La seguridad social, como parte del Estado de bienestar, tiene por objeto garantizar a las personas un nivel mínimo de protección ante riesgos económicos de vulnerabilidad y pobreza.
Brinda cobertura, mediante servicios y transferencias, frente a contingencias de enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo u otras, que puedan limitar la capacidad de producir o de trabajar de las personas.
Es un mecanismo de protección frente a los ciclos económicos, para asegurar el bienestar de la población ante las fallas que tiene el sistema de libre mercado para lograrlo.
La seguridad social es un derecho humano establecido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Recomendación 202 del año 2012, recomienda la implementación de un piso de protección social.
Las Naciones unidades establecieron como la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”.
Por su parte la Constitución de Ecuador, en los artículos 3 y 34, señala a la seguridad social como un derecho irrenunciable y a la erradicación de la pobreza como un deber primordial del Estado.
Y, a partir del artículo 340, crea el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que establece la obligación del Estado de garantizar la protección integral de las personas, por mecanismos que incluyen a la seguridad social.
La seguridad social en el Ecuador es pública y universal y se guía por principios de igualdad, solidaridad, obligatoriedad, suficiencia y subsidiaridad (artículo 376 de la Constitución). Y debe extenderse a toda la población urbana y rural con independencia de su situación laboral (artículo 369).
Tiene como objetivo “desmercantilizar” el bienestar, es decir garantizar un nivel de bienestar universal a todas las personas, independientemente de su capacidad de pago en los mercados, y reducir la desigualdad y la estratificación social garantizando servicios homogéneos, siendo de esta manera un soporte para la búsqueda de empleo digno y un mecanismo para erradicar la pobreza.
En Ecuador, sin embargo, junto a la caída del empleo adecuado y al aumento de la pobreza, se evidencia una reducción de la cobertura de la seguridad social (Gráfico 1), pasando de un máximo de afiliación de la población con empleo alcanzado en 2015 (35,5%) al 29,9% en marzo de 2019.
Es decir, en términos de bienestar de las personas no sólo se pierde empleo, sino que además se pierde la cobertura de salud y la continuidad en aportaciones para pensiones por invalidez o jubilación.
Además, en términos de sostenibilidad de la seguridad social se pierde contribuyentes (menos personas cotización/aportan al seguro social).
En un momento de desaceleración económica y pérdida de empleo, como el que vive el Ecuador en la actualidad, con riesgos de aumento de la pobreza y perdida de bienestar general, se debe fortalecer la seguridad social generando mecanismos para ampliar su cobertura a todos los segmentos de la población (trabajo autónomo, artistas, actores de economía popular y solidaria, informales) tanto para aumentar el número de aportantes como para proteger el bienestar de las personas.
Es indispensable, desde los principios de universalidad, solidaridad y obligatoriedad, garantizar el carácter público del IESS evitando intentos de privatización.
Hay que plantear reformas progresivas a los aportes (el que más tiene que más aporte) y establecer mecanismos de aportación equitativa entre trabajadores y empleadores.
En contrapartida a subsidios, exoneraciones y condonaciones ya entregadas empleadores e inversionistas, se pueden establecer mayor aporte patronal; o bien condicionar esos beneficios a acciones comprobables de sostener empleos o de generar nuevos, para distribuir mejor los costos y beneficios en la sociedad.
Finalmente, contrario a la reducción de cobertura de las transferencias monetarias no-contributivas, como el BDH y la pensión del MIES a adultos mayores; se debe ampliar la cobertura de estas transferencias a población pobre moderada y vulnerable para evitar que el costo de la crisis económica caiga en los más pobres.
Por justicia social se debe ampliar el presupuesto de transferencias monetarias para la población en pobreza, que actualmente es menos de la mitad del subsidio que el Estado entrega a pensiones de trabajadores formales en el IESS.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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