Duragas considera que un relleno sanitario junto a su planta de envasado de gas licuado representa un riesgo ambiental y de seguridad.
El Municipio de Quito prevé desarrollar una ampliación del relleno sanitario El Inga en un terreno de tres hectáreas. Esta superficie es aledaña a la planta de envasado y almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la empresa Duragas, en la parroquia de Pifo, en Quito.
Con ese objetivo, en septiembre de 2022, la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs) declaró la expropiación parcial de esta área, de un total de 30.643 metros cuadrados, propiedad de Duragas.
La mayor parte de este terreno corresponde a la “zona de amortiguamiento” que separaba a la planta de GLP de Duragas del relleno sanitario El Inga. Con la expropiación, la zona de amortiguamiento desaparecería, explica Carlos Cabezas, gerente legal de Duragas.
Duragas considera que el desarrollo de esta obra, denominada ‘Celda Emergente N° 12’, representa un “inminente riesgo ambiental y de seguridad“. La razón: el tratamiento que pueda dar la empresa pública a la emisión de lixiviados (líquidos contaminantes) y gas metano.
La Celda será utilizada como área de disposición final de desechos por un año, mientras se construye el Cubeto 11. Luego de ese tiempo, la empresa pública debe seguir monitoreando y operando el terreno por al menos 10 años, puesto que seguirá emitiendo lixiviados y gases.
Duragas presentó en octubre de 2022 una acción de protección por la violación de tres derechos constitucionales: seguridad jurídica, propiedad y motivación de las decisiones del poder público, ante una jueza del Distrito Metropolitano de Quito.
La jueza negó la acción de protección, decisión que fue apelada por la compañía. Al momento, se espera el pronunciamiento de un tribunal. Sin embargo, Duragas aún podría recurrir a acciones legales, bien sea por la vía administrativa o la penal.
A la espera del permiso ambiental
La ingeniera química y gerenta de Emgirs, Maricruz Hernández, afirma que antes de la declaración de expropiación parcial, el departamento ambiental de la empresa realizó estudios técnicos, económicos y ambientales. Según esos estudios, el terreno es apto para el desarrollo de la Celda Emergente.
Adicionalmente, según el estudio, los impactos ambientales se minimizarán de dos maneras:
- Recolección de gases generados por disposición de desechos sólidos, con el fin de ser utilizados en una planta de generación de energía eléctrica.
- Recolección de lixiviados por medio de tuberías, para ser trasladados a piscinas de almacenamiento y posteriormente tratados.
Sin embargo, para la ampliación del relleno de El Inga, la Emgirs requiere de permisos ambientales emitidos por el Ministerio del Ambiente.
Hernández explica que aún no se han solicitado los permisos porque primero deben demostrar la propiedad del terreno y aún están a la espera de la decisión del tribunal.
¿Posible riesgo?
Duragas tiene reservas sobre el manejo del relleno, puesto que, según un informe pericial solicitado por ellos, la actividad que realiza Emgirs en un área de Duragas, desde hace dos años, no ha sido la adecuada.
Se trata de un área de 7.701 metros cuadrados que formará parte del terreno de expropiación y que, en principio, debía utilizarse para la ejecución de obras complementarias vinculadas al Cubeto 10.
“A pesar de que la autorización era para obras complementarias, enterraron basura en 3.000 metros cuadrados“, dice Carlos Cabezas, gerente legal de Duragas.
Según el informe del perito, explica Cabezas, en esa zona había derrame de lixiviados que estaban contaminando el suelo. Además, las chimeneas que permiten la salida de gas metano a la superficie no estaban funcionando adecuadamente.
“Por las chimeneas estaba saliendo lixiviado. Y el gas metano se estaba acumulando en la tierra. Eso podría provocar una explosión”, añade Cabezas.
Planta de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Duragas, en la parroquia Pifo, de Quito, 17 de marzo de 2023. Patricia González
Hernández califica de “irresponsables” las afirmaciones de Duragas sobre un “inminente riesgo de explosión”. Además, asegura que el perito nunca ingresó al relleno y que el estudio en el que se basan tiene “falencias técnicas”.
Sin embargo, según el informe pericial, la visita del perito al área de Duragas afectada por Emgirs se realizó el 14 de julio de 2022.
“El relleno es a cielo abierto. Es mínima, casi imposible, la posibilidad de que se dé una mezcla explosiva en esas condiciones. Están alarmando a la población”, añade Hernández.
Emgirs está a la espera de la decisión del tribunal para ingresar al terreno y comenzar a operar. La gerenta asegura que el pago del mismo, por USD 285.000, ya fue realizado y que Duragas fue notificada, lo cual es negado por la empresa.
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