Violencia y contaminación: huella de la minería en Ponce Enríquez
En Camilo Ponce Enríquez, la minería ilegal amenaza con devastar lo poco que queda de sus recursos naturales. Este cantón azuayo tiene, además, un alto índice de violencia relacionado con esa actividad.
Decenas de retroexcavadoras trabajan en el río Guanache, en el centro urbano del cantón Ponce Enríquez, en agosto de 2022.
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En pleno centro urbano del cantón azuayo de Ponce Enríquez, la minería ilegal desafía a las autoridades. A solo 500 metros de la plaza principal, el Municipio y la Fiscalía, hay una decena de retroexcavadoras que extraen oro del río Guanache, sin permisos.
“En los últimos meses llegaron más retroexcavadoras y ahora están dentro del barrio”, explica Flor Barsallo, representante del Comité de Defensa del río Guanache. Este afluente atraviesa cuatro barrios, que conviven con la minería ilegal.
El centro urbano es una de las zonas donde más se ha expandido esa actividad en el último año. El otro frente es el río Gala, en el sector de Bella Aurora, donde hay 22 concesiones identificadas.
El río Gala es el único que queda en Ponce Enríquez con un nivel normal de contaminación, “todos los demás ya no sirven”, asegura la vicealcaldesa Patricia Villacís. El agua que usan los habitantes de este cantón llega desde el vecino cantón Pucará.
Por eso, Bella Aurora fue identificada en el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón como una zona de exclusión minera y, en teoría, está destinada a la agricultura orgánica.
Pero en la práctica, al menos seis operadores mineros iniciaron sus trabajos ahí, aunque sin permisos, que es como se desarrolla buena parte de la minería en esta zona.
Actividades ilegales sin sanción
Pese a que hay actividades ilegales, no hay procesos administrativos a ninguna de las 22 concesiones identificadas en la zona, admitió José Antonio Dávalos, viceministro de Ambiente. Dávalos participó en una comparecencia en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional el 30 de agosto.
De esas 22 concesiones, 10 están en trámite para obtener el título minero, seis iniciaron los procesos de regularización. Además, hay tres que no han iniciado el proceso y otras tres con registro ambiental bajo el régimen de minería artesanal.
Según Dávalos, en mayo de 2022, personal de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente inspeccionó la zona y levantó seis informes, pero estos “no siguieron su curso habitual”.
¿Que quiere decir eso? Que pese a que los técnicos del Ministerio evidenciaron que hay actividades ilegales, “no se inició un proceso sancionatorio, no se ordenó una suspensión, ni se comunicó a la Secretaría de Calidad Ambiental”.
"Este caso se revisará para tomar acciones correctivas", dijo.
Una de las concesiones es Leliatere 1, de la compañía Colibrimining, sobre la que sí hubo una orden de suspensión. Pero días después se levantó porque “subsanó los requerimientos técnicos”, según el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera.
En el informe técnico de esta concesión se detalla que el agua sin tratamiento desemboca en una quebrada que está a unos 10 metros de distancia. Los moradores sostienen que esa quebrada es afluente del río Gala.
El Ministerio del Ambiente se comprometió a ampliar la investigación para determinar hacia dónde van esos desechos.
Los asambleístas azuayos Juan Cristóbal Lloret y Rodrigo Fajardo, quienes integran la Comisión de Biodiversidad, pidieron también que se investigue las razones por las que el Ministerio del Ambiente no inició los procesos de sanción oportunamente.
No hay remediación ambiental
Los habitantes de Ponce Enríquez temen que este río termine como los demás ríos cercanos y no pueden ser usados con ningún propósito.
“El pedido de nuestras comunidades es cuidar el 10% de agua no contaminada que nos queda”, asegura José Leonidas Feijó, presidente del Frente Ciudadano en Defensa del Río Gala.
Un ejemplo de ello es el río Guanache. Aunque tres concesiones mineras han sido suspendidas desde el 2019 y no hay indicios de remediación ambiental. Al contrario, la actividad ilegal cada vez se expande más.
Las concesiones suspendidas son Ximena, Rossana y Guanache. Las dos primeras ni siquiera han presentado el plan de cierre y abandono de mina. “Es muy difícil presionar a alguien que simplemente desaparece y repele todo tipo de investigaciones”, aseguró el delegado del Ministerio del Ambiente.
La violencia azota a Ponce Enríquez
La minería no solo ha dejado contaminación en Ponce Enríquez. Otras de sus secuelas son la violencia y los conflictos sociales.
Tampoco los recursos se evidencian en obras que generen desarrollo. “Ponce Enríquez ni siquiera tiene un hospital, pese a ser una zona de alto riesgo”, expresa Flor Barsallo, del Comité de Defensa del río Gala.
Los temas que más preocupan a las autoridades son las muertes violentas, los robos y los ataques a las minas. Entre enero y agosto de 2022, han ocurrido 16 crímenes, una cifra que supera significativamente a las tres registradas en el mismo periodo de 2021.
Hugo Arroyo, jefe de la subzona de la Policía del Azuay, explica que la mayoría de esas muertes están relacionadas con la actividad minera. Ya sea por disputas o, por temas relacionados con otros delitos.
El último ataque armado de ese tipo fue el 22 de junio, en la mina 'Un solo toque', que pertenece al alcalde del cantón, Baldor Bermeo. En esa ocasión hubo tres personas fallecidas.
También son frecuentes los robos a las minas. El último ocurrió el lunes 5 de septiembre y fue violento, pero las autoridades lograron frustrarlo.
“Los ilegales, al trabajar al margen de la ley, quieren amedrentar al resto de personas”.
Hugo Arroyo, jefe de la subzona de la Policía del Azuay
Un grupo de 15 delincuentes ingresaron a una mina ubicada en Bella Rica, se llevaron 100 sacos de material aurífero, valorado en unos USD 100.000, sometieron a tres policías y se llevaron un patrullero para evitar ser perseguidos.
En la huída, personal del Grupo de Operaciones Especiales logró interceptar la volqueta en la que los delincuentes se llevaban el material. El conductor fue detenido y los demás escaparon.
El jefe de la Policía explica que el movimiento económico que genera la minería, legal e ilegal, hace que este tipo de hechos sean frecuentes. “Los ilegales, al trabajar al margen de la ley, quieren amedrentar al resto de personas”.
Además, hay otros delitos que giran en torno a la ilegalidad, como el lavado de dinero, tenencia de armas, entre otros.
Las clausuras no son suficientes
En lo que va del año, las autoridades han hecho por lo menos tres operativos en la zona del río Guanache y otros más en sectores como Muyuyaco y Bella Rica. Este último, uno de los puntos más conflictivos que hay en el cantón.
La última intervención fue el jueves 8 de septiembre en Muyuyacu. Las Fuerzas Armadas, la Policía, personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales encontraron 200 bultos de material mineralizado en una concesión sin permiso.
El operativo es uno de los más grandes del año. Encontraron, además, 77 tacos de dinamita, 60 tacos de nitrato de amonio, 25 libras de nitrato de amonio, cuatro bocaminas, entre otros elementos que son usados para la minería ilegal. También detuvieron a 16 personas.
Dos semanas antes, el 25 de agosto, hubo un operativo en el río Guanache, en el centro urbano, y las autoridades encontraron 30 máquinas. Entre estas: 13 excavadoras y 12 clasificadoras, además 300 galones de diésel.
Los funcionarios colocaron sellos de clausura en las máquinas. Pero eso no detiene a los mineros ilegales, aseguran los moradores. Cuando hay operativos, la maquinaria no es decomisada, queda en el mismo sitio y poco después vuelve a trabajar.
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