Buscar una alternativa autosustentable para el acueducto La Esperanza, de la Refinería del Pacífico, ha motivado discrepancias entre un grupo de agricultores y tres cantones del centro sur de Manabí.
Es un proyecto que nunca se concretó, pero que sigue generando problemas. La fallida Refinería del Pacífico ahora es el epicentro de una disputa entre agricultores y autoridades seccionales por el agua cruda destinada para el proyecto.
José Herrera, ex-liquidador de la compañía de economía mixta Refinería del Pacífico (RDP), en proceso de liquidación, cuestiona que se quiera cobrar una tarifa por el agua cruda que transporta el acueducto La Esperanza.
Y responsabiliza al Gobierno del expresidente Guillermo Lasso por haber "incentivado" las conexiones clandestinas.
En el sistema de 94 kilómetros de longitud, que recorre siete cantones de Manabí, al menos 5.000 agricultores se han conectado a la infraestructura de forma irregular, según datos de RDP.
Esto ha ocasionado una "emergencia hídrica" en los cantones de Montecristi, Jaramijó y parte de Manta, porque las plantas potabilizadoras no reciben el volumen nominal de agua cruda.
En Jaramijó se abastecen de agua por tanqueros ante la falta de dotación de agua cruda del acueducto La Esperanza. Cortesía
Como proyecto inicial, el acueducto que empezó a funcionar en mayo de 2017, tenía un objetivo único: dotar de agua dulce a la fallida Refinería del Pacífico.
Sin embargo, hubo la necesidad de abastecer del líquido a Jaramijó, Montecristi y Manta. Conjuntamente surgieron otras necesidades de dotar del agua a las industrias y agricultores de las poblaciones aledañas al sistema.
Y este es el motivo de un conflicto por las conexiones de los agricultores regantes de Rocafuerte y cantones aledaños.
'Ilegales'
Carlos Wong, liquidador de RDP, ha puesto en marcha un plan de regularización para que los agricultores reciban el agua a cambio de una tarifa.
Esto pese a que rechaza las conexiones irregulares en las infraestructura y está consciente de los daños que generan.
Wong justifica que, a través del Ministerio del Ambiente, el 17 de febrero de 2023, hubo una modificación de la concesión y que desde marzo, legalmente, tiene la autorización para "entregar 3.600 metros cúbicos de agua por hora a los agricultores mediante tarifa".
Esto es cuestionado por Herrera, porque asegura que "la Refinería no tiene la capacidad legal para hacer una recaudación, para vender agua que no le pertenece, porque el agua es del Estado".
Herrera dice que lo mismo aplica para los agricultores-regantes del acueducto, porque no tienen permiso de aprovechamiento del recurso hídrico, debido a que el sistema fue creado para otros fines.
Presa La Esperanza, ubicada en el cantón Bolívar, desde donde se abastece el acueducto del agua cruda. Cortesía
"El estado de liquidación de la compañía no le permite habilitar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) para cambiar de actividad y empezar una nueva", aclara el exliquidador de RDP.
Además advierte que el desgaste técnico y las conexiones a lo largo del acueducto pasarán factura porque el sistema "no fue diseñado para repartir agua en el camino, solo para mandar agua de un punto a otro".
En este contexto, el acueducto ya atraviesa una situación compleja, porque no ha recibido mantenimiento preventivo y correctivo desde su operación, por falta de recursos económicos.
Hay una agravante más, tampoco existe una póliza de seguros en caso de siniestros.
Convenio con Montecristi
Dentro del llamado Plan de Sostenibilidad, que implica la regularización, el municipio de Montrecristi firmó un convenio, el pasado 29 de noviembre de 2023, con RDP para acceder al agua cruda y cancelar USD 0,32 por cada metro cúbico.
Según RDP, este acuerdo constituye un gran paso hacia la sostenibilidad del Acueducto, que desde su fecha de operación no ha recibido mantenimientos preventivos, porque como compañía atraviesan una "situación económica crítica".
¿Hay salida?
Herrera, quien hasta mediados de octubre de 2021 fue el liquidador de RDP, asegura que sí, pero que deben retomar acciones como las ya ejecutadas durante su gestión.
Entre esas, las mesas de trabajo con instituciones que tienen la competencia de riego, por ejemplo, con representantes de la Prefectura y del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para que administren el acueducto bajo una figura como la de comodato.
Otra opción es que RDP se rehabilite con fines de escindirla, es decir, que la empresa "se convierta en dos o tres empresas, una de las cuales tenga estatutos y la capacidad legal de iniciar una actividad a través de transporte de agua", explica Herrera.
Pero para esto se requiere una gran inversión para rediseñar el sistema y así pueda dejar agua en el camino.
La otra alternativa fue la intención que hubo en enero de 2020, en la que EP Petroecuador y los municipios de Manta, Jaramijó y Montecristi, para firmar un convenio interinstitucional para transferir los recursos y solucionar los inconvenientes presentados en el acueducto.
Liquidación de RDP
Tanto Herrera como Wong coinciden en que la liquidación de RDP, que se resolvió el 18 de marzo de 2019, es un proceso que "puede tardar años".
En el proyecto Refinería del Pacífico participan como socios Petroecuador, con el 51%, y PDVSA, con el 49%.
"El Gobierno Nacional está evaluando las alternativas, esperemos a corto tiempo una decisión oportuna para aprovechar la infraestructura y que de alguna manera se debe reutilizar", dice Wong.
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