Las declaraciones del exembajador Pascual del Cioppo causaron un impasse diplomático entre ambos países. De ambos lados, los partidos de derecha piden respuestas a sus gobiernos por un contrato que habría comenzado en 2012 para asesoría legal.
Las declaraciones de Pascual del Cioppo sobre un contrato entre la Embajada de Ecuador en España, en la que fue nombrado como titular, cargo del que luego se excusó, y una empresa relacionada con el partido de izquierda Podemos han causado malestar en el ámbito diplomático.
El contrato, que data del gobierno del expresidente Rafael Correa, incluye cláusulas de confidencialidad que complican su publicación, y que han generado algún grado de tensión entre los gobiernos de Ecuador y España.
Del Cioppo apareció el 12 de agosto de 2021 en una entrevista en TC Televisión, previo a su viaje a España para asumir la Embajada. Allí dijo que había contratos entre esa misión diplomática y la empresa Kinema, relacionada con Podemos, por los que se habrían pagado más de USD 1,5 millones.
Luego de eso Del Cioppo no dijo más. Consultado por PRIMICIAS sobre sus declaraciones, aseguró que no podía dar más detalles pues debía mantener una postura diplomática de no interferencia en asuntos internos de otros países.
Este 31 de agosto se oficializó que no será el nuevo embajador, pues presentó su "excusa formal" al cargo.
El problema está en que Podemos forma parte de la actual coalición de gobierno junto con el Partido Socialista Obrero (PSOE), que tiene a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno español.
Las declaraciones causaron impacto en España. El partido derechista Vox, que constantemente indaga el financiamiento de Podemos, comenzó a investigar más a fondo. Incluso pidió una comparecencia a Irene Montero, esposa del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que finalmente no fue aprobada en el Congreso.
Esto, a la par de que OkDiario, de línea derechista, publicaba los supuestos contratos con Kinema y otra firma española, también relacionada con Podemos.
Contratos confidenciales
PRIMICIAS solicitó a la Cancillería, el pasado 17 de agosto, copias de los contratos celebrados por la Embajada de Ecuador en España, incluyendo el contrato mencionado por Del Cioppo.
Aunque la Ley de Transparencia y acceso a la Información da a las instituciones públicas 10 días hábiles de plazo para responder estos pedidos, aún no ha habido una respuesta.
El recorrido del documento en el sistema de gestión documental Quipux indica que se ha pedido "un proyecto de respuesta" desde el 25 de agosto. Pero en los comentarios, indica que los contratos de asesoría legal, como el de Kinema, están sujetos a cláusulas de confidencialidad.
El comentario apunta que los contratos de la Embajada de España con prestadoras del servicio legal contemplan la siguiente cláusula de "Buena fe y confidencialidad de la información":
"Constituyen principios y normas fundamentales de este contrato, la buena fe y la confidencialidad de la información. Ninguna de las partes podrá divulgar de manera unilateral el contenido de las cláusulas del presente contrato, ni la información que del mismo se derive".
Dicho texto coincide con el de los contratos divulgados por OkDiario, que hablan de la cláusula de confidencialidad para estos contratos.
Facsímil del contrato entre la Embajada de Ecuador en España y la empresa Kinema. OkDiario
PRIMICIAS solicitó una respuesta de la Cancillería, a través de su director de Comunicación, Eduardo Durán, para la elaboración de esta nota. Específicamente, se consultó desde cuándo existe dicha cláusula y cuáles son los motivos de su inclusión en los contratos de asesoría legal. No hubo respuesta.
Este medio también intentó contactar al exembajador en España, Miguel Calahorrano, quien estuvo en la misión diplomática durante el Gobierno de Correa. Tampoco respondió a los mensajes.
La confidencialidad ya no aplicaría por la antigüedad de los contratos
El asambleísta Esteban Torres (PSC-Tiempo de Cambio) también espera que la Cancillería le entregue los contratos para investigar estos supuestos pagos a empresas ligadas con Podemos.
Por ello, solicitó toda la información relativa a contratos, facturas y acuerdos pagados por la Embajada de Ecuador en España desde 2010.
El plazo para responder este pedido vencía el 30 de agosto, por lo que Torres recibió una respuesta en la que se le informa que se ha solicitado los documentos a la misión diplomática.
En diálogo con PRIMICIAS, el asambleísta Torres aseguró que le dará a la Cancillería un par de días más para que le entreguen la información.
Considera que la cláusula de confidencialidad no es un impedimento, pues son contratos suscritos hasta 2016, es decir que ya no están vigentes y que, por lo tanto, no estarían sujetos a estas restricciones.
Torres señala que, con los contratos, se podrá evidenciar si efectivamente hay irregularidades, pues puede no haberlas. Su objetivo, dice, es revisarlos y, de encontrarse presuntas responsabilidades, derivar la investigación hacia la Fiscalía.
Sin embargo, niega que Del Cioppo le haya pedido "parar su indagación", como aseguró otra nota de OkDiario.
"Me llamó el embajador Del Cioppo, y conversé con él sobre algunos temas. Me comentó que había una cierta molestia diplomática por mi pedido de información; pero no me llegó a pedir nada, o al menos nunca entendí eso"
Esteban Torres, asambleísta PSC-Tiempo de Cambio
El legislador además señaló que su investigación no se enfocará solo en la Embajada en España. Según dijo, tiene información preliminar de pagos similares en las misiones de Venezuela y Argentina.
El contenido de los contratos
Aunque los contratos se mantienen bajo llave, OkDiario sí publicó alguna información sobre ellos, que es la única que de momento se conoce. La Cancillería no ha negado estas publicaciones; lo único que aclaró es que el presidente Guillermo Lasso nunca ha ordenado ocultar esta información.
Según la investigación del diario español, se trata de varios contratos firmados desde 2012, cuando la exconstituyente Aminta Buenaño estaba al frente de la Embajada. Luego, su reemplazo, Miguel Calahorrano, habría firmado nuevos convenios.
Los contratos serían para la asesoría legal a ecuatorianos afectados por la crisis inmobiliaria en España, que sufrían desalojos. Kinema es una "cooperativa de trabajo asociado, que agrupa a distintos profesionales que (...) trabaja para la promoción social y el desarrollo personal y comunitario".
Su vinculación con Podemos surge de que Kinema fue fundada por el actual diputado Rafael Mayoral.
Según el contrato al que accedió OkDiario, suscrito en febrero de 2016 y firmado por Buenaño, la Embajada se comprometió a pagar 64.182 euros (unos USD 75.700 al cambio actual).
El objeto era: "orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia".
Luego vino un adendum al contrato, en 2013, por 39.870 euros (unos USD 47.080 al cambio actual).
Más tarde, en marzo de 2014, la Embajada habría firmado otro contrato con Kinema por 290.229 euros (unos USD 342.000 al cambio actual). Este habría sido suscrito ya por Calahorrano.
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