El Gobierno debe cumplir siete compromisos estructurales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir USD 700 millones en diciembre de 2022.
Ecuador ya ha recibido USD 5.800 millones de los USD 6.500 millones previstos en el acuerdo renegociado con el FMI en septiembre de 2021.
Para tener los USD 700 millones pendientes, el Gobierno debe cumplir con la meta de cerrar 2022 con un presupuesto en el que los gastos superen en USD 2.300 millones a los ingresos.
Esto significa, tener un déficit fiscal que represente el 2% del PIB.
En su último informe, publicado el 15 de julio, el FMI dice que el gasto adicional que tendrá que hacer en 2022 el Gobierno para cumplir los pedidos de la Conaie en el paro, no incidirá en este objetivo fiscal.
"Las autoridades absorberán el costo dentro del presupuesto actual al priorizar otros gastos", dice el documento.
Alejandro Arreaza, economista del banco británico de inversión Barclay's, explica que Ecuador cumplirá este compromiso gracias al incremento del precio del petróleo en 2022 y a que el ritmo de gasto ha sido más lento que en 2021.
Siete metas
Sin embargo, el gobierno asumió otros siete compromisos o metas estructurales en el acuerdo, que también pesan:
- Promulgar legislación para prevenir conflictos de intereses.
- Completar las auditorías de las deudas por atención médica de 2020 y 2021 con el IESS.
- Revisar y publicar los datos de la deuda del Estado con el IESS desde 2013.
- Compartir los resultados de las auditorías de los gastos tributarios de empresas que contratan con el Estado.
- Publicar los resultados de las auditorías a los estados financieros de 2019 y 2021 de Petroecuador.
- Presentar un presupuesto 2023 que se ajuste a los indicadores estimados de ingresos y gastos que se establecieron en el programa.
- Ampliar la cobertura del programa de asistencia social con bonos.
Lucha contra la corrupción
Hasta agosto se debe promulgar legislación para prevenir y gestionar los conflictos de interés en el sector público.
El Fondo dice que la nueva normativa debe ampliar el sistema de declaración de bienes y de ingresos de funcionarios públicos de alto nivel y de personas expuestas políticamente.
La legislación debe apegarse a lo que establece Convenio Contra la Corrupción de la Convención de Naciones Unidas. La Contraloría General del Estado ya está trabajando en este proyecto de ley.
Luis Verdesoto, Secretario de Política Pública Anticorrupción, dijo que el Ejecutivo respaldará la propuesta. Sin embargo, la promulgación de la ley dependerá de su aprobación en la Asamblea.
Transparencia en datos
El FMI tiene su lupa sobre los datos de la deuda con el IESS.
En septiembre se deben publicar los datos históricos, desde 2013, de las transferencias que ha realizado el Gobierno al IESS por pensiones, así como el estimado de la deuda de salud con el Seguro Social.
El Fondo observó en su último informe que hubo errores en los números proporcionados, lo que provocó un incumplimiento en uno de los objetivos presupuestarios.
En cuanto a compras públicas, el multilateral también espera que hasta septiembre el Gobierno transparente información y detalle las exenciones tributarias que han recibido las empresas que se han adjudicado los 100 contratos públicos en 2020 y 2021.
Sercop identificó cuatro contratos, de los 100 más grandes, en los que hay dudas sobre los propietarios reales de las empresas, dice el FMI.
Más gasto social
El gobierno tiene el desafío de aumentar el número de personas que reciben bonos sociales hasta alcanzar al 70% de la población en los estratos de ingresos más bajos en cada provincia. La fecha límite es noviembre.
Hasta mayo de 2022, el país tenía 1,4 millones de beneficiarios de bonos. El objetivo del gobierno es incluir a 625.600 personas más.
El FMI estima que el gobierno alcanzará este compromiso con la depuración del registro social y con la creación del nuevo Bono 1.000 días para combatir la desnutrición infantil.
Este bono demandará un gasto de USD 36 millones y alcanzará alrededor de 50.000 familias.
¿Y a futuro?
Si el programa concluye en diciembre de 2022, sería la primera vez que Ecuador completa uno.
Desde 1961, Ecuador ha firmado 20 acuerdos con el FMI y nunca los ha concluido, explica José Emilio Vásconez, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). El docente considera que el organismo ha sido más flexible que en la década de los noventa.
Es importante para Ecuador continuar con buenas relaciones con el Fondo, pues el gobierno seguirá requiriendo financiamiento multilateral, dice Arreaza.
Y añade que en 2024 el Gobierno tendrá más presión de deuda, ya que desde ese año comienzan los vencimientos del préstamo del FMI.
Además, el país debe tener un espacio de financiamiento adicional para protegerse de eventualidades como una caída del precio del petróleo o problemas imprevistos que demanden más ingresos para el Estado, añade.
Él considera que Ecuador podría buscar un acuerdo para aplazar esos pagos o firmar un nuevo acuerdo, aunque atado a un préstamo menor.
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