Alza de salarios a maestros, por ahora suspendida, significaría USD 2.880 millones al año

El aumento de salarios para los maestros, estipulado en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, representaría un impacto anual de USD 2.880 millones, según el Ministerio de Finanzas.

En el informe 0072 del 11 de febrero de 2022 enviado a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, Finanzas asegura que este incremento de sueldos tiene un impacto fiscal "relevante":

• USD 2.175 millones por concepto del nuevo escalafón de docentes.
• USD 705 millones por aumentos del gasto en educación (6% del PIB).

"Esto implicaría un incremento en el gasto público que afectaría al déficit fiscal existente", señala el Ministerio de Finanzas.

La reforma legal, que fue inscrita en el Registro Oficial en abril de 2021, por el Gobierno de Lenín Moreno, establece que 169.559 docentes recibirían un aumento en su remuneración.

Se trata de un alza de casi el doble del salario actual.

Incremento suspendido

El alza de salarios, por ahora, está suspendida. La Corte Constitucional (CC) sentenció que este aumento salarial fue inconstitucional porque no tenía una fuente clara y específica de financiamiento.

El artículo 287 de la Constitución establece que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos, debe tener la fuente de financiamiento.

Por eso, la CC dispuso a la Asamblea que busque una fuente de financiamiento para aumentar el salario a los profesores.

La Comisión Educación de la Asamblea analiza el pedido y ya aprobó el informe para primer debate donde asegura que sí hay fuentes de financiamiento, según el asesor jurídico de la Comisión de Educación, Daniel Ruiz.

Una de las fuentes de financiamiento para el pago del incremento en las remuneraciones sería con la emisión de deuda externa y el uso de las reservas internacionales, señala el informe de la comisión.

Se espera que en estos días el proyecto de reforma sea analizado en el Pleno de la Asamblea.

Salarios se financian con impuestos

El informe de Finanzas reconoce que el pago de remuneraciones (gasto permanente) solo puede financiarse con ingresos permanentes (impuestos), como lo establece el artículo 286 de la Constitución.

Lo que hace inviable la propuesta de financiamiento planteada por la Comisión de Educación.

Según la proforma 2022, los ingresos tributarios estimados alcanzarán los USD 13.418 millones en 2022. De ese total, el 41% corresponde a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 32,5% al Impuesto a la Renta (IR).

Finanzas reconoce que, de ratificarse el aumento de salarios, se debería impulsar "esfuerzos" para mejorar los ingresos en la recaudación tributaria.

Y hay otro riesgo. El Ministerio advierte que mantener esta medida "podría desencadenar que los trabajadores de otras entidades públicas soliciten los mismos beneficios".

¿Y la jubilación anticipada de maestros?

En el informe para primer debate para la reforma a Ley de Educación Intercultural Bilingüe, la Comisión de Educación no incluyó la jubilación anticipada de docentes.

La Corte Constitucional también declaró inconstitucional esta reforma porque no tenía una fuente de financiamiento.

La reforma establece la opción para que los maestros puedan jubilarse luego de 25 años de aportaciones (300 contribuciones) y sin límite de edad, cuando la pensión ordinaria se obtiene usualmente con 30 años de aportes y 60 años de edad.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hizo un estudio actuarial para medir el impacto financiero de la jubilación anticipada de los maestros.

Un total de 18.665 profesores podrían jubilarse de manera anticipada en 2022, si la ley entrara en vigencia como está.

Eso provocaría un impacto financiero anual de USD 897 millones, siempre y cuando el Estado cumpla con el 40% de aporte al fondo de pensiones del IESS. Pero si el Estado no contribuye de manera oportuna, el costo financiero ascendería a USD 1.082 millones en un año.

El asesor jurídico de la Comisión de Educación, Daniel Ruiz, dijo que la opción de jubilación anticipada a maestros podría retomarse en el proyecto de ley tras el primer debate, siempre y cuando los legisladores planteen cambios a esta reforma.