La desigualdad en la educación nos pone límites para el desarrollo

El acceso a la educación de calidad marca la generación de capacidades de las personas y, con ello, las oportunidades para llevar adelante sus proyectos de vida, al tiempo que establece el potencial de desarrollo que tiene una sociedad.

En 2022, la tasa neta de asistencia a educación básica en Ecuador fue del 94,7%. Para bachillerato, esta tasa se reduce al 76,6%. Y en educación superior, es de apenas 26,5%.

Apenas una de cada cuatro personas, entre los 18 y los 24 años de edad, asiste a la universidad o a un instituto técnico y tecnológico.

El nivel educativo en el país es de educación básica.

A esto se deben sumar las desigualdades territoriales y socioeconómicas, que condicionan tanto el acceso como la calidad de la educación.

En educación básica, si bien no hay mayores diferencias en la asistencia entre las áreas urbanas y rurales, existe una brecha de 4,7 puntos porcentuales (p.p.) entre el 10% más pobre y el 10% más rico; y se evidencia un problema particular de no asistencia en la población pobre en áreas urbanas.

Para el bachillerato, la desigualdad urbano-rural se hace evidente, alcanzando una brecha de 8,5 p.p.; mientras que la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico es de 19,5 p.p.

En educación superior, la brecha territorial aumenta hasta los 12,8 p.p; y la brecha socioeconómica supera los 38,6 p.p.

En el extremo, apenas una de cada 10 personas pobres, en áreas rurales, accede a la universidad, mientras que esta relación es una de cada dos en el 10% más rico en áreas urbanas.

La desigualdad en el acceso y calidad de la educación es un reproductor de desigualdades y una limitación para el desarrollo.

Mejorar la educación, democratizarla, y garantizarla como derecho, en lugar de que sea un privilegio, requiere entender el rol del Estado para promover el desarrollo, y demanda voluntad para priorizar las inversiones que el país necesita.