La protección policial para los fiscales se asigna después de una solicitud por parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos a la Policía, que hace estudio de riesgo y autoriza el apoyo en seguridad.
El crimen del fiscal Édgar Escobar, de 43 años, alerta sobre el tortuoso camino para que los funcionarios judiciales puedan acceder a protección policial cuando sus vidas están en riesgo, al investigar casos en los que están implicados criminales peligrosos.
Escobar es el tercer fiscal asesinado en Ecuador en 2022, luego de Federico Estrella, fiscal de Babahoyo, y de Luz Marina Delgado, de la Fiscalía de Manta.
“Hay que tomar decisiones, porque hay algunos protocolos que resultan un poco engorrosos a la hora de solicitar la protección”, reconoció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sin precisar cuáles serán los cambios.
La vía regular obliga, por ejemplo, a un fiscal a llenar un formulario en la página web del Consejo de la Judicatura, el ente administrador de la Función Judicial, o solicitar la protección al área de Talento Humano o a la Dirección del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
El documento se envía a la Policía, que realiza varias entrevistas para evaluar si el solicitante reúne las condiciones para recibir protección y cuál es el nivel de peligro a que está expuesto el funcionario.
Se analizan los casos que lleva, si ha recibido amenazas, cuántas audiencias tiene en un determinado periodo o si ha recibido algún tipo de intimidación.
En la entrevista también se mide el grado de riesgo para definir cuál tipo de custodia policial será necesaria y si esta incluye a la familia de la persona afectada.
PRIMICIAS solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre cuántos fiscales han pedido protección policial y cuántos la han recibido, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fiscalía confirmó, sin embargo, que el fiscal Édgar Escobar, quien investigaba casos como el atentado terrorista en el sector de Cristo del Consuelo y las masacres en la Penitenciaría del Litoral, no solicitó el ingreso al Sistema de Protección.
La Policía sostiene que todavía no tiene información sobre el entorno laboral y familiar del fiscal asesinado, y no hay registros de que hubiera recibido amenazas.
Escobar, un profesor universitario a quien sus alumnos llamaban ‘Fiscalito’, fue asesinado por un adolescente, de 16 de años, quien tenía medidas sustitutivas por otro crimen registrado en febrero de 2022.
La víctima investigaba la explosión en el sector de Cristo del Consuelo, ocurrida el 14 de agosto, así como casos de narcotráfico y crimen organizado.
También indagaba la masacre carcelaria que dejó 65 muertos en la Penitenciaría del Litoral en noviembre de 2021.
El fiscal asesinado estaba casado con una jueza de una Unidad de Violencia, de la provincia de Guayas.
Protección demorada
Según fuentes a las que PRIMICIAS pudo acceder, los fiscales esperan hasta más de 10 días para obtener una respuesta de la Policía.
“En otras ocasiones no ha sido así, con la solicitud, ya los policías de unidades especiales, como el GIR, brindaban la protección y después se hacían las entrevistas”, aseguró una fuente de Fiscalía.
Los equipos policiales asignados a la protección de fiscales y jueces son de élite. Ellos deben usar chaleco antibalas y portar armas.
Además, hacen un rastreo previo en los domicilios y automóviles de los fiscales protegidos, “están en todas partes conmigo, la seguridad es permanente”.
Por su parte, los funcionarios toman sus propias precauciones, como “comer en la oficina y no ir a lugares públicos, aunque todo esto lo he aprendido de manera intuitiva o al conversar con los policías que han sido custodios”, dice una de las fuentes.
En principio, el resguardo policial es asignado por seis meses, pero puede extenderse si la alerta de riesgo se mantiene, incluso puede modificarse la seguridad, de ser necesario.
Arrestos domiciliarios
“Lo ideal y lo que quisiéramos es que cada juez, especialmente en materia penal, pueda tener una seguridad personal, pero el país no está en condiciones” de ofrecerla, dijo Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura.
En la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la Policía ha cuestionado que se destine a 453 uniformados para custodiar a 160 privados de libertad con arrestos domiciliarios por delitos de asesinato, narcotráfico y delincuencia organizada, porque el SNAI no tiene suficientes grilletes electrónicos.
“El protocolo establece que cuando un juez penal tiene un caso sensible y siente que pudiese estar amenazada su integridad o la de su familia, necesariamente tiene que dar la alerta para aplicar el protocolo”, explicó Murillo.
Según la Corte Provincial del Guayas, cinco jueces tienen custodia policial por los delicados casos que conocen.
Y por la urgencia de la situación, la gestión suele hacerla directamente la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, para que la custodia se asigne en máximo 24 horas.
A pesar de esto, Gallardo denunció que los funcionarios judiciales “están sin protección” y solicitó la declaratoria de la emergencia de la Función Judicial y que los jueces penales “hagan teletrabajo hasta que existan las condiciones de seguridad”.
En lo que va del año, han ocurrido cuatro atentados contra funcionarios judiciales, mientras que tres fiscales, un juez y un asistente han sido asesinados.
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