La pesca y la acuacultura representan el 38% de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Los empresarios dicen que la norma, aprobada el 18 de febrero, ayudará a combatir la captura ilegal de especies, pero aseguran que faltan detalles por corregir.
En el radar de la Unión Europea (UE), Ecuador aún tiene tarjeta amarilla. La sanción al país por su falta de acciones y control a la pesca ilegal y no declarada sigue vigente desde octubre de 2019.
"La aprobación de la ley de pesca es como hacer una parte del deber, pero ahora Europa quiere vernos cumplir la norma", dice Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.
A raíz de la sanción de la Unión Europea, el Gobierno pisó el acelerador y consiguió la aprobación unánime en la Asamblea de la Ley de Acuacultura y Pesca el 18 de febrero.
El detalle, según Leone, es que la ley debe ir acompañada de instituciones fuertes: "Quienes integren el ente rector deben ser perfiles técnicos y no personas puestas a dedo", dice.
La nueva ley tiene 229 artículos y está a la espera de las observaciones del Ejecutivo. También falta elaborar el reglamento que debería aclarar aspectos como las sanciones y la actividad de los pescadores artesanales.
El gremio señala cinco aspectos positivos del cuerpo legal y un pedido que sigue pendiente.
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Blockchain para el pescado
Unas de las razones de la tarjeta amarilla de la Unión Europea es que Ecuador no cuenta con un sistema de trazabilidad adecuado de los productos pesqueros.
El capítulo cinco de la ley recientemente aprobada estipula una serie de controles para combatir la pesca ilegal y añade que el ente rector que se forme deberá apoyarse en sistemas tecnológicos.
"Esto permitirá usar el blockchain para saber en tiempo real el origen y trayecto del producto capturado", explica Leone.
El blockchain ya se utiliza en las camaroneras, a través de una iniciativa privada. La diferencia será que, ahora, el Estado proporcionará los recursos para aplicarlo.
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Control a la pesca importada
En 2019, las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.500 millones. En este valor no constan las ventas de camarón y tilapia que crecen en piscinas.
Pero, para procesar atún, por ejemplo, el sector debe importar cerca de 240.000 toneladas al año.
El artículo 181 establece que la pesca importada deberá cumplir con certificados "del origen legal de la captura, la sanidad y la inocuidad de los productos".
La nueva exigencia evitará una competencia desleal entre los exportadores y se ajusta a los lineamientos de la Unión Europea.
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Financiamiento pesquero
El artículo 23 define la creación de un Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero que, entre otras cosas, financiará planes y proyectos del sector.
Este fondo, según lo aprobada por la Asamblea, tendrá una asignación presupuestaria del Estado y se nutrirá de créditos internacionales y del cobro de sanciones estipuladas en la ley. Las multas serán aplicadas a quienes incurran en pesca ilegal o faltas como alterar los certificados de origen.
Las sanciones para el sector pesquero llegan hasta los 1.500 salarios básicos unificados (SBU) y, para el sector acuícola hasta los 100 SBU.
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Premio a los más investigadores
La ley también estipula compensaciones a los empresarios que inviertan en investigación.
El artículo 45 detalla que estos incentivos pueden ser líneas de créditos, deducciones tributarias o facilidades para la importación de maquinarias e insumos.
Esta novedad legal, según José Antonio Camposano de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), beneficiará al sector camaronero que ha invertido en laboratorios e investigación científica.
Producto de esta inversión, explica Camposano, la industria camaronera ha logrado convertirse en el primer producto de exportación no petrolero del país.
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Reconocimiento a los camaroneros
Hasta ahora, la actividad camaronera estaba regida por acuerdos ministeriales y resoluciones. Y las normas “podían ser cambiadas con la firma de un funcionario”, insiste el dirigente empresarial.
La nueva ley incluye al sector camaronero y establece lineamientos para su operación. Un logro, dice Camposano, es que se amplía el plazo de concesión de las camaroneras.
El artículo 65 dice que las concesiones en zonas de playa y bahía serán de 20 años renovables por periodos iguales. Antes era solo de 10 años.
Y lo que falta: el Ministerio del Mar
Leone, titular del gremio pesquero, asegura que los empresarios y exportadores entienden que un Ministerio de Pesca no se crea a través de una ley.
"Nosotros ya tuvimos un ministerio, creado y luego eliminado por este mismo gobierno. Lo consideramos necesario porque representamos un promedio de USD 4.800 millones en exportaciones al año", explica.
En agosto de 2018, el extinto Ministerio de Acuacultura y Pesca se fusionó con el Ministerio de Agricultura. Luego en 2019, el sector acuícola y pesquero pasó al control del Ministerio de la Producción.
"Este ir y venir de instituciones derivó en falta de continuidad de cargos públicos, inestabilidad y corrupción".
Bruno Leone.
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