El Gobierno ecuatoriano presentó este martes 4 de junio de 2019 su nueva política minera que busca ser más amigable con el medioambiente y el entorno social pero, a la vez, más severa contra la minería ilegal.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner, hizo el anuncio de la nueva política minera en un encuentro con representantes del sector en la localidad de Timbara, habitada en su mayoría por indígenas de la etnia shuar de la provincia de Zamora Chinchipe.
Sonnenholzner anunció en ese marco los principales ejes que articularán la nueva política minera -un cuerpo legal que actualiza a otro en vigor desde el año 2016- y que garantiza la planificación del sector hasta 2030.
“Se incluyen parámetros más claros en cuanto a responsabilidad ambiental e inclusión comunitaria y social“, manifestó el vicepresidente y subrayó que también estipula un “control estricto de la minería ilegal“.
Sonnenholzner acotó que su país desconoce los beneficios de la minería a gran escala, pero remarcó que a finales de este año se producirán las primeras exportaciones en este ámbito. “Mucha gente genera un ambiente de temor innecesario, que no ayuda a llevar adelante uno de los proyectos más importantes que el país ha tenido en mucho tiempo”, señaló.
El vicepresidente afirmó que toda actividad humana genera un impacto ambiental y que la minería, “sin duda, también tiene consecuencias ambientales”, pero remarcó que “lo importante es reducirlas a la mínima expresión”.
En ese sentido, aseguró que la estrategia minera aboga por el fomento de una actividad responsable, que “apunta el proyecto de desarrollo impulsado por el Gobierno”.
Exportaciones pueden iniciar a finales de 2019
Precisó que dos empresas mineras, la china Exsa y la canadiense Lundin Gold, llevan a cabo su actividad en el sector del cobre y el oro y que, presumiblemente, “a finales de 2019 por primera vez en Ecuador se exportará mineral a gran escala”.
El encuentro contó con la participación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, autoridades nacionales y locales, además de empresarios y representantes de la pequeña minería y de la artesanal, así como de las comunidades de influencia de los proyectos mineros en Zamora Chinchipe.
El ministro de Energía adelantó que el Estado ecuatoriano prevé recaudar alrededor de USD 836 millones entre 2019 y 2021 en concepto de regalías, patentes, utilidades e impuestos generados por la industria minera, “recursos que serán utilizados para mejorar los procesos de este sector”.
Pérez auguró que gracias al desarrollo minero habrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) del 1,6% al 4% por ciento en 2021, “consolidándose como segundo rubro de explotación, más allá de la petrolera”.
La política minera presentada recibió el asesoramiento de la cooperación internacional, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de agregar las mejores prácticas internacionales en la planificación del sector, informaron las autoridades.
Organizaciones ecologistas y movimientos indígenas han rechazado la expansión de las actividades mineras en el país, sobre todo por el peligro que supone para los diversos ecosistemas existentes.
Dichas organizaciones han denunciado, además, que la actividad minera daña el tejido social de las comunidades donde se asientan dichos proyectos, ya que generan un ambiente de indefensión social ante eventuales derrames o accidentes de contaminación, especialmente en zonas de alta concentración de biodiversidad y regiones protegidas.
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