Falta de plata complica agenda social del próximo Gobierno

El Banco Mundial considera que el nuevo Gobierno no tendrá condiciones para poner en marcha paquetes de estímulo para sostener la recuperación de la economía, golpeada por el impacto de la pandemia del coronavirus.

El próximo 24 de mayo de 2021, el presidente Lenín Moreno dejará el poder y entregará el mando al Presidente electo Guillermo Lasso.

El último estudio del Banco Mundial denominado 'Volver a crecer' establece que las opciones de Lasso son difíciles porque el país carece de amortiguadores macroeconómicos y porque tiene acceso limitado al financiamiento externo.

El consultor de Inteligencia Empresarial, Freddy García, advierte que la administración de Lasso tendrá dificultades para impulsar paquetes de ayuda social para los más vulnerables debido a que no hay recursos.

"Los diferentes bonos y ayudas sociales que se vienen ejecutando por parte del Gobierno se mantendrán, pero no habrá nuevos estímulos fuertes, que sean nuevos y extraordinarios", dijo García.

El decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), Fidel Jaramillo, coincide con García, al destacar que, por la situación fiscal apretada, el nuevo Gobierno tendrá restricciones para implementar programas de ayuda social.

Sin embargo, Jaramillo considera que en la situación actual, Lasso podrá implementar varios estímulos, como la adopción de crédito subsidiado y el incremento de inversión en infraestructura, con el objetivo de empujar al sector real.

Lasso señaló que entre sus prioridades está la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil. Y le encargó esa y otras tareas a la exasambleísta Mae Montaño, quien será la nueva ministra de Inclusión Económica y Social (MIES).

En ese escenario, el Banco Mundial prevé que la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana mostraría "una tímida recuperación" de 3,4% en 2021, tras la recesión económica por el impacto del coronavirus en 2020.

La recuperación económica obedecería a "la relajación de las restricciones a la movilidad".

"La recuperación tímida de la economía ecuatoriana ocasionará que el aumento de la recaudación tributaria sea mínimo y, con ello, se le complicará al nuevo Gobierno cumplir con sus programas de gasto social", dice García.

El Banco Mundial considera que para sentar bases sólidas para la recuperación se necesitarán reformas estructurales adicionales, incluidas la mejora de la eficiencia y la progresividad de la política fiscal, y la captación de inversión privada.

Problemas fiscales

El Banco Mundial advierte que el país no podrá recuperarse rápidamente porque tiene varios problemas fiscales.

Por ejemplo, señala que la balanza fiscal, que mide los ingresos y egresos del Gobierno, se mantendrá en cifras negativas hasta 2022, cuando se prevé un ligero excedente de 0,1%.

Otro indicador que muestra las dificultades de la economía ecuatoriana es la deuda pública.

Según el Banco Mundial, la deuda pública seguirá aumentando en 2021, pero empezaría a decrecer hasta llegar al 61% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, por un saneamiento de las cuentas fiscales.

Según el Ministerio de Finanzas, la deuda pública total de Ecuador llegó a los USD 63.026 millones en marzo de 2021, o el equivalente al 62,52% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.

Por eso, el Banco Mundial establece que Ecuador tiene que implementar reformas estructurales que atraigan la confianza y dinamicen al sector privado.

Según Jaramillo, "el sector público está muy limitado".

Lasso señaló que un punto clave en su plan de Gobierno es la participación del sector privado para que ayude a reactivar la economía, por ejemplo, con la generación de fuentes de empleo.

La reforma laboral está entre los acuerdos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del último programa de crédito por USD 6.500 millones.

El país también se comprometió con el FMI a aprobar dos reformas estructurales más:

• Una reforma a la Seguridad Social.
• Una reforma tributaria.

Con esas reformas, Ecuador busca mitigar el impacto de la crisis y estabilizar las finanzas públicas, según el acuerdo con el FMI.