Cuatro infractores manipularon los precios de venta al por mayor de uniformes en procesos de contratación pública desde 2012.
Cuatro operadores económicos coludieron para manipular los precios de venta al por mayor de prendas de vestir en 46 procesos de contratación pública a escala nacional.
Así lo informó la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en un comunicado publicado este 28 de marzo de 2022.
Se trata de los operadores Gladys M., Jorge N., Eduardo N., Nancy A. y Alba R.
Según el organismo de control, los infractores operaron mediante un esquema de coordinación familiar, que configura un cártel en contratación pública.
La multa
La Superintendencia informó que sancionó al cartel con una multa de USD 45.677 e impuso medidas correctivas.
Durante la investigación, la Intendencia Nacional de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia recabó pruebas que determinaron la configuración de un cartel en contratación pública, que tiene las siguientes características:
- Vinculación familiar entre los infractores.
- Coincidencias en los montos y datos durante la puja.
- Diferencias significativas entre los resultados de la adjudicación frente a la tasa de éxito y porcentaje de ahorro cuando compitieron con otros proveedores independientes.
- Implementación de un sistema de rotación sistemático de ganadores.
Colusión desde 2012
Según la Intendencia, los cuatro infractores manipularon los precios de venta al por mayor de las prendas de vestir en 46 procesos de contratación pública, efectuados entre el 4 de mayo de 2012 y el 27 de octubre de 2017.
En los procesos de contratación participaban, al menos, dos de los investigados y uno de ellos actuaba como pantalla para crear la apariencia de una real competencia.
"Se presentaron varios procesos de contratación en secuencia y pocos oferentes, que dieron las condiciones perfectas para tener éxito en el acuerdo de voluntades y coordinar posturas", apuntó el organismo de control.
La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia ratificó el informe de la Intendencia.
La Superintendencia señaló que el cartel debilitó el funcionamiento del mercado porque restringió la libre competencia.
El organismo señaló que en este caso ya no cabe apelación, ya que transcurrió el término procesal previsto en la Ley.
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