Petroamazonas: Exgerente ordenó botar documentos porque existían 'respaldos'

La petrolera estatal Petroecuador denunció ante la Fiscalía la destrucción de los documentos de 163 carpetas de Petroamazonas. El exgerente de la empresa asegura que toda la información tiene respaldo digital.

La sorpresa ocurrió el 20 de enero de 2021. Ese día, la prosecretaria del Directorio de Petroecuador debía realizar el inventario de los archivos del Directorio de la desaparecida petrolera estatal Petroamazonas. Pero, solo encontró 163 carpetas vacías.

Esas carpetas, dice la petrolera, debían contener documentos fechados entre 2008 y 2017 -algunos considerados “confidenciales y reservados”– pero fueron, supuestamente, destruidos.

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Hugo Tapia Gómez, procurador judicial de Gonzalo Maldonado, gerente subrogante de Petroecuador, denunció la supuesta destrucción de registros originales en la Fiscalía, el 26 de enero de 2021.

En la denuncia, Tapia resaltó que los papeles fueron “triturados”.

Según ese documento, los documentos destruidos correspondían a:

Actas del Directorio de Petroamazonas.
Documentación correspondiente a los puntos del orden del día de las sesiones del directorio.
Nombramientos, oficios, memorandos e informes de los Gerentes Generales.
Informes de delegaciones.
Correspondencia entrante y saliente.
Actas de la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía y otras resoluciones.

En la Fiscalía, el caso está en la fase de investigación previa.

¿Cuándo se destruyeron los documentos oficiales? Según la denuncia, el 6 de enero de 2021, la exasistente de la gerencia general de Petroamazonas, Karen Rivera, solicitó vía correo electrónico que, “esa tarde ingrese personal con las debidas precauciones del caso con todas las trituradoras disponibles para triturar todos los documentos que se encuentran en el piso 5 del edificio Covidal”.

Eso fue un día antes de que el presidente Lenín Moreno suscribiera el Decreto Ejecutivo No. 1221 con el que se concretó la fusión por absorción de Petroecuador y Petroamazonas.

“Existe total apertura para que los organismos de control, así como de justicia realicen las investigaciones necesarias y existan las sanciones respectivas a los culpables de este presunto delito”, dijo la empresa, en un comunicado la tarde del 5 de abril de 2021.

El caso también fue denunciado por Petroecuador ante la Contraloría y los integrantes del directorio de la petrolera estatal.

Exgerente habría dado la orden

En un reporte enviado al ministro de Energía, René Ortiz, el 26 de enero de 2021, y al que PRIMICIAS tuvo acceso, el exgerente de Petroamazonas, Franklin Paredes, confirmó que él dio la orden de “botar los documentos”.

Paredes estuvo al frente de la desaparecida petrolera estatal desde el 8 de noviembre de 2020 hasta que se concretó la fusión por absorción el 7 de enero.

Con la fusión, se incorporó a Petroecuador en la gerencia de exploración y producción, que asumió las tareas de Petroamazonas.

En el documento, Paredes justificó que la destrucción de las carpetas ocurrió porque necesitaban liberar espacio durante la adecuación de una oficina del quinto piso del edificio Covidal, al norte de Quito, donde funcionaba Petromazonas.

Antes de la adecuación, dice, “observé que existían carpetas en un anaquel cerrado”. Y cuenta que preguntó a la asistente de Despacho, Karen Rivera, en qué consistía la “información (que) estaba en esas carpetas”.

Rivera le habría respondido, de manera verbal, que se trataba de “documentos de respaldo, firmados por anteriores gerentes de Petroamazonas y que ellos tenían sus USB de respaldo”.

“Con esa información le pedí (a Karen Rivera) que bote dichos documentos”
Franklin Paredes

Y allí fue entonces que Rivera solicitó al personal de Servicios Generales de la empresa que trituren esos documentos, como dice la denuncia de Petrocuador.

Días después, la asistente de despacho de Paredes fue despedida de la petrolera -con visto bueno- una vez que comenzaron las investigaciones internas, según una fuente de Petroecuador.

En el reporte enviado al ministro de Energía, Paredes parece reconocer que la orden fue un error porque recomienda a Ortiz que, “para subsanar este lamentable suceso”, se realicen las acciones a fin de identificar la información que reposaba en los archivadores del piso 5 y “restituirlos en un plazo de 30 días”.

Porque el exfuncionario asegura que no se perdió ningún documento:

“Cabe señalar que toda la información de la empresa pública se encuentra respaldada en el archivo digital de la ex Petroamazonas”.

PRIMICIAS se contactó con el exgerente Paredes, pero al ser consultado no quiso referirse al tema.

Pena de 7 a 10 años

La destrucción de registros públicos es sancionado y está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 347 del COIP establece que la persona que destruya registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 10 años.

Pero, eso no es todo. Legalmente, la Contraloría tiene siete años para efectuar exámenes especiales a la gestión de las entidades públicas.

Eso significa que las entidades del Estado -y, por lo tanto, los funcionarios y exfuncionarios- deben guardar archivos (físicos o digitales), al menos, durante los últimos siete años para responder ante una posible auditoría.