan a construirse nuevas minas y la responsabilidad del Gobierno es amparar esos proyectos que tienen recursos estratégicos de todos los ecuatorianos.
¿Dónde están esos focos de minería informal y narcominería?
No tenemos quejas formales de empresas extorsionadas por bandas de narcotráfico, porque no es nuestra función, pero hemos escuchado casos.
El financiamiento del narcotráfico a la minería ilegal no se puede negar. Para movilizar maquinaria de tal magnitud es necesario un fuerte músculo financiero.
¿Cómo se explica que decenas de retroexcavadoras entren a Napo a sacar material minero?
El financiamiento del narcotráfico a la minería ilegal no se puede negar.
Las empresas formales han puesto denuncias, pero quedan en punto muerto.
El catastro minero no se abrió en 2022 y no hay fecha para 2023. ¿Cómo afecta esto al sector?
El catastro minero tiene que ser reabierto en 2023. Ecuador necesita la ley de consulta previa, pero eso no significa que el catastro no puede abrirse.
Hay una confusión generada por algunos grupos que dicen que no se puede abrir el catastro y que hay que frenar los proyectos en marcha porque no hay una ley de consulta previa.
El catastro minero tiene que ser reabierto en 2023.
La Constitución incorporó la necesidad de una ley de consulta previa desde 2008, pero hay títulos mineros entregados antes de esa fecha.
También existe confusión sobre en dónde realizar la consulta. Este proceso tiene que ser aplicado solo en territorios ancestrales, no en todo Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) insiste en que el Gobierno debe frenar la minería y amenaza con un paro.
La ley de consulta no implicaría un poder de veto sobre los proyectos, pues la Constitución dice que el dueño de los recursos es el Estado.
El Gobierno debe tener una posición muy firme ante esto. Un grupo no puede paralizar a Ecuador y poner en jaque a una industria legal y formal. Los grupos antimineros piden absurdos.
Si se da un paro antiminero, ¿las empresas están preparadas ante posibles incursiones en los campamentos?
En el paro de 2019 y en el de 2022 los manifestantes se tomaron pozos petroleros. Si eso se da en el sector minero sería terrible. Las incursiones de manifestantes serían acciones delictivas.
En territorio, la presencia de la fuerza pública es muy débil. Es necesario implementar las zonas de seguridad que anunció el Gobierno.
¿Qué pasó con las mesas técnicas previstas tras el paro del año pasado para revisar derechos mineros otorgados?
No se han reunido. La industria ha pedido ser parte de los diálogos. Sin embargo, Ecuador tiene una institucionalidad que defender.
Una mesa de diálogo no puede terminar siendo una instancia supralegislativa ni suprajudicial.
Una instancia que derivó de las movilizaciones y de la violencia no puede ser una especie de tribunal supremo para avalar permisos que se dieron en estricto derecho.
Una mesa de diálogo no puede terminar siendo una instancia supralegislativa.
¿Las medidas legales contra los proyectos afectan la inversión en el sector?
En 2022 hubo seis acciones de protección contra proyectos mineros formales.
Varias de ellas ya han sido rechazadas, como la interpuesta en contra del proyecto Llurimagua.
Esas acciones entorpecen el avance de los proyectos y abren la puerta a la minería ilegal. Es irónico que en un país azotado por la minería ilegal haya ímpetu por frenar los proyectos que son legales.
Para frenar el azote de la minería ilegal hay que abrir el catastro.
Esas acciones entorpecen el avance de los proyectos y abren la puerta a la minería ilegal.
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