La comisionada Claudia Garzón fue designada como vocera para mediar en un acuerdo de paz con las organizaciones delictivas.
La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, conformada por el Presidente de la República el 16 de diciembre de 2021, anunció que cuatro organizaciones delincuenciales que operan en las cárceles del país, están dispuestas a iniciar un proceso de paz.
Estas bandas son Los Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Latin Kings, que entre todas tienen alrededor de 30.000 miembros que están en los centros penitenciarios y en las calles.
“Si me preguntan si esto garantiza que no va haber ningún incidente, tendría que decir que no, pero es un inicio”, dijo Alfredo Narváez, quien preside la Comisión, tras la renuncia de Nelsa Curbelo.
El siguiente paso en el posible proceso de pacificación será concretar un acuerdo con las organizaciones que faltan, como Los Choneros, que tiene más de 20.000 miembros y hegemonía en el manejo de pabellones de la cárcel Regional de Guayas.
“Ya han manifestado su deseo de adherirse a la paz, dejar de combatir. Eso podría concretarse en los próximos días”, dijo Narváez.
Una vez que inicie el diálogo, el comisionado explica que hay cuatro puntos por el que transita el proceso de paz:
- Dejar las agresiones.
- Crear sistemas de prevención del delito en los barrios.
- Humanizar y dignificar los centros penitenciarios.
- Entregar las armas que existen en los centros penitenciarios.
“Con eso se cerraría un ciclo de pacificación”, dice el comisionado, quien asegura que no hay un pedido específico de las organizaciones criminales para empezar las negociaciones, que no sea detener las masacres.
Anuncios de paz tras la masacre
La intención de las cuatro bandas delictivas de llegar a un acuerdo de paz se sustenta en un documento escrito por las organizaciones en el que piden: “no más muerte, no más robos y no más extorsiones”.
Ocurre una semana después de la masacre de 44 personas privadas de libertad (PPL) en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, entre las bandas R7 y Lobos, una de las que firma el documento.
Para Billy Navarrate, director del Comité permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, “la masacre de Santo Domingo se distingue de las otras, porque evidencia la expansión de ese fenómeno de violencia a otras cárceles que no habían estado involucradas”.
El proceso de paz podría significar un importante cambio en el manejo de la seguridad en las cárceles, dice Navarrete, “porque cada uno de ellos tiene control, al menos de los pabellones”.
Los cual significaría que el Estado podría recuperar espacios importantes en los centros penitenciarios.
“El cese al fuego es la acción clara de que hay voluntad por sentarse a dialogar”.
Billy Navarrete.
Hay un pedido explícito de las bandas: “No queremos relación con ningún miembro policial o político, que trabaje para el grupo contrario”.
Y eso le preocupa al comisionado Luis Barrios, quien manifiesta su sorpresa sobre cómo se llegó a este acuerdo, impulsado por la comisionada Claudia Garzón.
“Me preocupa lo que no se dijo. No se habló de rehabilitación, de reinserción, de prevención, de la corrupción de policías que están ahí y ninguno está preso”, dice Barrios.
“El SNAI no está preparado para administrar las cárceles por muy buena voluntad que tenga el director”.
Luis Barrios
Barrios considera que el anuncio fue apresurado y que debió hacerse cuando estuvieran incluidas todas las organizaciones delictivas.
Porque “los Latin Kings, por ejemplo, han creado alianzas con otros grupos por sobrevivencia, hay unos en la Regional que están con Los Choneros, otros en el Inca, que son Lobos, y otros en Esmeraldas, que son Tiguerones”.
Como parte de la Comisión, Barrios también visitó al exvicepresidente Jorge Glas en la cárcel de Cotopaxi y encontró que su “estado de ánimo es desesperado”, que estaba deprimido y que “presenta ideas suicidas”.
El termómetro para medir si el acuerdo de paz está en marcha será que en los próximos meses no se produzcan enfrentamientos en las cárceles.
Pero la vigencia de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación termina el 16 de junio, según el decreto Ejecutivo que autorizó su conformación. Después, el Presidente de la República decidirá su continuidad.
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