Las 221 ciudades ecuatorianas deben disponer de infraestructura de salud para garantizar la prestación de servicios médicos a por lo menos 6,4 millones de pobladores que no tienen dinero para pagar facturas privadas.
Por esto, el Estado debe fortalecerlas con inversiones que atiendan el desarrollo nacional.
La red pública de salud actualmente reúne a siete instituciones:
- Fiscomisional.
- Fuerzas Armadas.
- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
- El Ministerio de salud Pública (MSP).
- Policía Nacional.
- Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Y 1.648 inmuebles ubicados en 24 capitales provinciales, organizados en tres niveles:
Externo: 1.031 edificios.
General: 99 edificios.
Especializado: 43 edificaciones.
Complementados por 475 unidades móviles.
No obstante, el 53% de estos inmuebles se concentra en solo dos ciudades serranas y tres costeñas:
- Quito: 340 edificios.
- Guayaquil: 275.
- Cuenca, 102.
- Santo Domingo: 74.
- Portoviejo: 71.
En estas ciudades habita el 38% de la población nacional.
Mirando estas cifras, es evidente que la dotación y distribución de la infraestructura de la red pública de salud en el territorio urbano ecuatoriano es incorrecta e insuficiente.
Y también es incoherente, porque no relaciona la localización de los edificios médicos de los tres niveles con la distribución de la población.
Para empezar, de los 1.031 edificios para consulta externa que tiene Ecuador, que bien sabemos son los que más se relacionan con la población pobre, unos 526 (o el 51%) se distribuyen en 19 ciudades y sirven al 62% de los habitantes del país.
Esta planeación no es correcta ni rigurosa.
Enseguida, por historia y por extensión urbana atendida, 44% de los hospitales generales del país están concentrados en Guayaquil y Quito.
Sabemos que actualmente no son suficientes, pero tampoco sobran hospitales en Ambato, Cuenca, Portoviejo y Santo Domingo, cuyas tramas metropolitanas solo tienen 12% de estos inmuebles.
En último lugar, no es lógico que 14 de 24 capitales provinciales, incluidas Ambato y Santo Domingo, no ofrezcan servicios médicos especializados en infraestructuras de salud próximas a sus residentes, debido a que el 80% de las especialidades solo se cubren en Cuenca, Guayaquil, Portoviejo y Quito.
Todos los espacios físicos, para los servicios vinculados con la atención médica en Ecuador, están altamente concentrados en cinco capitales provinciales.
Por lo tanto, el Gobierno Nacional debería invertir en la dotación de infraestructuras y servicios adecuados para cubrir el derecho constitucional de toda la población a la salud.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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