Trabajo por horas: Tres claves para entender una de las preguntas de la consulta de Noboa

El trabajo por horas es una figura que fue prohibida en Ecuador, cuando se aprobó la Constitución de 2008. El artículo 327 de la Constitución dice actualmente: "Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley". Si se aprueba la consulta popular planteada por Noboa, ese artículo de la Constitución dirá: "La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El contrato a plazo fijo y por horas no constituyen formas de precarización laboral". En el anexo 12 de la pregunta se detalla que, de aprobarse esta consulta popular, el Ministerio del Trabajo deberá emitir un Acuerdo laboral para regular el trabajo por horas. Además, en ese documento, el Gobierno justifica el cambio en que se necesita una "flexibilidad" laboral para contener el aumento del desempleo y mejorar la competitividad del país. Y añade que, actualmente, hay más de 5 millones de personas trabajando en condiciones precarias o en el desempleo. Detalla que las provincias con índices más bajos de empleos adecuados son Napo, Morona Santiago, Pastaza y Chimborazo.

El contrato a plazo fijo, es decir, de duración por un plazo determinado, fue eliminado en abril de 2015, por iniciativa del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La figura fue cuestionada porque generaba alta inestabilidad laboral. Casi el 60% de los contratos en esa época eran a plazo fijo, cuestionó el gobierno de ese entonces. Pero, según el Gobierno de Daniel Noboa, la figura produjo un deterioro de los indicadores laborales del país, que pasaron de un índice de 52% de empleo pleno en marzo de 2015 a una tasa del 46% en septiembre de 2015. Actualmente, todo contrato laboral se vuelve indefinido luego de tres meses de prueba. En el caso de los contratos laborales para el sector productivo y los emergentes se vuelven indefinidos luego de dos años. Luego de ese plazo, si hay un despido, el empleador debe cumplir con el pago de derechos laborales, como desahucio e indemnización. Actualmente, el Código del Trabajo establece solo cuatro excepciones para esa regla, que son:

• Contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador.
• Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada.
• De aprendizaje.
• Y los demás que determine la ley.

• Los contratos a plazo fijo.
• Los contratos por horas.

La abogada laboral Vanessa Veláquez explica que en el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo se podrá usar cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. La experta dice que es una medida necesaria para atender a población que hoy no accede a empleo, como jóvenes o trabajadores que son despedidos luego de cumplir 19 años por empresas que no quieren pagar la jubilación patronal. Pero cree que debería regularse de manera que no afecte los contratos ya existentes. De ahí que Velásquez cree que habría sido mejor que la pregunta aclare de manera textual que no se afectarán los "contratos existentes"; y, como no se hizo, tendrá que ser la Asamblea Nacional la que aclare que esta modalidad de contratación no afectará a los contratos existentes. Caso contrario, podría darse el riesgo que empleadores creen nuevas empresas para incorporar a sus antiguos trabajadores bajo la modalidad de contratos por hora, vulnerando derechos de antigüedad adquiridos. Los sindicalistas del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se han pronunciado abiertamente en contra de la pregunta de Noboa, por considerar que es una regresión de derechos laborales.